Unas 60 veces aterrizó un helicóptero en una imponente mansión de Pilar, pero nunca llevó a nadie a bordo. Esa fue la curiosa explicación que dieron ante la Justicia los pilotos que operaron los viajes hacia la propiedad atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Ante el juez Marcelo Aguinsky, los profesionales aseguraron bajo juramento que los trayectos consistieron meramente en "vuelos de práctica" y que, si las planillas figuraron vacías, fue simplemente porque no hubo pasajeros durante las maniobras.
Los aviadores señalaron que su vinculación con quienes suben a las naves es nula y que “no recordarían los rostros de los trasladados aunque los cruzaran por la calle”. Al ser consultados por la falta de registros oficiales, uno de los testigos afirmó de manera tajante que la ausencia de nombres en los libros reflejó la realidad de los asientos vacíos. Sin embargo, la justicia puso la lupa sobre la empresa Flyzar, de Gustavo Carmona, la firma encargada de contratar estos servicios y que posee antecedentes de trabajo directo con la Asociación del Fútbol Argentino.
La investigación sufrió un traspié administrativo durante el allanamiento: el libro de registro de dueños del helipuerto, obligatorio por normativa, desapareció del lugar. La propiedad en cuestión no pasó desapercibida para los peritos, quienes tasaron el predio de 105 mil metros cuadrados en 17 millones de dólares. Pese a esta valoración, la escritura del inmueble (comprado en mayo de 2024) declaró apenas 1.800.000 dólares, una diferencia que aumentó las sospechas sobre el origen de los fondos.
Formalmente, la mansión y el haras pertenecen a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, a través de la firma "Real Central S.R.L". No obstante, el juez Aguinsky detectó que ninguno de los dos posee la capacidad económica declarada para justificar semejante patrimonio ni la colección de 54 autos de lujo encontrados en el predio. Para la fiscalía, ambos funcionaron como “simples prestanombres” en una maniobra que buscó ocultar a los verdaderos beneficiarios de los lujos acumulados en Pilar.FOTO
Los indicios que vincularon a Toviggino con la finca aparecieron en cada rincón durante las inspecciones. Los agentes encontraron bolsos institucionales de la AFA y una placa del club Barracas Central a nombre del tesorero, además de comprobar que las cédulas azules de los autos de colección estaban a nombre de sus familiares. Estas pruebas directas reforzaron la hipótesis de que el predio funcionó como una base de operaciones privada para el círculo más cercano a la conducción del fútbol argentino.
El entramado sumó un dato económico revelador: Pantano manejó una tarjeta corporativa de la AFA con la que realizó consumos mensuales por 50 millones de pesos. Con la misma, pagó servicios de luz de casas ajenas a la entidad y los peajes de los vehículos secuestrados en el operativo. Ante la evidencia del desvío de fondos, el magistrado ordenó la suspensión inmediata de la tarjeta y avanzó con nuevas medidas de prueba.
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Flyzar, Carmona y el antecedente de Rusia 2018
La empresa Flyzar, operada por Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA, no es una desconocida para la cúpula del fútbol nacional. Propiedad de Gustavo Carmona, la compañía fue la misma que contrató la AFA para trasladar a la Selección Argentina durante el Mundial de Rusia en 2018. Esta relación previa entre el proveedor de aeronaves y la dirigencia deportiva es uno de los ejes que los investigadores analizan para determinar si los vuelos a Pilar formaron parte de un acuerdo encubierto.
Los lujos de la mansión incluyeron un establo para caballos, una pileta, canchas de paddle y un galpón destinado exclusivamente a los 54 vehículos de colección. Solo la construcción del helipuerto demandó una inversión de 85 mil dólares, una cifra pequeña comparada con el valor total del predio pero significativa para una pista que, según los pilotos, se usó mayormente para entrenamiento.
El juez Marcelo Aguinsky mantuvo el foco en las contradicciones de los testimonios y advirtió sobre las penas por falso testimonio que podrían recaer sobre los aviadores si se comprueba el transporte de pasajeros no declarados. La justicia aguarda ahora los resultados de los peritajes tecnológicos sobre los dispositivos secuestrados para confirmar quiénes fueron, efectivamente, los ocupantes de los 60 vuelos bajo sospecha.
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