En una entrevista profunda y sin concesiones con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), analiza los tres grandes desafíos que jaquean la estabilidad de la región: la erosión global de la confianza en las instituciones democráticas, los alarmantes niveles de impunidad frente al crimen organizado y el giro autocrático que desdibuja las fronteras ideológicas entre la izquierda y la derecha.
De visita en Buenos Aires, la referente internacional examina la transición política en su Colombia natal tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y enciende alarmas sobre la Argentina actual, advirtiendo sobre los riesgos del discurso estigmatizante contra la prensa, la opacidad en las designaciones judiciales y proyectos legislativos que amenazan con asfixiar a la sociedad civil.
Juanita Goebertus es abogada, politóloga y dirigente política colombiana, reconocida por su trayectoria en derechos humanos, justicia internacional y construcción de paz. Ocupa el cargo de directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Forma parte de la delegación del gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Además, entre 2018 y 2022 representó a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde.
Juanita, un placer tenerla acá en la Argentina representando a Human Rights Watch en un momento en el que la región también está pasando por circunstancias conflictivas. Toda la región está pasando por circunstancias conflictivas, ¿qué decir de Estados Unidos? Me gustaría primero un balance suyo de cómo ve la región. Vaya avanzando, si puede, desde Estados Unidos y llegue a la Argentina.
¡Qué gusto!. Muchísimas gracias por esta invitación. Un placer estar aquí en Buenos Aires y poder compartir con su audiencia. A ver, yo diría que, en general, en América Latina en este momento tenemos tres retos principales. El primero es un proceso que no es solo latinoamericano, es global, de erosión de la confianza en las instituciones democráticas; y eso pone a las instituciones propias de un Estado de derecho en muchísima fragilidad frente a los ataques de líderes autoritarios. Eso va desde ataques a los poderes judiciales, ataques a la prensa, ataques a las autoridades electorales, restricción del funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil para cortarles los recursos con los cuales funcionan, hasta, digamos, los casos ya más dramáticos de regulación y gobierno por vía de régimen de excepción, suspensión del debido proceso, etcétera. Podemos entrar en algunos de los casos. Es un bloque grueso que es la forma en la cual estamos erosionando las instituciones democráticas que garantizan que cualquiera que esté en el poder esté limitado y no pueda excederse en el ejercicio de sus funciones. El segundo reto es que América Latina tiene a hoy, tristemente, los peores indicadores de tasa de homicidios en comparación con los otros continentes. La mayor proporción de esos homicidios está asociada al crimen organizado y, tal vez lo que para mí es más grave, la mayor impunidad por esa criminalidad y esos delitos cometidos por el crimen organizado. Y eso supone dos caras en la región. Por un lado, los regímenes que, a través del mismo autoritarismo del que hablaba ahora, repliegan o intentan replegar al crimen organizado por vía de políticas de suspensión de derechos. El caso más grave en la región es, digamos, El Salvador: cuatro años de régimen de excepción, justificar que se suspenden los derechos para darle a la ciudadanía seguridad. Y la otra cara de eso son gobiernos omisivos. Tal vez el caso más emblemático es México bajo AMLO, esta política de "abrazos, no balazos", que un poco es la idea de que el crimen organizado va a existir, siempre va a estar ahí, y el gobierno de alguna manera cede a su deber de protección de garantía frente a la población.
