La sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) está en la calle Viamonte. Pero el verdadero domicilio del poder no figura en Google Maps. Es un entramado de relaciones, contratos, silencios y decisiones que durante años funcionó sin demasiadas preguntas. Hasta ahora.
El fútbol argentino, campeón del mundo en la cancha, atraviesa fuera de ella su momento más incómodo: investigaciones judiciales, denuncias comerciales, acusaciones políticas y una guerra abierta por el control del negocio. En el centro de la escena aparecen dos nombres: Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero y operador político clave del sistema.
No hay una sola causa. Hay varias historias que se superponen, con actores distintos y objetivos que a veces coinciden y a veces no. Algunas están en tribunales. Otras en los escritorios políticos. Otras en contratos internacionales. Todas hablan de lo mismo: poder.
El expediente más delicado no nació en una redacción ni en una conferencia de prensa. Nació en un organismo fiscal y llegó a la Justicia penal económica. La denuncia investiga si la AFA retuvo aportes previsionales e impositivos y no los ingresó en tiempo y forma, una figura conocida en derecho penal tributario como retención indebida. No es evasión clásica. Es algo peor: quedarse con dinero que ya fue descontado.
Por esta causa, Tapia y Toviggino están imputados. Imputados no significa condenados. Significa que la Justicia los considera formalmente parte de una investigación penal. El expediente está en etapa de instrucción. Se analizan balances, movimientos bancarios, flujos de dinero y responsabilidades administrativas.
No hay procesamiento ni sentencia. Pero el riesgo existe: si se prueba el delito, las penas incluyen multas, inhabilitaciones y eventualmente prisión. En términos de poder, esta causa tiene un problema adicional: no depende del humor político, sino de papeles, números y plazos. La contabilidad no opina. Suma.
Escándalo en la AFA: Guillermo Tofoni denunció a Pablo Toviggino por amenazas y desvío de fondos
En paralelo, otra investigación avanza más despacio y en silencio: la evolución patrimonial de dirigentes de la AFA. El disparador fue simple y clásico: bienes de alto valor que no parecen cerrar con los ingresos declarados. Casas, propiedades, movimientos societarios. Nada probado. Todo bajo análisis.
La Justicia intenta responder una pregunta básica: ¿Los bienes investigados pueden explicarse con los ingresos conocidos? Para eso se analizan, sociedades comerciales, intermediarios, posibles testaferros y transferencias de fondos. No hay imputaciones firmes por enriquecimiento ilícito. Tampoco hay cierre de la investigación. Es una causa que no hace ruido, pero incomoda. Porque cuando el patrimonio entra en escena, el relato deja de ser político y pasa a ser matemático.
El fútbol argentino no es solo pasión. Es una industria multimillonaria. Derechos de TV, sponsors, adelantos financieros, préstamos, intermediarios. En ese mundo aparecen contratos que hoy están bajo revisión judicial. La Justicia analiza si algunos acuerdos fueron desventajosos para la AFA, estuvieron inflados, sirvieron para desviar fondos o encubrieron maniobras irregulares.
Las causas incluyen allanamientos, secuestro de documentación y peritajes contables. No hay condenas. Pero hay algo más grave para un sistema que se precia de orden: opacidad. Cuando los contratos no se explican, la sospecha se explica sola.
Durante años, los sponsors negociaron en silencio. Hasta que uno decidió hablar. Socios.com, empresa internacional vinculada al negocio cripto y al marketing deportivo, rompió el molde. Suspendió pagos. Denunció incumplimientos. Acusó públicamente a la conducción de la AFA. Y pidió la renuncia de Tapia.
No es una causa penal en Argentina. Es un conflicto comercial y contractual, con derivaciones internacionales. Pero tiene un valor simbólico enorme: por primera vez, un actor privado global puso en duda la gobernanza del fútbol argentino. Para la AFA, fue una traición. Para el sistema, una alarma. Para la política, una oportunidad.
Cuando el dinero y el poder se mueven, la política siempre aparece. Legisladores y dirigentes presentaron denuncias ante organismos deportivos internacionales, cuestionando la conducción de la AFA.
No son causas penales. Son denuncias éticas e institucionales. Hablan de concentración de poder, falta de controles y conflictos de interés. Las consecuencias posibles no son prisión, sino sanciones deportivas, suspensiones o aislamiento institucional. Para un dirigente del fútbol, eso puede ser tan grave como una condena judicial.
Un sponsor de la AFA denunció desvió de fondos, suspendió pagos y pidió la renuncia del Chiqui Tapia
La historia no es de una sola mano. La AFA también denuncia. Tapia y su conducción sostienen que existe una embestida política para disciplinar al fútbol. Denuncian intromisión del Estado, uso selectivo de organismos de control y presión mediática coordinada. La AFA defiende la autonomía de las asociaciones deportivas, un argumento históricamente poderoso. También presenta descargos judiciales, rechaza imputaciones y aporta documentación. Desde su mirada, no hay corrupción: hay persecución.
Hay causas judiciales abiertas, hay imputaciones formales, hay investigaciones patrimoniales y hay conflictos comerciales reales. No hay condenas firmes, intervención judicial o inhabilitaciones definitivas. El partido está en tiempo regular. Pero el desgaste ya se siente.
El conflicto no es solo Tapia. Ni Toviggino. Es un modelo de poder cerrado, construido durante años sin auditorías externas fuertes, sin oposición real y con un sistema de premios y castigos que ordenó al fútbol desde arriba. Cuando ese modelo empieza a crujir, aparecen los expedientes.
La pregunta ya no es si la AFA va a cambiar de presidente. La pregunta es más incómoda: ¿Puede el fútbol argentino seguir gobernándose como si fuera una caja negra en un país que ya no tolera cajas negras? La Justicia todavía no habló. Pero el partido, definitivamente, ya empezó.
JCS
