Mientras el Poder Judicial avanza en la causa en la que figuran como imputados Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) difundió este viernes un comunicado en el que rechazó las imputaciones formuladas por la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre presuntas anomalías en balances por un monto estimado en 450 millones de dólares.
En un pronunciamiento alineado con el que había emitido la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este martes, la LPF afirmó que la Superliga presentó “la totalidad de las respuestas a las vistas oportunamente recibidas por parte de la Inspección General de Justicia”.
El texto difundido sostiene que “más allá de esto, en las últimas semanas se han difundido informaciones periodísticas inexactas que afectaron la imagen institucional de la Superliga y de la Liga Profesional de Fútbol”.
“Entre ellas, por ejemplo, se comentó -erróneamente- que la entidad no contaba con su documentación ni con sus estados contables regularizados. Incluso se llegó a sugerir la existencia de supuestos hechos de corrupción, situación que no se corresponde con la realidad ni tenían sustento alguno”, indicó la institución futbolística.
La Liga Profesional de Fútbol, cuyo primer presidente fue Marcelo Tinelli, es el ente creado por la AFA en mayo de 2020 con el objetivo de administrar los torneos de Primera División. Su antecedente directo fue la Superliga, constituida en noviembre de 2016 y disuelta antes del inicio de la pandemia.
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En el comunicado difundido este viernes, la LPF señaló que la Superliga respondió “cada una de las observaciones” realizadas por la IGJ “y con respaldo documental”.
Además, el documento precisó que este miércoles el auditor de la Superliga mantuvo un encuentro presencial con funcionarios del organismo de control, en el que explicó “el funcionamiento de la entidad, su estructura jurídica, la metodología de registración contable y su relación operativa con la Asociación del Fútbol Argentino”.
Según la LPF, tras esa reunión no se formularon nuevas observaciones ni se requirieron instancias adicionales de intercambio.
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El texto hace referencia a la exposición realizada por el contador Fernando Dubois ante las autoridades de la IGJ, en la que detalló los balances correspondientes al período comprendido entre los años 2020 y 2024, que habían sido avalados por su firma profesional.
El comunicado concluye con un cuestionamiento al impacto público del conflicto al señalar que “la imagen institucional de la Superliga, de la Liga Profesional de Fútbol y de la AFA” resultó afectada “por informaciones maliciosas y carentes de sustento, que distorsionaron el verdadero alcance de un proceso administrativo normal”.
El conflicto de la AFA con la IGJ
La AFA había anticipado la línea de defensa frente a la IGJ al negar la existencia de irregularidades y acusar al organismo de ejercer “presión y construir un relato ficticio de incumplimiento”.
Desde la Inspección General de Justicia se habían señalado presuntas inconsistencias en los balances por un total de 450 millones de dólares y se fijó como fecha límite el 20 de enero para que declaren los profesionales que intervinieron en la elaboración de los estados contables observados.
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En ese marco, desde el organismo encabezado por Daniel Vítolo no descartaron la posibilidad de designar veedores en caso de que las explicaciones solicitadas no resulten satisfactorias.
Como respuesta a esa intimación, la entidad presidida por Tapia difundió un contraargumento en el que aseguró haber presentado todos los balances “en tiempo y forma” desde el año 2017 y afirmó que sólo recibió una observación formal, la cual —según indicaron— fue debidamente contestada.
NG
