El escándalo del "Yategate" está lejos de apagarse y la Justicia acaba de encender los motores para ir a fondo contra el patrimonio de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici. El flamante juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, movilizó el tablero de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al ordenar un paquete de 29 medidas de prueba que buscan desarmar la ingeniería financiera del ex jefe de Gabinete bonaerense. Según detalla el escrito judicial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la pesquisa ahora no dejará rincón sin barrer.
La iniciativa llega tras el fuerte impulso de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, quienes, respaldados por la querella de la Fundación Poder Ciudadano, exigieron romper el límite de tiempo que contenía a la causa entre 2009 y 2023. Al darle luz verde a la ampliación del rango de investigación para rastrear operaciones iniciadas en 2006, el magistrado justificó la decisión asegurando que “existen medidas pendientes de realizar con el fin de obtener información que podría ser de utilidad para profundizar las hipótesis descriptas o bien para lograr individualizar si existe vinculación de los involucrados con otros actores, como también sus posibles roles dentro de las maniobras complejas que se encuentran bajo pesquisa”.
La búsqueda de bienes no deja nada afuera. El juez pidió desde el historial de sueldos y domicilios en ANSES y el RENAPER, hasta las pólizas de seguros. Pero el foco principal está en los lujos: Rodríguez Ponte quiere saber si fueron dueños de caballos de carrera, mandó a revisar los papeles de cuatro autos y de un departamento en Lomas a nombre del ex intendente, y exigió levantar el secreto de sus cuentas bancarias tanto en Argentina como en Uruguay.
El rastreo no termina en la plata, también va por los teléfonos. La Justicia mandó a revisar todas las comunicaciones del triángulo Insaurralde-Cirio-Clérici desde 2009 hasta hoy. La idea es armar un mapa de contactos cruzando llamadas, mensajes, uso de internet y el impacto en las antenas de los celulares. El objetivo es claro: saber con quiénes hablaban para detectar posibles testaferros o cómplices.
En el medio de esta avalancha de medidas, la única que tuvo un respiro fue Sofía Clérici. El juez decidió levantarle la prohibición de salir del país y el límite que le impedía alejarse a más de 50 kilómetros de su casa sin avisar. Hay que recordar que la modelo consiguió el sobreseimiento, aunque esa decisión todavía está en el aire porque sigue bajo revisión judicial.
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Los videos con dólares y la protesta de las defensas
Otra de las balas de plata del juez apunta directamente al corazón de la intimidad que compartían Insaurralde y Cirio. Rodríguez Ponte le dio máxima prioridad al pendrive aportado por la Fundación Apolo, que contiene archivos y videos donde supuestamente se ve a la conductora televisiva manipulando gruesos fajos de dinero en efectivo dentro de la mansión que habitaban en el exclusivo country Fincas de San Vicente.
Para no dejar cabos sueltos, el magistrado citó a declarar a los representantes de la entidad denunciante y ordenó un peritaje informático urgente. La idea es confirmar si las imágenes son auténticas, cuándo fueron grabadas exactamente y descartar cualquier tipo de manipulación digital. En paralelo, le tiró la pelota a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que investigue a fondo si el escribano que le certificó una firma a Cirio en 2023 cumplió con las estrictas normas antilavado.
Como era de esperarse, la contraofensiva de los acusados no tardó en llegar en los tribunales. Las defensas de Insaurralde y de Clérici se opusieron a la ampliación de los años de investigación, sabiendo que hurgar en el pasado puede destapar secretos incómodos. Pese a las quejas, el juzgado desestimó los planteos y avanzó con el cerco judicial.
TC/AF
