Este martes, la Justicia ordenó anular el archivo de la denuncia del diputado Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo por “amenazas coactivas”. Andrés Gil Domínguez, abogado defensor del diputado nacional, señaló que desde la asunción del presidente Javier Milei, la Justicia actúa con “gran celeridad” para evitar cuestionar los actos de Gobierno. A su vez, denunció que el Ministerio Público “está jugando ese mismo rol” de “mirar para otro lado” con respecto a las manifestaciones de odio del Presidente. “Estoy viendo cuestiones que no he visto en 33 años de profesión”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).
Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y doctor y posdoctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Dirige la consultora AGD y es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. También se desempeñó como profesor de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires, La Pampa, Salamanca y Sevilla. En 2020, Alberto Fernández lo convocó para integrar el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. Es autor de más de 70 libros, cientos de artículos y colabora habitualmente también en PERFIL. Además, es el abogado del diputado nacional Facundo Manes, quien denunció al asesor presidencial Santiago Caputo por amenazas e intimidación contra su persona y contra el fotógrafo Antonio Becerra, de Tiempo Argentino.
Milei, el hombre que odia (y el peligro de seguir haciendo de cuenta que todo esto es normal)
Ayer se difundió que la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó anular el archivo de la denuncia del diputado Facundo Manes, que usted patrocina, contra el asesor presidencial Santiago Caputo. Se había denunciado a Caputo por haber dicho cosas como: “Vos no me conocés a mí, ya me vas a conocer.” El “vos no me conocés” no se refiere literalmente, porque se conocían bastante. ¿Podría explicar la decisión de la Cámara? ¿Qué efecto tiene en este contexto, en el que Caputo sigue amenazando a opositores, como el caso del fotoperiodista Becerra?
En el día de ayer, la Sala II de la Cámara Penal Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires revocó la decisión de la jueza Capucheti, que había mandado al archivo inmediato la denuncia y la pretensión de ser querellante en esa denuncia contra Santiago Caputo. Fue por considerar que Caputo era un ciudadano común al cual se le debía aplicar los estándares de protección de la libertad de expresión ante la crítica de un funcionario público, que en este caso sería el diputado Facundo Manes.
Lo que hizo Capucheti fue confundir toda la doctrina emergente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia Argentina en torno a la libertad de expresión que dice que, si un periodista o una persona particular produce expresiones críticas respecto de temas de interés público sobre un funcionario público, queda eximido de responsabilidad penal. Para Capucheti, el accionar de Santiago Caputo había sido equiparable al de un periodista como ustedes, o una persona común que había criticado a un funcionario por una cuestión de interés público. Esto no reviste ningún tipo de análisis medianamente serio.
Sobre esta base, había rechazado la denuncia y la había mandado a archivar. La Sala II lo que hizo fue revisar este fallo, anular el fallo de Capucheti y decirle que antes de mandar al archivo, tiene que revisar si Facundo Manes puede ser o no querellante, más allá de lo que diga el Ministerio Público Fiscal sobre si hay delito o no hay delito. Si es querellante, tiene el derecho a producir la prueba ofrecida y otra prueba que ofrezca, a los efectos de demostrar que Santiago Caputo ocupa un rol en el Gobierno lo suficientemente relevante como para que el accionar o la conducta que ha quedado demostrada produzca la amenaza coaccionante que está siendo denunciada. Con lo cual, la causa volvió a primera instancia, pero ayer ya recusamos con expresión de causa a la jueza Capucheti. Si la magistrada ha considerado que acá no hay delito, no está en condiciones de ser una jueza imparcial para evaluar si Facundo Manes puede ser querellante o no, en aras de investigar un delito que para ella no existió.
Encuentro un calco de lo que sucedió en las causas de calumnias e injurias que periodistas como yo le iniciamos al presidente Milei. Jueces en primera instancia archivan la causa diciendo que no pasó nada. La Cámara dice que el juez ha prejuzgado, reabre la causa y cambia al juez directamente, considerándolo parcial. Esto ya sucedió en el caso de nuestra causa contra Milei, y también sucedió que la Cámara rechazó una petición por parte del abogado de Milei. Capucheti es una jueza promovida por el PRO. No estamos hablando de alguien que sea ideológicamente opuesto a su defendido, a Facundo Manes. ¿Hay algo así como lo que se llama la defección estratégica? Eso significa que los jueces de primera instancia les tienen miedo a los gobiernos y tratan de cajonear y sacarse del medio cualquier juicio que tenga que ver con funcionarios importantes del Poder Ejecutivo. ¿Hay una diferencia en las Cámaras, que a lo mejor tienen más espalda para poder aguantarlo?
