La Justicia federal resolvió levantar la prohibición para salir del país que regía sobre Javier Faroni, en la investigación radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora. La medida fue firmada por el juez federal Luis Armella y comunicada con carácter urgente, aunque la resolución no detalla los motivos que llevaron a levantar la restricción migratoria.
En la misma decisión, el magistrado ordenó que Faroni y su esposa, Erica Gillette, se presenten en la sede judicial el 19 de enero de 2026, a las 10:00 y a las 10:15, respectivamente.
La resolución judicial se conoció luego de un episodio ocurrido en el aeroparque Jorge Newbery, en el que el empresario intentó abordar un vuelo privado con destino a Uruguay, país en el que se encuentran Gillette y otros integrantes de su familia.
En ese momento, agentes de Migraciones le notificaron la existencia de una orden judicial que disponía su requisa y el secuestro de su teléfono celular, razón por la cual se le impidió abandonar el territorio nacional.
El procedimiento llevado adelante por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) arrojó resultado negativo y, posteriormente, la Justicia ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la terminal aérea para establecer si el empresario se había deshecho del teléfono antes de atravesar el control. La medida fue dispuesta por Armella a partir de un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Faroni permaneció varias horas en Aeroparque, aunque finalmente se retiró del lugar sin custodia. “Nunca estuvo detenido y luego se levantó la prohibición de salida del país”, precisó una fuente vinculada al expediente.
La AFA y un circuito millonario en el exterior: fondos, sociedades fantasma y gastos de lujo
De acuerdo con los registros migratorios, Faroni había arribado a Buenos Aires este lunes por la mañana procedente de Uruguay, tras viajar en una aeronave privada de la empresa Baires Fly. Dicha empresa de vuelos privados es la misma que utilizó Claudio “Chiqui” Tapia para viajar al sorteo del Mundial 2026, que a la vez, se encuentra en la mira por la causa de presuntos sobornos en la ANDIS.
Este martes por la mañana, efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de la calle Viamonte, y en el predio de Ezeiza. En simultáneo, también inspeccionaron el domicilio del productor teatral en el barrio El Yacht, en Nordelta, con el objetivo de localizar documentación vinculada a TourProdEnter, la empresa constituida por su esposa en Miami en 2021.
La empresa fue seleccionada en diciembre de ese año como agente comercial de la AFA y, a partir de entonces, comenzó a percibir transferencias por montos millonarios. La documentación vinculada a ese contrato fue secuestrada este martes en la sede de la entidad futbolística.
En los últimos cuatro años, TourProdEnter acumuló más de US$260 millones en cuatro entidades bancarias de los Estados Unidos como consecuencia de su vínculo contractual con la AFA. Según reveló LA NACIÓN este domingo, solo una parte de esos fondos fue utilizada para financiar actividades de la institución con sede en la calle Viamonte, dentro y fuera del país, mientras que al menos US$42 millones habrían sido canalizados hacia cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida, sin empleados ni actividad comercial declarada.
El titular de la UIF viaja a Estados Unidos a buscar información sobre la AFA
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, tiene previsto viajar durante la primera semana de 2026 a Washington para mantener reuniones con autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense especializado en la prevención y detección de delitos financieros, entre ellos el lavado de dinero.
Entre la UIF y el FinCEN rige un acuerdo de cooperación que habilita a ambos organismos a requerir y compartir información relevante de inteligencia financiera vinculada a posibles delitos cometidos en la Argentina y en los Estados Unidos. El convenio también contempla el intercambio espontáneo de datos sobre maniobras de lavado de activos y otros ilícitos financieros.
En este expediente, confluyen diversas investigaciones conexas relacionadas con un presunto circuito de administración de fondos de la AFA, que habría recurrido a sociedades inscriptas en distintas jurisdicciones estadounidenses —como Florida, Georgia y Delaware— para canalizar desvíos de dinero.
Tanto las autoridades judiciales argentinas como las de los Estados Unidos sospechan que, a través de TourProdEnter —una firma sin empleados ni estructura operativa—, se habrían desviado ingresos millonarios en dólares, no solo por los partidos disputados por la selección dirigida por Lionel Scaloni tras la consagración en el Mundial de Qatar, sino también por conceptos de sponsoreo y otros acuerdos comerciales.
No obstante, la empresa vinculada a Faroni no sería la única involucrada en los hechos bajo análisis. Según las primeras líneas investigativas, existirían al menos otras cinco personas jurídicas estrechamente relacionadas entre sí y con presuntos vínculos directos con dirigentes de la AFA. Todas ellas, además, serían titulares de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de primera línea en los Estados Unidos.
Durante los encuentros previstos para la próxima semana, Starc buscará acceder a información detallada sobre esta presunta megaestructura, integrada por un entramado complejo de sociedades radicadas en distintas jurisdicciones.
Desde la óptica de la Justicia argentina, la arquitectura societaria descrita responde a esquemas que suelen utilizarse para ocultar a las personas físicas que se encuentran detrás de las operaciones, es decir, a los beneficiarios finales de los fondos presuntamente desviados.
Los nombres de estas personas, hasta el momento, permanecen fuera del circuito formal de circulación del dinero de posible origen ilícito. Por ese motivo, la identificación de los beneficiarios finales constituye uno de los ejes centrales en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Argentina integra junto a otras 37 jurisdicciones el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y mantiene un intercambio permanente de información en el marco del grupo Egmont, que reúne a las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. Esa cooperación internacional resulta clave en investigaciones de alta complejidad, como las que examinan el patrimonio de los principales dirigentes de la AFA.
Varias de las operaciones bajo análisis podrían, además, encuadrar como maniobras de lavado de dinero según la legislación estadounidense. En ese escenario, el Departamento de Justicia y fiscales federales de los Estados Unidos podrían intervenir en las investigaciones en curso. En función de ello, no se descarta que Starc mantenga reuniones con funcionarios de esas áreas durante su viaje.
NG
