La situación en Ceuta volvió a quedar en el centro de la agenda española por el avance de una investigación judicial sobre la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en España Marcelo Molina repasó las últimas novedades y puso el foco en la declaración del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ante la Audiencia Nacional.
Vivas aseguró ante la Justicia que intentó comunicarse hasta diez veces con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los días previos a la crisis y que también contactó con distintos ministerios. Según su testimonio, había solicitado medidas como la declaración de una emergencia nacional, un mando único y refuerzos para las fuerzas de seguridad.
La declaración de Juan Vivas ante la Audiencia Nacional
Durante su comparecencia, Vivas presentó documentación sobre sus comunicaciones con el Gobierno central y sostuvo que había advertido previamente sobre el incremento de la presión migratoria en la frontera. Según su versión, realizó diez intentos de contacto con Sánchez, aunque solo recibió respuesta en tres ocasiones a través del jefe de gabinete del presidente.
El presidente de Ceuta también afirmó que había solicitado formalmente tres medidas: declarar la emergencia nacional, establecer un mando único y reforzar las fuerzas de seguridad. Según su relato, ninguna de esas medidas se implementó antes de que se produjera la llegada masiva.
Molina señaló que el objetivo de Vivas es demostrar que la crisis excedía el ámbito de la ciudad autónoma. En ese sentido, sostuvo que "no es un problema de Ceuta o de su ciudad, sino básicamente del país".
Una investigación que busca determinar qué ocurrió antes de la crisis
La comparecencia de Vivas se produjo en el marco de una causa que tramita la Audiencia Nacional y que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes a Ceuta. La investigación analiza, entre otros aspectos, qué información estaba disponible antes de los hechos y cómo actuaron las distintas autoridades.
El presidente ceutí entregó un dossier con comunicados oficiales, llamadas, mensajes y otras comunicaciones mantenidas con representantes del Gobierno central. Según explicó Molina, el expediente podría tener consecuencias institucionales si la investigación encuentra indicios de delitos que involucren a funcionarios con fuero.
El corresponsal remarcó que "no es un tema menor este juicio" y señaló que, si se acreditaran determinados delitos, la causa podría llegar al Tribunal Supremo debido al régimen de aforamiento de determinados integrantes del Gobierno.
Las versiones enfrentadas sobre las comunicaciones con Moncloa
La versión presentada por Vivas ante la Justicia contrasta con la explicación ofrecida desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Según informó la prensa española, Moncloa sostiene que hubo comunicación con el presidente ceutí y que el Ejecutivo mantuvo contacto con las autoridades locales durante la crisis.
Vivas, en cambio, sostiene que sus advertencias previas no recibieron la respuesta que consideraba necesaria. Según su testimonio, los contactos con el Gobierno terminaron derivándolo hacia la Delegación del Gobierno en Ceuta.
El punto central de la discusión es qué información tenía cada nivel de gobierno antes de la llegada masiva. Vivas planteó que, si las autoridades locales habían detectado señales de una situación excepcional, el Gobierno central y los servicios de inteligencia deberían haber contado con información adicional.
La llegada masiva y la dimensión de la crisis
La magnitud del episodio es uno de los elementos centrales del debate. Las fuentes consultadas sitúan en decenas de miles el número de personas que ingresaron a Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio, en una situación que generó una fuerte presión sobre los servicios y las autoridades locales.
El rey Felipe VI se refirió a la situación durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron a España y calificó de "inaceptable" la entrada masiva, al tiempo que reclamó una mayor cooperación europea para afrontar la presión sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea.
En paralelo, Amnistía Internacional presentó un informe en el que denunció presuntos malos tratos y posibles casos de tortura contra migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta. La organización aseguró haber recogido testimonios sobre golpes, humillaciones y otros abusos, mientras que el Ministerio de Defensa remitió el informe a la Justicia para que se investiguen los hechos.
La investigación judicial continúa
La causa continuará con nuevas declaraciones de funcionarios vinculados con la gestión de la crisis. Entre los próximos testimonios mencionados durante el segmento se encuentran el del jefe de la Policía de Ceuta y el del jefe de gabinete del delegado del Gobierno.
La situación dentro de la Delegación del Gobierno también quedó bajo la lupa después de la salida de uno de sus responsables. Según el relato presentado en el segmento, las diferencias sobre la información disponible antes de la llegada masiva forman parte de las cuestiones que la investigación intenta esclarecer.
Para Molina, el expediente puede adquirir una dimensión mayor si la Justicia determina la existencia de responsabilidades penales. En sus palabras, "puede terminar en el Tribunal Supremo" si se acreditan delitos que involucren a autoridades con fuero.
