El abuelo de Lucio Dupuy apareció en una pantalla del Tribunal Oral Federal de Corrientes para declarar sobre quiénes invocaron su nombre sin representar a su asociación. Frente a él, otra tragedia: la de María y José Peña, padres de Loan Peña, que llevan más de 800 días esperando recuperar a su hijo. Trece declaraciones testimoniales, las respuestas de Ramón Dupuy y una nueva explicación del fiscal Carlos Schaefer vuelven a colocar en el centro del debate una pregunta inquietante: ¿quiénes tuvieron interés en desviar la investigación y a quiénes pudieron beneficiar?
Dos rostros, las mismas sombras: la misma mirada. Las mismas sombras atraviesan el rostro del hombre que aparece por Zoom en una pantalla del Tribunal Oral Federal de Corrientes. Miles de argentinos siguen un juicio que conmueve al país, mientras continúa la búsqueda de un niño de cinco años que desapareció el 13 de junio de 2024. Han transcurrido nada menos que 856 días hasta este 17 de octubre de 2026 sin Loan Danilo Peña. Ochocientos cincuenta y seis amaneceres sin que sus padres puedan abrazarlo, sin escuchar su voz, sin saber dónde está ni qué le ocurrió.
Caso Loan: los “no recuerdo” del hijo de Caillava y las pruebas que complican su versión
El hombre que aparece en la pantalla es Ramón Dupuy. Lleva sobre sus hombros una tragedia anterior. Una de esas que ningún tribunal, ninguna sentencia y ninguna pena pueden reparar completamente. Le asesinaron a su nieto Lucio, de apenas cinco años. Hay pérdidas que no admiten sustitución. Hay dolores que no envejecen. Hay heridas que permanecen abiertas aun después de que la Justicia identifica a los responsables y dicta una sentencia. Ramón Dupuy conoce ese dolor. Y ahora debió presentarse nuevamente ante un tribunal, esta vez para explicar que otras personas habían utilizado su nombre y el prestigio de una asociación nacida de aquella tragedia, sin pertenecer a ella ni representarla. El sufrimiento volvió a sentarse frente a la Justicia.
Desde otro lugar de la sala, otra mirada parece atravesada por las mismas sombras. María Noguera, la madre de Loan, escucha un juicio que para cualquier espectador puede resultar extenso y complejo. Para ella es algo infinitamente más sencillo y terrible: su hijo no está. No sabe dónde duerme, si tiene frío, si alguien lo alimenta, si tiene miedo o si recibe el cuidado que ella le daba. No hay palabras jurídicas capaces de describir completamente esa incertidumbre. María no asiste por curiosidad. Está porque necesita saber qué ocurrió. Cada testigo puede aportar una respuesta; cada contradicción puede ocultar un dato. Y detrás de cada declaración existe una esperanza que todavía no se apaga.
La desaparición de Loan Peña
En 9 de Julio, Corrientes, la vida de la familia Peña quedó dividida por una fecha. Antes y después del 13 de junio de 2024. La ausencia de un hijo no consiste solamente en que falte una persona en una habitación. Faltan sus pasos, sus preguntas, sus juegos, sus ocurrencias. Falta el desorden que produce un niño cuando llena una casa de vida. Queda una cama vacía. Quedan juguetes que nadie utiliza. Queda un acordeón que Loan ya no toca. Y queda, sobre todo, una pregunta que acompaña cada día a sus padres. ¿Dónde está?
Loan: todos hablan, nadie pide perdón
José Peña, acostumbrado al trabajo rural, pertenece a ese mundo de hombres que muchas veces expresan más con sus silencios que con sus palabras. No necesita discursos para explicar lo que significa la desaparición de su hijo menor. Su dolor se advierte en la persistencia con la que acompaña la búsqueda y en esa espera que parece no tener descanso. Ningún padre debería cargar con la obligación de justificar cada movimiento que hizo antes de la desaparición de un hijo. Ninguna madre debería soportar que su intimidad se convierta en un espectáculo mientras reclama que le devuelvan a su hijo.
Sin embargo, María y José han tenido que convivir con versiones que cuestionaron su familia, su matrimonio, sus vínculos y hasta la filiación de sus hijos. Rumores que insinuaron transacciones, pactos o responsabilidades familiares sin pruebas suficientes. La desgracia parecía no alcanzar: también había que someterlos a la sospecha pública. Mientras una familia reclama conocer el destino de Loan, parte de la conversación mediática parece juzgar a sus padres, como si el dolor tuviera que demostrar su inocencia y la desaparición de un niño autorizara a destruir reputaciones.
