El exdiputado nacional por Salta y economista, Emiliano Estrada, quedó formalmente imputado en una investigación judicial que lo señala por el presunto uso de recursos públicos para financiar una operación de desinformación en redes sociales, mediante la difusión de contenidos falsos que vinculaban al gobierno provincial con el narcotráfico. Hasta ahora, el dirigente había logrado esquivar la imputación a través de una sucesión de presentaciones judiciales y ausencias a citaciones formales.
Integrante de La Cámpora y del espacio Unión por la Patria, Estrada también tuvo un paso por el Poder Ejecutivo salteño, donde se desempeñó como ministro de Economía durante la gestión de Juan Manuel Urtubey entre 2017 y 2019. En los últimos meses, fue uno de los economistas que visitaron a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de la calle San José 1111, luego de que la expresidenta resultara condenada por la causa Vialidad.
El exlegislador concurrió al edificio del barrio porteño de Constitución en septiembre, acompañado por Urtubey, y regresó en noviembre para participar de una fotografía junto a un grupo de economistas. Esa imagen derivó posteriormente en la decisión judicial de restringir las visitas a la exmandataria.
Emiliano Estrada: "La prisión de Cristina está uniendo al peronismo"
El mandato de Estrada como diputado nacional concluyó el 10 de diciembre pasado. Si bien la causa llevaba varios meses en trámite, la imputación se formalizó recién este jueves. En una primera etapa, el expediente impulsado por el Ministerio Público Fiscal tenía a tres personas bajo investigación, entre ellas dos exasesores del entonces diputado, acusados por los delitos de "abuso de autoridad" y "peculado de servicios". Más adelante, se incorporó un cuarto involucrado.
De acuerdo con la acusación fiscal, Estrada habría encomendado a integrantes de su equipo la producción de una serie de videos con "contenidos dudosos" difundidos a través de la plataforma TikTok, en los que se asociaba a autoridades provinciales con actividades vinculadas al narcotráfico. El fiscal recordó que quienes elaboraron ese material cumplían funciones en el Congreso de la Nación, por lo que el financiamiento de la maniobra habría provenido de fondos públicos.
Durante el desarrollo del expediente, el entonces diputado invocó en reiteradas oportunidades los fueros parlamentarios y sostuvo que se trataba de "una persecución política". No obstante, el fiscal general remarcó que la protección de la inmunidad legislativa sólo rige cuando las expresiones cuestionadas se producen en el ámbito del Congreso o a través de declaraciones públicas en medios de comunicación.
En este caso, señalaron fuentes judiciales, la situación sería distinta, ya que Estrada habría instruido a sus asesores a avanzar con "la creación de esos videos desde la clandestinidad” y el anonimato, lo que dejaba sin efecto el amparo constitucional.
Quiénes son los otros imputados
Estrada figura como el cuarto imputado en el expediente. La investigación lo ubica como el presunto ideólogo detrás de la apertura y administración de diversas cuentas en TikTok, creadas con el objetivo de difamar y difundir información falsa sobre referentes del ámbito empresarial, periodístico y político de la provincia de Salta.
En sus declaraciones, otros dos imputados —Florencia Bustamante y Alonso Allemand—, quienes se desempeñaban como empleados del entonces legislador bajo contratos de la Cámara de Diputados, afirmaron que Estrada era quien definía los lineamientos de los contenidos, enviaba los guiones y daba el visto bueno final a los videos editados, que luego se publicaban en tres perfiles de la red social: “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz” e “Informante Salta”.
El cuarto imputado es Juan Capisano, señalado como administrador del perfil “Casta Salta”, quien declaró ser empleado del empresario de medios Federico Mena Saravia.
Los intentos de Emiliano Estrada por evitar la imputación
La imputación contra Estrada se produjo tras un extenso recorrido judicial que mantuvo la causa virtualmente paralizada durante meses. En ese lapso, se sucedieron declaraciones de incompetencia por parte de distintos jueces, pedidos de acumulación con otros expedientes y solicitudes de intervención de magistrados de otros juzgados, entre ellos Sebastián Casanello, interesados en hacerse cargo del caso.
Finalmente, la jueza Mariela Giménez, titular del Juzgado Federal N°2 de Salta, rechazó esos planteos y resolvió conservar la competencia. A partir de allí, el fiscal general Carlos Martín Amad intentó avanzar con la imputación formal, pero se encontró con un nuevo obstáculo: Estrada no comparecía a las audiencias pese a haber sido debidamente notificado.
En el interior, el peronismo llega al cierre con tensiones
Ante esa situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó el desafuero del entonces diputado, lo que dio lugar a una apelación. El planteo fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones y luego elevado a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente hizo lugar al pedido.
La defensa de Estrada respondió con una recusación contra la jueza Giménez, a quien acusó de haber perdido imparcialidad. Sin embargo, ese planteo fue desestimado debido a que fue presentado fuera de los plazos procesales.
La acumulación de recursos, objeciones y trámites judiciales demoró casi un año la imputación formal, que ya estaba preparada desde enero. Recién este jueves se concretó la audiencia, en la que Estrada participó de manera virtual y escuchó la lectura de los hechos centrales que se investigan en su contra.
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