En medio de cacerolazos, saqueos y ataques contra edificios públicos, el presidente del Perú, Pedro Castillo, suspendió el decreto de emergencia con el cual había vulnerado algunas libertades civiles en Lima, la capital, y la ciudad portuaria vecina de Callao. Las protestas dejaron al menos un muerto y 25 policías heridos.
El toque de queda, dictado por Castillo entre gallos y medianoche, no pudo apaciguar el descontento popular frente al aumento de los precios del combustible, los alimentos y los fertilizantes que lleva un par de semanas con medidas de fuerza y varias reacciones.
Cuatro personas habían fallecido hasta el momento en que Castillo ordenó la medida, poco antes de la medianoche del lunes. El decreto regía entre las dos de la mañana y las 23.59 del martes, pero muchos se enteraron cuando despertaron.
La obligación de la población de permanecer en sus hogares, como si se tratara de otra etapa de confinamiento por el coronavirus, despertó el disgusto generalizado en una Lima convulsionada que ve a su presidente como una suerte de forastero por provenir del Perú profundo.
Protestas en Perú: todas las claves para entender lo que está ocurriendo
En apuros desde el primer día, en el Palacio Pizarro, Castillo cambió cuatro veces de gabinete y sobrevivió a dos mociones de vacancia por incapacidad moral en menos de nueve meses. Siete de cada 10 peruanos descartan que concluya su mandato, según el Instituto de Estudios Peruanos.
La marcha atrás del toque de queda refleja tanto la debilidad y la improvisación de Castillo como la inestabilidad del sistema institucional peruano, con cuatro presidentes que fueron sucediéndose en el quinquenio por escándalos de corrupción y rencillas políticas. Tres debieron renunciar mientras otros exmandatarios y políticos terminaron presos.
Castillo sobrevive al intento de destitución
Castillo, ex activista sindical de extracción campesina, encabezó en 2017 un paro de maestros que duró dos meses. En las elecciones se sintió arropado por la ola de fastidio con los políticos tradicionales tras varios años de crisis recurrentes.
En ocho meses de gestión agotó su capital político mientras enfrentaba denuncias de corrupción y acusaciones de incapacidad moral para ejercer el cargo. Estas acusaciones fueron lanzadas por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, derrotada, pero, al parecer, no vencida, en las últimas presidenciales.