Y eso genera, de nuevo, una inmensa desconfianza en las instituciones que permiten que la criminalidad organizada crezca y que, a través de la corrupción, conectan con esa criminalidad. Y el tercer reto justamente tiene que ver con esto que mencionabas, que es el impacto de la administración Trump en América Latina. Por supuesto que Estados Unidos tiene un balance gris histórico en la región, pero, en general, yo diría que Estados Unidos, particularmente a través de alianzas entre republicanos y demócratas en el Congreso comprometidos con el Estado de derecho, venía teniendo un rol muy importante en América Latina en defensa de periodistas, en financiación de organizaciones de la sociedad civil, en defensa de derechos. El caso de Brasil, cuando Lula derrota a Bolsonaro, hacer cumplir los resultados electorales y evitar que los militares se aliaran con Bolsonaro para desconocer los resultados, por ejemplo; o en Guatemala, el triunfo de Arévalo, a pesar de sectores que estaban enquistados en el Ministerio Público, en la Fiscalía, para tratar de impedir que Arévalo pudiera ser presidente a pesar de ser elegido democráticamente. Estados Unidos había jugado un rol clave detrás de cámaras para poder defender esos resultados electorales. Bueno, bajo Trump esto cambia radicalmente porque hay, desde quienes supuestamente defendían a nivel internacional un orden basado en reglas, un ataque directo al sistema multilateral, a los derechos humanos. El caso más grave, yo diría, más de 200 ejecuciones extrajudiciales abiertamente reconocidas por Estados Unidos con los ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, supuestamente por estar cargando narcotráfico, pero sin ninguna garantía de que, si son efectivamente criminales, se les procese judicialmente, que es lo que hacen las democracias y los Estados de derecho. Hasta los casos de deportaciones abusivas en violación de las propias obligaciones internacionales de Estados Unidos, deportando personas, como en el caso de los venezolanos enviados a El Salvador a ser torturados sistemáticamente en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador; hasta casos menos conocidos como los de más de 4000 cubanos deportados por Estados Unidos a México, muchos de ellos personas de la tercera edad, a terminar en un absoluto limbo jurídico en México por no tener ni estatus legal ni acceso a tratamiento médico, etcétera. Entonces, yo diría que es una combinación de esos tres elementos: la influencia de Trump, la erosión de nuestras democracias que ya venía y el reto de la criminalidad organizada, lo que pone a América Latina en un lugar muy difícil en este momento.
Juanita, mire, yo recuerdo a un embajador de Colombia, creo que era de la época del presidente Santos, que había sido comandante en jefe del Ejército y después comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Supuestamente se le asignaba ser el autor de cuando Tirofijo prendió el celular y le cayó una bomba en la cabeza. Era muy, muy locuaz y muy frontal. Y él un día me dice: "Los militares en Latinoamérica nos quedamos sin trabajo. Éramos empleados a sueldo para matar comunistas. Se acabó la Unión Soviética, nos quedamos sin trabajo". Más allá de la visión casi escolar, sí uno puede decir que hubo un cambio sustancial en Estados Unidos a partir de la presidencia de Carter, después de la presidencia de Nixon, en la que descubrieron que la manera de ganarle a la ex Unión Soviética era a través de la ética, que era la gran falla que tenía la ex Unión Soviética; que no era con bombas atómicas, sino mostrando que tenían un sistema dictatorial, perseguían, había imposibilidad de prensa libre, había cárceles, el Gulag, había cárceles en Siberia de trato inhumano. Entonces, la política de derechos humanos fue la herramienta fundamental para mostrar la superioridad ética de la democracia frente a un sistema no democrático como era Rusia. Se empezaban a conocer todos los episodios negativos de la época de Stalin, venía la perestroika... Bueno, la ex Unión Soviética no existe más. Puedo inferir, y si le parece a usted podemos compartir juntos, si ¿en realidad este cambio de que Estados Unidos, desde podríamos decir mediados o comienzos de los ochenta hasta la caída del Muro de Berlín, motivó y abogó por el desarrollo del periodismo libre y por instituciones que defendían los derechos humanos era en realidad una cuestión de orden estratégico y militar, y que ahora cambió totalmente. Al no existir más la Unión Soviética, por el contrario, es Trump el que se comporta con algunas de las cuestiones que criticaba Estados Unidos de la ex Unión Soviética, persiguiendo a periodistas, a ONGs y a movimientos a favor de los derechos humanos.?
