La histórica relación que une a la justicia federal con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó al desnudo en el marco de las recientes investigaciones por presunta malversación de fondos. La estrategia que urdió Claudio "Chiqui" Tapia se fue profundizando con un objetivo claro: afianzar la protección jurídica de una entidad acechada por diversos frentes judiciales.
Bajo la premisa de “dotar” de seriedad y técnica jurídica a los tribunales de la asociación, el dirigente pobló de funcionarios judiciales activos y retirados los cuatro órganos encargados de imponer reglamentos y sanciones a los más de 200 clubes asociados. Sin embargo, el acoso judicial y mediático que enfrenta actualmente la institución ha dejado expuesta una connivencia que ya se cobra sus primeras "víctimas" institucionales.
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A fines de diciembre, se confirmaron las salidas de dos figuras de alto peso. Por un lado, el juez y miembro del Consejo de la Magistratura, Diego Barroetaveña, presidente designado de la Cámara de Casación Federal para 2026, quien estuvo al frente del Tribunal de Ética de la AFA. Por otro lado, Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza, quien se desempeñaba como árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas.
Ambos magistrados actúan además como conjueces ante la Corte Suprema de Justicia, lo que aumenta la sensibilidad política de sus cargos. Pero ellos son solo la punta del iceberg: se estima que hay más de una docena de magistrados involucrados en la estructura de la calle Viamonte.
Estas renuncias fueron motivadas por la presentación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El reclamo, elevado al máximo tribunal de la Nación, exige el cese inmediato de funciones de todos los magistrados que ocupen cargos en la AFA.
El texto de la denuncia sostiene que la presencia de jueces en organizaciones deportivas profesionales viola la exclusividad de la magistratura y compromete la imparcialidad judicial. Según la normativa vigente, la función judicial es incompatible con toda actividad política, profesional o comercial, así como con el desempeño de empleos públicos o privados, a excepción de la docencia universitaria.
“A los jueces de la Nación les está prohibido ejecutar actos que comprometan la dignidad de su cargo”, señala el documento de ACIJ, subrayando que la doble función de “jueces de la Constitución y jueces de la AFA” es insostenible ética y legalmente.
Este quiebre institucional ocurre en un momento crítico, con investigaciones abiertas por fraude y lavado de dinero. Sin embargo, la práctica de rodearse de jueces es una "tradición" que se remonta a la era de Julio Grondona. Durante aquella larga gestión, el exjuez de sentencia en lo Criminal, Aldo Viglione, fue una figura central en el Tribunal de Disciplina por más de dos décadas. En el mismo sentido, se destacaron Adolfo Casabal Elía, exjuez federal, y Héctor Latorraca, quien presidió el Tribunal de Apelaciones.
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Actualmente, la lista sigue siendo extensa. En la Comisión de Disciplina participa el juez Martín Peluso (magistrado en lo Criminal y Correccional N.º 9) junto a Esteban Mahiques, funcionario de Cancillería e hijo del camarista Carlos Mahiques.
También permanecen en la estructura:
Sergio Fernández: camarista en lo Contencioso Administrativo Federal.
Jorge Ballestero: ex camarista federal.
Fernando Mitjans: escribano y presidente del Tribunal de Disciplina.
Ramiro González: fiscal federal de Comodoro Py.
Mario Kohan: juez de la Casación bonaerense.
El mapa se completa con jueces federales de diversas provincias, como Ricardo San Juan (Tucumán) y Pablo Morán (Formosa), consolidando una red federal de influencias que hoy, bajo la lupa de la Corte Suprema, parece comenzar a desmoronarse.
AA cp
