En 2022 hubo 215 homicidios de defensores de los derechos humanos en Colombia, según la Defensoría del Pueblo de ese país.
Se trata de la cifra más alta registrada desde 2016 cuando la Defensoría del Pueblo inició la documentación de los casos y se firmó el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En la madrugada del 21 diciembre fue asesinado José Ricaurte Quintero en la vía pública con un arma de fuego en Armenia, al oeste del país. Era líder de la Fundación Supervivientes Maná, conformada por familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado que padeció el país durante más de medio siglo.
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Los asesinatos se concentraron en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador; Cauca y Valle del Cauca, al sudoeste; Antioquia en el centro del país; Bolívar al norte, y Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
En esas zonas tienen preminencia los principales grupos armados y las organizaciones del crimen organizado.
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La firma de la paz con las FARC no significó el cese de la violencia. Otros grupos armados continuaron delinquiendo y se han disputado violentamente los territorios estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
El gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista de la historia, propuso una política de paz total al iniciar diálogos con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y acercamientos con algunas disidencias de las FARC que retomaron las armas y el Cártel Clan del Golfo, con los cuales anunció un cese del fuego bilateral.
AO JL