Sí. A mí me parece que es un mal endémico de la Justicia, que se debe dedicar a investigar y a custodiar al poder, no importa quién lo ejerza. Pero lo que veo es que esta patología se ha incrementado en niveles como yo nunca lo he visto desde la asunción de Javier Milei. Es algo que no he visto en todos los años de ejercicio de la profesión que tengo. Es al unísono, en todos los fueros, y con una gran celeridad para sacarse las causas de encima, y con argumentos muy básicos y meramente formalistas. Eso —salvo algunos jueces federales del interior, salvo algunas Cámaras federales del interior, que son la gran excepción— hace que el sistema de Justicia esté obturado para poder cuestionar en sede penal y en sede no penal las distintas normas y los distintos actos que emite el gobierno del presidente Javier Milei. Es con una intensidad, reitero, y con una homogeneidad como nunca lo había visto antes, si bien lo había visto con otros gobiernos.
¿Y a qué obedece esa conducta, doctor? ¿Al miedo?
Me parece que es miedo y complacencia. A veces, los altos salarios de los jueces no penales hacen que entre en crisis el alto salario que cobran con tener que decirle que no al justiciable. En esa disyuntiva, creen que es mejor no entrar en crisis con el cargo que les da un alto salario, estabilidad y una posición de privilegio, que ponerle un límite al poder y garantizar los derechos de los justiciables. Esta también es una de las razones en los jueces penales. Los jueces penales juegan al poder, no solamente a la Justicia, y entonces también sus decisiones están motivadas desde ese punto de vista.
¿Pero por qué las Cámaras son distintas?
Primero, porque las Cámaras son colegiadas, entonces hay un mayor debate. Una minoría puede no cambiar un fallo, pero sentar un buen posicionamiento jurídico para acceder a la Corte Suprema de Justicia eventualmente. Me parece que algunas Cámaras se sienten con mayor respaldo como para tomar decisiones que los jueces de primera instancia no se animan, no quieren, o se autorregulan a favor del Estado.
¿Podríamos decir concretamente que, si uno ve que algunas Cámaras actúan diferente de los jueces de primera instancia, se podría conjeturar que es una relación de fuerza, que un camarista se encuentra más respaldado que un juez de primera instancia?
No, yo no creo que sea correcta esa interpretación porque la Corte Suprema de Justicia ha actuado hasta acá, con respecto al gobierno de Javier Milei, como los jueces de primera instancia. Estamos esperando todavía que la Corte diga algo sobre la validez constitucional del decreto 70/23, que respecta todo el capítulo laboral, que fue declarado inconstitucional por la justicia del trabajo. Estamos en 2025, y todavía la Corte Suprema no ha dicho absolutamente nada.
¿A qué atribuye que las Cámaras sean distintas especto de los jueces de primera instancia? No es el poder, porque, como usted dice, la Corte Suprema sería más funcional al gobierno que las Cámaras. Entonces, ¿cuál sería la explicación, son hechos absolutamente coincidentes, pero no tienen nada en común?
Son hechos coincidentes que se basan, muchas veces, en por quién están integradas esas Cámaras y la trayectoria, personalidad de quienes integran esas Cámaras. Frente a determinadas decisiones pueden tener una cierta tolerancia frente a un nuevo gobierno, pero no están dispuestos a jugarse todo su prestigio y su historia. No es una cuestión sistémica, sino una cuestión de las características particulares de quienes integran las Cámaras.
Gil Lavedra: el Presidente hace censura previa, quien promueve el odio no cree en la democracia
Usted mismo planteó que los delitos de odio están penalizados tanto por la Ley Antidiscriminatoria como por el Código Penal. Conversámos antes de ayer con el penalista Gil Lavedra sobre este mismo tema. Él decía que no solamente el odio está penado por dos leyes diferentes, sino que, siendo el Presidente el que lo lleva adelante, se encuadra también en otro tipo de delitos que agravan la calificación. ¿Por qué ningún fiscal de oficio actúa en este caso? Hay decenas de fiscales que podrían considerar los ataques de odio del Presidente como causa de delito de acción pública y abrirla sin necesidad de que un damnificado sea el querellante.
Los delitos de odio están penados por la ley, pero me parece que es porque hoy el Ministerio Público Penal es funcional a una determinada estructura de gobierno. Tampoco ningún fiscal intervino frente a la conducta desarrollada por el señor Santiago Caputo respecto al reportero gráfico Manuel Becerra, cuando fue de público y notorio conocimiento. Entonces, me parece que el Ministerio Público, que es un órgano extrapoder que defiende la legalidad y los intereses comunes de la sociedad, también está jugando ese rol y está dentro de esa misma lógica del Poder Judicial de mirar para el otro lado, sin ser parte del Poder Judicial, aunque trabaja permanentemente como Poder Judicial.
De hecho, en la causa promovida por el diputado Facundo Manes, el fiscal de Cámara no solamente consideró que no había delito, sino que vino a la audiencia oral ante la Sala II a decir que no había delito y a defenderlo a Santiago Caputo, algo que muy pocas veces he visto. He visto que un Ministerio Público Penal diga: “Bueno, acá no hay delito, me retiro, que el querellante haga su juego.” Ahora, venir expresamente a decir que no hay delito y a defender al denunciado, es algo que he visto muy pocas veces. Por eso, reitero que estoy viendo cuestiones que no he visto nunca en 33 años de ejercicio de la profesión.
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