Lucio Dupuy: el crimen que ningún abuelo pudo impedir
Ramón Dupuy llegó a este juicio por Loan Peña con una historia que la Argentina conoce y que merece ser recordada. El 26 de noviembre de 2021, su nieto Lucio Abel Dupuy, de cinco años, fue asesinado en Santa Rosa, La Pampa, después de sufrir una brutal golpiza, en un contexto de violencia y abusos reiterados. Por ese crimen fueron condenadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. El 17 de febrero de 2023 ambas recibieron prisión perpetua por homicidio agravado. La condena de Espósito Valenti comprendió el vínculo, la alevosía y el ensañamiento; la de Páez, la alevosía y el ensañamiento, además del abuso sexual agravado. Posteriormente, el Tribunal de Impugnación Penal confirmó las penas e incorporó también la responsabilidad de la madre por abuso sexual gravemente ultrajante.
"Diga todo lo que sepa, sin miedo": el pedido de la familia de Loan a Ramón Dupuy
Pero hay una pregunta que ninguna sentencia puede contestar satisfactoriamente. ¿Qué condena devuelve a Lucio? ¿Qué pena reconstruye la vida de su padre, de sus abuelos y de quienes lo amaban? ¿Cómo se repara la destrucción moral y emocional de una familia que había depositado en ese niño una parte irremplazable de su propia existencia?
El abuelo había reclamado poder cuidarlo ante situaciones de maltrato que denunciaba. No consiguió evitar ni los maltratos ni la muerte. Después, parte de ese sufrimiento se transformó en una iniciativa de protección de la infancia. La asociación que lleva el nombre de Lucio fue una manera de transformar la tragedia en ayuda a otros niños. Ese es el punto humano indispensable para comprender su declaración por Loan: no hablamos solamente del nombre de una organización, sino de una reputación nacida de una pérdida irreparable, una lucha familiar y una causa pública.
La segunda herida de Ramón Dupuy: “…Me volvieron a destrozar…”
Durante su declaración del jueves 15 de octubre, Ramón Dupuy se refirió a las consecuencias que los acontecimientos de Corrientes habían tenido para él y su familia. Sus palabras fueron dolorosas. “A mí me volvieron a destrozar, a mi familia y a mi hijo. También explicó que la asociación había proyectado una sede para brindar asistencia psicológica, acompañamiento social y espacios destinados a niños en situación de vulnerabilidad. Según declaró, una persona que se había comprometido a colaborar con ese proyecto retiró su apoyo a raíz de lo ocurrido en Corrientes. El testigo manifestó que estaba considerando disolver la asociación.
Imaginemos la dimensión de semejante declaración. Un abuelo que perdió a un niño, que intenta ayudar a otros menores para que no padezcan una tragedia semejante, termina considerando abandonar esa tarea por acontecimientos relacionados con otra desaparición infantil. El juicio deberá determinar las responsabilidades que correspondan, pero el sufrimiento expresado por Dupuy no necesita una condena contra terceros para ser escuchado con respeto. Hay una violencia que termina con la vida de una persona y hay daños posteriores que pueden prolongar el padecimiento de quienes sobreviven. Ambos merecen ser tomados en serio.
Los papás de Loan Peña: cuando la víctima vuelve a ser víctima
La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos incorporó un principio que debería atravesar toda actuación judicial: la no revictimización. Su artículo 4 establece que la víctima no debe ser tratada como responsable del hecho sufrido y que las molestias derivadas del proceso penal deben limitarse a lo estrictamente imprescindible. No se trata de una recomendación decorativa. Es una obligación jurídica para las autoridades y un principio que debería orientar también la responsabilidad social y periodística.
María Noguera ha pedido públicamente que le devuelvan a su hijo. Ha expresado incluso su disposición a perdonar si eso contribuyera a recuperarlo. Ninguna madre debería verse obligada a negociar emocionalmente con la posibilidad de volver a abrazar a su hijo. Tampoco José debería soportar que rumores carentes de prueba pretendan explicar su tragedia mediante descalificaciones familiares.
Trece testimonios y una pregunta que sigue abierta: ¿Dónde está Loan Danilo Peña?