O sea, yo creo que hay dos fenómenos paralelos en lo que describes, a mi juicio. Uno que comparto, que es esto que trataba de describir: es la decisión de Estados Unidos —que yo creo que a la larga va a ser muy costosa para Estados Unidos mismos— de renunciar a ese poder suave, a ese soft power, de tener una influencia en cuál era la visión de construcción de un modelo deseable de naciones y de tener esa influencia en América Latina. Hoy ese mensaje es un mensaje de "no importan las reglas del juego, no importa la restricción al poder; cuando esté en el poder haga todo lo que pueda, que, digamos, no importa, no hay límites". Esa es la visión que está mandando Estados Unidos y, en ese sentido, está renunciando a ser un líder ético en defensa de la democracia, en defensa del Estado de derecho, en defensa de los derechos humanos.
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Ya no es simplemente una descripción de dobles estándares, ¿no?, de que lo que ellos hacían en su momento en Abu Ghraib o lo que hacían en Guantánamo no tenía las mismas consecuencias internacionales. Ya es un ataque frontal y eso, por supuesto, deslegitima su rol de liderazgo ético en América Latina. Ese es un elemento. El otro, que tiene que ver con este comentario del general, más allá de la anécdota, es que yo sí creo que América Latina no ha dado un paso trascendental de qué significa enfrentar hoy el nivel de criminalidad organizada que tenemos, tanto de forma efectiva para que esa criminalidad organizada no tenga el poder de amedrentar a la población y de poner en jaque a nuestros Estados, pero de hacerlo de una manera respetuosa de los derechos humanos. Y nos la pasamos en ese continuum entre líderes más progresistas que lo que dicen es «ojo, los derechos humanos importan» y líderes típicamente más a la derecha del espectro político diciendo "vamos a acabar con el crimen organizado, no importan los derechos humanos". Y esa es una dualidad que es supremamente injusta para los habitantes de América Latina, que tienen derecho a tener seguridad y a que se protejan sus derechos. Y yo creo que ahí la pieza que está faltando es el fortalecimiento de nuestra capacidad de administración de justicia. Por eso decía que me parece que lo más grave son los altísimos niveles de impunidad, porque llevamos históricamente, en esa cooperación típicamente con Estados Unidos, en una insistencia en que lo que había que hacer era simplemente fortalecer nuestras fuerzas de seguridad. Ahora, por ejemplo, en operaciones conjuntas de bombardeo entre Ecuador y Estados Unidos, operaciones directas que han resultado en la ejecución de personas, que han resultado en la detención arbitraria de personas, que han resultado en la tortura de personas en Ecuador, que es una cosa que uno decía «¿cuándo Ecuador bombardeando su propio territorio?». Bueno, por una visión de pensarse el crimen organizado como si se tratara de partes en el conflicto. Y ahí yo diría, en ese escenario, el general tiene razón: ese enemigo se acabó, eso ya no es una guerra. Ahí lo que hay es criminalidad organizada que un Estado de derecho legítimo y serio procesa y judicializa. Pero para hacer eso hay que tomarse en serio el fortalecimiento de nuestra capacidad de investigación judicial, nuestra capacidad forense. La idea de que lo que hay que hacer es cortar a la criminalidad organizada las redes de corrupción, las redes de lavado de activos, y no encarcelar a un montón de chicos y chicas jóvenes que ni estudian ni trabajan y no tienen otra oportunidad que, en muchos casos, terminar involucrados en grupos de crimen organizado.
Juanita, recuerdo también que Putin, con el avance de sus presidencias, empezó a rescatar a Stalin, y ya no aparecía como en la época de la perestroika, como un dictador malvado, sino que aparecía como un líder con coraje y determinación. Al mismo tiempo, vemos a Trump elogiando a Putin. ¿Lo que estamos viendo finalmente es que hay en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, esto que estamos comentando, un corrimiento hacia la valoración de líderes que ya no respetan la división de poderes, líderes más autocráticos?
