La iniciativa que fue impulsada por organizaciones contra las falsas denuncias, agrava penas pero no mejora el servicio de justicia. Todos los sectores coinciden en que el proceso de investigación es lento, engorroso y revictimizante. Además apuntan a los medios de comunicación que reproducen denuncias sin criterio.
Allí, en el Senado, el proyecto de S-0228/2025, ya tiene dictamen y podría debatirse en el recinto, en una próxima sesión. Tiene el apoyo del bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich, la UCR que respalda a la autora de la iniciativa y de varios bloques provinciales aliados. Se orienta a modificar el Artículo 245 del Código Penal, agravando penas frente a las denuncias falsas, o que no fueron probadas, en casos de violencia de género y abuso sexual.
Desde las organizaciones de mujeres, madres protectoras y juristas expertas en violencia de género sostienen que “el principal propósito de esta iniciativa es disciplinar y amedrentar a las mujeres para que no denuncien”. Incorpora además a quienes denuncian institucionalmente ante casos vinculados a violencia de género, delitos contra la integridad sexual y contra niñas, niños y adolescentes.
Los pocos datos que existen muestran que es marginal el número de falsas denuncias. Y que en general las denuncias son desestimadas por la dificultad que implica llevar adelante los procesos judiciales, los cuales insumen tiempo y recursos económicos. A nivel global, según datos de la ONU Mujeres menos del 1% son denuncias falsas y, en Argentina, menos del 3%. En su mayoría, por delitos económicos y no por violencia de género. Según el Registro Nacional de Reincidencia de 2023 indicó que hubo 23.419 sentencias condenatorias y, para el caso de falsa denuncia, fueron 60, un 0,25 % del total. En el funcionamiento del sistema de Justicia no es posible mentir sin que haya consecuencias. Ya hoy lo tipifica el Código Penal y denunciar judicialmente es un hecho de violencia de género no resulta un proceso “acogedor”. Por el contrario, es recorrer un sinfín de instituciones que ponen de manifiesto las significativas deficiencias del sistema judicial para investigar en forma adecuada y dar respuesta expedita a los casos que involucran niños.
En 2023 hubo 23.419 sentencias condenatorias y, para el caso de falsa denuncia, fueron 60, un 0,25 del total.
Responsabilidad de cuidados La Organización Mundial de la Salud asegura que en la región 1 de cada 3 mujeres de 15 años o más sufrió violencia física o sexual en algún momento de su vida. El verdadero problema es un enorme subregistro de denuncias. Hoy, apenas 1 de cada 4 mujeres víctimas de violencia se anima a denunciar. En casos de abuso sexual, la cifra desciende al 10%. Las mujeres víctimas se encuentran frente a la disyuntiva de guardar silencio o ingresar al sistema de justicia a través de su pertinente denuncia.
Argentina tiene obligaciones internacionales a partir de la reforma constitucional de 1994 cuando incorporó al plexo normativo los tratados internacionales. Y es en cumplimiento de las obligaciones emergentes de Belém do Pará, que los países de la región buscan institucionalizar de manera articulada y cohesionada, instrumentos legislativos. Las directrices, obligaciones y mandatos que asumieron los países, es con el propósito de eliminar la violencia contra las mujeres dentro de sus territorios. Asimismo, contribuyen a ampliar la comprensión de esta problemática.
De acuerdo con la Recomendación General núm. 33 del Comité CEDAW, la justiciabilidad requiere el acceso irrestricto de las mujeres a la justicia, y la capacidad y el poder efectivos para reclamar sus derechos jurídicos. Sin embargo, en los casos de violencia de género y abuso sexual, las víctimas enfrentan una compleja red de barreras que inhiben la denuncia. El sistema de justicia suele percibirse como un entorno hostil, a menudo opera bajo la "sospecha como norma", asumiendo que el relato de la víctima es falso o exagerado. Además de la insuficiencia en la aplicación efectiva de las medidas de protección, falta de respuestas judiciales oportunas y consecuente consolidación de patrones de violencia e impunidad.
Negociaciones con aliados El proyecto que encabeza Lozada fue presentado originalmente en el año 2024 cuando ocupaba el ministerio de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona.
Y junto a él la actual senadora Patricia Bullrich cuando era ministra de seguridad. El texto fue impulsado además por el Observatorio de Falsas Denuncias, una ONG que conduce la abogada penalista, Patricia Anzoátegui junto a un equipo de abogados y por Andrea Guacci fundadora del Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias para visibilizar, asistir y promover la reforma del marco normativo.
El dictamen se aprobó el pasado 8 de abril en el marco de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador oficialista Gonzalo Guzmán Coraita. Ya de esta forma está preparado para ser tratado en el recinto.