El martes 13 de octubre declararon vecinos del paraje Algarrobal: Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro, Ramón Ignacio Robledo, Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira. Los testimonios permitieron regresar a las primeras horas del 13 de junio de 2024 y a las búsquedas realizadas por familiares y vecinos. Moreira describió las circunstancias del hallazgo de uno de los botines de Loan y manifestó dudas sobre las condiciones en que apareció el calzado.
El miércoles 14 declararon María del Carmen Núñez, María Custillo, María Agustina Zubiría, Ronald Serrano y Agustín Ibarra. El interrogatorio de Ibarra, relacionado con el traslado de Laudelina Peña cuando presentó la versión del supuesto accidente, terminó con una orden de detención por presunto falso testimonio. No equivale a una condena.
El jueves 15 comparecieron Betiana Soledad Caballero y Ramón Dupuy. Caballero declaró sobre la falsa noticia de que Loan había aparecido durante la madrugada del 14 de junio y sobre las comunicaciones que mantuvo a raíz de aquella información. Dupuy, en cambio, fue interrogado acerca de las personas que llegaron a Corrientes invocando su nombre y su presunta relación con la asociación civil. Su testimonio adquirió especial relevancia para examinar las actuaciones posteriores a la desaparición.
“…No, señor…”: la respuesta que negó una representación institucional
Durante el interrogatorio, el fiscal Carlos Schaefer preguntó a Ramón Dupuy por once personas vinculadas con las acusaciones del juicio, entre ellas Laudelina Peña y los diez imputados por hechos investigados en la causa conexa. Dupuy negó conocer a Laudelina Peña, Nicolás Gabriel Soria, Pablo Javier Noguera, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Machuca Yuni y Pablo Gabriel Núñez.
Respecto de Elizabeth Cutaia, recordó haberla visto una vez en General Rodríguez, donde ella le había manifestado que era abogada. También reconoció haber conocido a Alan José Cañete en aquel contexto, quien igualmente le había dicho que era abogado. Recordó haber visto a Delfina Taborda, manifestó dudas sobre la identidad de Valeria López y confirmó que conocía al psicólogo Esteban Federico Rossi Colombo.
Finalmente, Schaefer formuló la pregunta esencial. ¿Pertenecían esas personas a la asociación de Lucio Dupuy? La respuesta fue terminante: “…No, señor…”.
La posición del apoderado de la asociación Lucio Dupuy
La negativa expresada por Dupuy ante el tribunal tenía un antecedente público. Su abogado y apoderado legal, Dr. José Mario Aguerrido, ya había cuestionado a quienes llegaron a 9 de Julio invocando el nombre de su representado y de la asociación. En declaraciones difundidas por medios periodísticos sostuvo: “…Jamás representaron a Ramón Dupuy ni a la Fundación…”. También les atribuyó intereses económicos personales, una acusación del letrado que no equivale a una responsabilidad penal acreditada. Las manifestaciones de Aguerrido y Dupuy coincidieron en un punto concreto: ninguno reconoció que los acusados integraran o representaran a la asociación. La extensión de las facultades del apoderado deberá respaldarse con los instrumentos correspondientes.
Para Schaefer, Ramón Dupuy fue víctima de un engaño. En una entrevista posterior a la declaración, el fiscal Carlos Schaefer recordó el contenido de la requisitoria de elevación a juicio y sostuvo que Ramón Dupuy había sido víctima de un engaño. Según explicó, Cañete le había informado que los menores estaban abandonados y necesitaban asistencia. Dupuy creyó que colaboraba con una finalidad humanitaria y permitió que invocaran su nombre como referencia personal. Se trata de la interpretación expresada por el fiscal, sujeta a la valoración del conjunto de pruebas.
Pero el fiscal destacó un dato fundamental: Dupuy nunca estuvo en Corrientes. No pudo comprobar personalmente las condiciones en que se encontraban aquellos menores. La información que recibió procedía de quienes le solicitaban colaboración. Para Schaefer, el testigo actuó con nobleza, mientras que las conductas posteriormente atribuidas al grupo excedieron completamente aquella referencia inicial.
La mano negra: ¿quién pudo estar detrás del desvío?