Sí, y yo creo que América Latina es un gran ejemplo de que aquí ya no importa la ideología. Yo diría ya que el eje de análisis en América Latina hace rato dejó de ser un eje izquierda-derecha. Yo creo que es sobre todo un eje autoritarismo versus defensa del Estado de derecho. O sea, qué mejor ejemplo que se parecen mucho las decisiones de Nicaragua y de Venezuela de restringir el espacio cívico y pasar leyes para evitar que haya recursos que le lleguen a las organizaciones de la sociedad civil que controlan el poder, que están denunciando abusos, con lo que acaba de pasar el año pasado en El Salvador con exactamente la misma ley. Su discurso y la ideología a la que apelan es distinta, pero al final el libro de texto autoritario es casi idéntico. Es evitar esos poderes que existen para que el Poder Ejecutivo tenga límites.
El eje es democracia con división de poderes o autoritarismos, independientemente de que sean de derecha o de izquierda, o populistas o científicos. Déjeme aprovecharla para entender un poco mejor su país. Encontramos un presidente electo que hasta imitaba físicamente al presidente de El Salvador, y un presidente saliente que desconoce el resultado electoral. Imagino una situación compleja, pero bueno, usted podrá aclararnos mejor y ayudarnos a comprenderlo.
A ver, lo primero, por supuesto, es que Colombia tiene la particularidad de que es el último país del hemisferio que sigue teniendo un conflicto armado. A pesar del acuerdo de paz de 2016, que permitió el fin del conflicto armado con las FARC, seguimos teniendo cuando menos un conflicto armado con el ELN, otro grupo, una guerrilla histórica en Colombia, y distintos grupos de criminalidad organizada. ¿Qué sucedió? Postacuerdo de paz de 2016, Colombia, a pesar de haber sacado de la guerra a más de 13.000 combatientes de las FARC, entró en un proceso típico, desafortunadamente colombiano, de no controlar esos territorios y de no ejercer su función de proveer seguridad y justicia en esos territorios para evitar que nuevos grupos controlaran y amedrentaran a la población. Y Colombia viene, desafortunadamente... tuvo sus mejores indicadores de seguridad, la tasa más baja de homicidios, más baja de secuestros, de desplazamientos a 2018, y desde entonces los indicadores vienen desmejorando tristemente. Bajo el gobierno de Duque, que se hizo elegir con las banderas en contra del acuerdo de paz, el avance en la implementación del acuerdo de paz fue muy lento. No logró, digamos, eliminar del todo el acuerdo y su vinculatoriedad, pero realmente el avance fue muy poco significativo. Y bajo Petro, que se eligió con unas banderas del acuerdo de paz, la decisión luego, yo creo en parte por falta de experiencia administrativa, desconocimiento del Estado, porque era la primera vez que llegaba la izquierda al poder en Colombia, pues en la práctica, de nuevo, avanzaron muy poco en la implementación y francamente no tuvieron una política de seguridad efectiva. Si uno mira 2022-2025, el reclutamiento forzado de menores en Colombia creció más del 270%, que uno diría: un gobierno supuestamente comprometido con la paz, ¿cómo es posible que le crezcan de esta manera? Bueno, puso en marcha una política de «paz total» que implicaba negociar con todos los actores, tanto partes en el conflicto como crimen organizado al mismo tiempo, y les concedió ceses al fuego no debidamente monitoreados y verificados que los grupos usaron para fortalecerse. Eso genera una oleada, un backlash hacia nuevamente la derecha que acaba de ser elegida, que, como dices, pues tuvo una campaña de estigmatización de periodistas, de estigmatización de la sociedad... o sea, el manual es el mismo. Falta ver cómo será, por supuesto, el gobierno en un elemento muy tensionante donde efectivamente, sin ningún tipo de evidencia, el saliente gobierno de Petro está cuestionando los resultados a pesar de haber tenido una elección no solo con una Registraduría supremamente efectiva y transparente en Colombia, sino con todos los monitores internacionales diciendo que Abelardo de la Espriella ganó la elección.
Juanita, ¿y Argentina? ¿Qué la trae por aquí?
Bueno, Argentina ha sido un país que Human Rights Watch ha cubierto históricamente, no solo desde la transición, sino por supuesto más recientemente, con una defensa férrea, por ejemplo, de la independencia judicial. Yo diría que Argentina es un país en donde, si bien hay unas instituciones fuertes, hay sin duda un Estado de derecho que, a pesar, digamos, de dificultades históricas, ha tenido unas instituciones que funcionan, hay síntomas que nos preocupan. Y menciono al menos tres de ellos. El primero, este proyecto de ley de lobby que, si bien regular el lobby es fundamental en cualquier democracia y avanza en transparencia, incluye una serie de disposiciones francamente muy ambiguas que tristemente se parecen mucho a lo que en otros países —insisto: Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Perú, Ecuador, Paraguay— se han convertido en herramientas desde el poder para cercenar el periodismo independiente, para cercenar a las organizaciones de la sociedad civil. Porque al obligar a las organizaciones a registrarse como si fueran lobistas e imponerles una cantidad de cargas, particularmente a organizaciones pequeñas, lo que hacen es quitarles recursos e impedirles que funcionen. O sea, ahí nos pronunciamos porque dijimos: ojo, que eso se parece mucho a lo que, de nuevo, desde muy distintas ideologías ha usado el poder para restringir el control de la sociedad civil y de los periodistas. Ese me preocupa mucho. Segundo, no es nuevo, pero Argentina tiene un proceso, comparativamente con la región, muy peligroso de politización de su Poder Judicial y de negociaciones políticas para la decisión de quién queda en el Poder Judicial. Venimos de una larga lista de vacancias. Es importante el paso hacia llenar esas vacancias, pero ojo, que preocupa mucho que a pesar de que el gobierno de Milei se había elegido supuestamente en contra de la casta judicial y quería hacer un proceso de transparencia en la justicia, lo que vemos ya en esta fase de llenado de esas vacancias es la réplica otra vez del sistema de negociar políticamente los cargos y la decisión de cómo se ocupan. Y eso, pues el caso más grave en el que estuvimos muy activos, el intento del gobierno de postulación del juez Lijo, pues claramente no tenía de ninguna manera las credenciales para poder ser elegido miembro de la Corte Suprema y no avanzaba en transparencia judicial ni en poder, digamos, generar confianza ciudadana. Y yo diría el tercer elemento, y en esto ustedes han sido unos abanderados, el riesgo tan grande del discurso estigmatizante desde el gobierno en contra de los periodistas, en contra de los medios de comunicación. Y es grave no solo por el discurso; es grave porque avanza la criminalización de periodistas, avanza la autocensura, sobre todo de medios pequeños que ven en el ataque desde el gobierno —en cabeza del presidente mismo en muchos de los casos, en la mayoría de ellos, pero también de otros sectores áulicos cercanos— pues que es existencial para un medio pequeño existir y entonces se cercenan, se autocensuran, hasta los casos más graves de que ese clima, esa estigmatización, genera violencia. Y de nuevo nos preocupa porque lo hemos visto en otros escenarios, el caso de El Salvador muy claramente, donde los periodistas terminan en el exilio y siendo amenazados directamente. Así que insisto, o sea, yo creo que a pesar de todo eso hay controles que han funcionado. El Congreso ha frenado algunos de los intentos del gobierno. La Corte Suprema, con todas las dificultades, le pone un freno, por ejemplo, frente a la ley de financiamiento universitario. Está por ver que el gobierno cumpla, porque ese es otro síntoma claro. Si el gobierno no cumple, eso es cruzar una línea. Ahí ya se rompe un elemento esencial del Estado de derecho, que es el acatamiento por parte del Ejecutivo de las decisiones judiciales. Pero diría que estos pequeños síntomas son síntomas de alerta que nos ponen a la Argentina sobre la lupa.
Y muy contento de tenerla acá, Juanita. Muchísimas gracias y muchas gracias a Human Rights Watch por todo lo que hace a lo largo del tiempo. Muy gentil.
A ustedes, siempre por la invitación.
Muchas gracias.