Durante esa misma entrevista, difundida por We News, Schaefer introdujo una cuestión que merece especial atención: dijo que aún no se sabe quiénes pudieron haber enviado a las personas acusadas de obstaculizar la investigación y que podría existir alguien detrás de sus actuaciones. No identificó a un organizador externo ni afirmó que su existencia estsuviera probada. La pregunta, entonces, sigue abierta: ¿actuaron por iniciativa propia o hubo terceros interesados en orientar las pesquisas hacia caminos equivocados?
Esta posibilidad recupera la hipótesis de una “…mano negra…”, planteada anteriormente en Perfil «Caso Loan: ¿hay una mano negra?». La expresión no describe una persona identificada ni una categoría jurídica, sino una interrogación que debe ser probada: ¿alguien impulsó, coordinó o aprovechó versiones falsas, presiones sobre testigos o desvíos que distrajeran la atención de quienes participaron en la desaparición? ¿Hubo un interés en desgastar a los investigadores o dirigir las sospechas hacia quienes no tenían relación con el hecho?
Las preguntas no son afirmaciones de culpabilidad y tampoco corresponde transformarlas en acusaciones políticas sin pruebas. Durante la investigación hubo manifestaciones, controversias y críticas a las autoridades de Corrientes, incluido el gobierno provincial. La protesta legítima, la utilización política de una tragedia y el entorpecimiento penalmente relevante son situaciones distintas. Ninguna marcha demuestra por sí sola una conspiración, y ninguna finalidad proclamada como solidaria dispensa de analizar las conductas concretas.
El encubrimiento previsto en el artículo 277 del Código Penal no exige, como regla general, que quien realiza la conducta conozca personalmente al autor del delito precedente ni identifique a todos los eventuales beneficiarios. Sí exige probar una conducta típica concreta y su elemento subjetivo: no cualquier obstáculo, demora o error constituye delito. Por eso no hace falta descubrir una eventual “mano negra” para juzgar las maniobras imputadas, ni puede inferirse la existencia de esa mano a partir del solo hecho de que alguien se haya beneficiado. Las protestas y críticas políticas contra las autoridades de Corrientes tampoco prueban por sí solas una conspiración: la crítica legítima y el entorpecimiento delictivo son cuestiones diferentes.
¿Por qué investigar a quienes habrían desviado la búsqueda de Loan Peña?
En otra intervención durante el juicio, Schaefer recordó que el objeto central de la acusación continúa siendo la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña. Lo que se investiga es quién se llevó al niño, cómo ocurrió y quiénes pudieron haber contribuido a su desaparición o a las conductas posteriores que se imputan. El fiscal explicó que las investigaciones no constituyen historias independientes. “…Todo es una sola historia, no son dos. Nada está separado, todo tiene que ver con todo…”. La expresión define la perspectiva de la acusación, no una conclusión judicial anticipada.
La ignorancia se vuelve peligrosa cuando pretende establecer qué preguntas deben formular los investigadores. Y la superficialidad se transforma en irresponsabilidad cuando exige respuestas inmediatas mientras rechaza el trabajo necesario para encontrarlas. El juicio debe confrontar los testimonios, esclarecer las conductas y resolver sin condenas anticipadas. Investigar un posible entorpecimiento no significa afirmar que todos los acusados participaron en la sustracción. Significa no abandonar una línea que podría aportar al esclarecimiento. La inocencia se presume. La culpabilidad se prueba. Y la verdad se busca, incluso cuando resulta incómoda.
Una tarjeta que todavía conservo. Hace muchos años, alrededor de 1999, Ada Rizzardo, conocida como Ada Morales, madre de María Soledad Morales, me regaló una tarjeta mientras mi equipo jurídico trabajaba en la búsqueda de justicia por José Luis Cabezas, el reportero gráfico asesinado el 25 de enero de 1997. Compartíamos incertidumbre y temor frente a estructuras de poder que parecían difíciles de enfrentar. Todavía conservo esa tarjeta como se conservan las cosas pequeñas cuyo significado crece con el tiempo. Contenía una frase: “…Nadie le dijo que era imposible, y él lo hizo…”. No atribuyo esas palabras a un autor determinado porque no dispongo de una fuente segura sobre su origen. Entendí el mensaje, la abracé entre lágrimas y aunque nunca más la vi; nunca dejé de sentirla. Ambos recorríamos el mismo camino: defender a quienes ya no podían hacerlo personalmente. La diferencia entre los dos, inconmensurable: yo un simple abogado, ella con el eterno dolor de sentirse violada, destrozada, desgarrada, por el arrebato de un hijo o una hija en este caso, de manera incomprensible, cruel, gratuita e impune.
No recuerdo esa tarjeta solamente por sus palabras. La recuerdo por quien me la entregó: una madre que había atravesado el horror de perder a su hija y que aun así encontró fuerzas para reclamar justicia. Con los años comprendí que algunas frases no importan tanto por la celebridad de quien las pronunció como por la vida de quien nos las entrega.
Que no haya otro Lucio Dupuy, ni otro Loan Peña, ni otro José Luis Cabezas, ni otra María Soledad Morales
El asesinato de José Luis Cabezas nos enseñó que la violencia también puede perseguir a quienes intentan mostrar lo que el poder prefiere mantener oculto. El crimen de María Soledad Morales demostró que la persistencia de una familia y el reclamo de una sociedad pueden enfrentar estructuras de impunidad. La muerte de Lucio Dupuy reveló fallas gravísimas en los mecanismos de protección de la infancia. La desaparición de Loan vuelve a interpelarnos acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de la investigación penal y la responsabilidad de las instituciones.
No son hechos idénticos ni admiten comparaciones penales automáticas. Pero todos recuerdan una obligación común, humana, solidaria y necesaria: impedir que vuelva a ocurrir.
Cuando termina una audiencia, los abogados regresan a sus despachos, los jueces continúan con sus tareas y los periodistas preparan sus crónicas. Pero María y José siguen sin Loan. Ramón Dupuy sigue sin Lucio. No podemos devolverle la vida a Lucio. No podemos borrar el sufrimiento de su abuelo. No podemos recuperar los 856 días de incertidumbre de María y José. Pero sí podemos exigir que la Justicia trabaje profunda e intensamente hasta donde permitan las pruebas, que las víctimas sean respetadas y que nadie utilice el dolor ajeno como instrumento de notoriedad o beneficio.
Loan y Lucio no son una causa ni una estadística, sino niños
Y por ellos, por José Luis Cabezas, por María Soledad Morales y por tantas víctimas de la violencia humana, tenemos la obligación cotidiana de seguir buscando la verdad. No por vanidad. No por notoriedad. No por una victoria personal. Sino porque una sociedad que abandona a sus víctimas termina abandonándose a sí misma.
Hace 856 días que falta Loan. Ochocientos cincuenta y seis días de silencio, de una cama vacía, de juguetes que nadie toca, de una madre y un padre que esperan y de unos hermanitos que siguen creciendo sin comprender por qué aquel 13 de junio su hermano menor desapareció de sus vidas. Son ellos quienes tienen derecho a exigir respuestas. Son María y José quienes necesitan volver a abrazar a su hijo. Son sus hermanos quienes merecen recuperar a Loan, compartir sus juegos, escuchar su risa y volver a tenerlo a su lado. A quienes se lo llevaron, a quienes conocen su destino y a quienes deliberadamente pudieron haber contribuido a ocultarlo, todavía les queda una oportunidad de recuperar algo de la humanidad que sus actos les hicieron perder: decir la verdad y terminar con este sufrimiento. Ningún silencio puede borrar lo ocurrido, ninguna mentira puede convertirse en verdad por repetirse mil veces y ninguna maniobra podrá devolverle a esta familia los 856 días que le arrebataron. María, José y sus hijos no necesitan más versiones, más espectáculos ni más promesas.
Necesitan a Loan. Él está vivo, digan dónde está. Si conocen su destino, hablen. Si todavía conservan una mínima capacidad de arrepentimiento, demuéstrenla con hechos. Porque hay algo más cruel que arrebatarle un hijo a sus padres: saber dónde está y condenar a una madre, a un padre y a sus hermanos a buscarlo durante el resto de sus vidas.
Y mientras alguien conserve esa verdad y decida callarla, el sufrimiento de esa familia continuará. No son los jueces, los fiscales, los abogados ni los periodistas quienes necesitan la última palabra. María, José y los hermanos de Loan no necesitan otra versión, otra mentira ni otro espectáculo. Necesitan conocer su destino. Quienes saben qué ocurrió tienen la obligación moral de romper el silencio. Si Loan está en su poder, devuélvanlo. Si conocen dónde está, díganlo. Basta de hacer sufrir a una familia que lleva 856 días esperando una respuesta.
El doctor Alejandro Vecchi es abogado egresado de la Universidad del Salvador. Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano. Maestrando de la Universidad Austral.
cp
