En la Argentina, la edad de imputabilidad penal está fijada en los 16 años, pero el Gobierno nacional avanza con una reforma para reducirla a 13 —e incluso a 12—, una iniciativa que buscará tratamiento durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero de 2026. Ante este escenario, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, puso en duda la mirada oficial y alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) sobre sus consecuencias: “Detenemos a 5.000 chicos por año y muchos de ellos, incluso de 10 años, terminan encerrados”.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, es técnico en Minoridad y Familia, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación (FLACSO). Se desempeñó como subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional en la cartera de Seguridad bonaerense y trabajó en seguridad también a nivel nacional entre 2008 y 2015. A lo largo de años fue la mano derecha de Sergio Berni en la provincia y asumió como ministro tras la salida de Berni del cargo.
Recién la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que había que bajarla a 12 años, no solo a 13. Ayer, Sergio Berni dijo que por lo menos el proyecto original, que era bajarla a 13, era música para sus oídos. Sabemos la relación que usted tuvo con Berni. Queríamos saber si usted tiene la misma impresión.
Nosotros tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil nacional que es del año 1980. Todo lo que es el régimen penal de la minoridad es de la época de la dictadura, es un decreto ley de esa etapa que tiene un montón de falencias, está absolutamente desactualizado y necesita ser actualizado, modificado.
Una ley que se ocupe del tema de la responsabilidad penal juvenil va mucho más allá de la edad de imputabilidad de los menores. Para explicarlo a la audiencia, hoy hay un régimen específico entre los 16 y los 18 años que es distinto al régimen de los menores, y después los menores de 16 años no son imputables. Es decir, no se les puede atribuir un delito, no se les puede imputar penalmente las acciones que cometan. Esto es así desde 1980.
En la provincia de Buenos Aires esto se resolvió con la ley del régimen penal juvenil. Existe ese régimen alternativo de 16 a 18 años que crea la ley nacional, pero además los jueces de menores pueden dictar medidas de seguridad y un montón de medidas a un menor de cualquier edad. Nosotros tenemos menores encerrados en institutos con medidas de seguridad dictadas en el marco de la ley del régimen penal juvenil, que cometieron delitos graves.
Nosotros tenemos 5.200.000 niños que el Estado de la provincia, junto con las familias, conducen para que tengan proyectos de vida con apego a la ley. Y la policía detiene aproximadamente a unos 5.000 menores de edad que cometen delitos. Esos 5.000 menores, respecto de los 5.200.000 que están dentro del sistema, son tratados con los servicios locales de niñez de los municipios, que articulan con los jueces y los fiscales de menores.
Lo que nosotros sabemos de esos 5.000 menores es que, en la mayoría de los casos, cuando los detienen no saben decir el nombre del padre, no tienen documentos, la madre tiene prisión domiciliaria y una tobillera, sufrieron abuso sexual cuando tenían seis años, dejaron la escuela y se vinculan con grupos delictivos que tienen armas de fuego. Entonces, la edad es un tema que, por supuesto, se puede discutir, pero si no discutimos cómo es la intervención del Estado para llegar antes de que las bandas de delincuentes capten a estos pibes, les den armas de fuego, les den droga y los usen para robar, que es lo que pasó en el conurbano, no vamos a modificar la situación.
Lamentablemente, este gobierno genera discusiones que son estériles, porque si no hay inversión en política pública, no sirve. Hoy el Estado nacional no está haciendo nada con los menores de 16 años, como sí lo hacemos en la provincia de Buenos Aires. Fruto de todas esas políticas es que pudimos bajar los homicidios. El último año bajaron a 751 homicidios. Fue el año con menos homicidios en ocasión de robo.
No solo en la provincia, esa es una tendencia nacional. Pero no se olviden de que la provincia representa el 40% de la población del país. Si la provincia hubiese multiplicado por tres los homicidios, esa tendencia no existiría. También bajó en Santa Fe y bajó en la ciudad de Buenos Aires.
Yo le puedo decir lo que hacemos nosotros en la provincia de Buenos Aires, porque la baja del homicidio es una competencia y una responsabilidad de las provincias. Es cierto que el gobierno nacional logró una intervención importante con fuerzas federales en Rosario y en Salta, que incidió en la baja de los homicidios. Nosotros colaboramos con esa intervención federal. Usted se acuerda cuando enviamos los patrulleros.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, estos homicidios bajaron como nunca antes, con el año con menor cantidad de homicidios en ocasión de robo: tuvimos 89. Por supuesto que nos duele cada uno y que no hay nada para celebrar. Lo que sí sabemos es que hay una política consistente, que tiene que ver con muchos patrulleros en la calle, previniendo, y con que cada vez que un menor cae detenido hay un grupo especializado de policías y trabajadores sociales que hace un trabajo de evaluación de las características criminológicas.
No es lo mismo que un menor caiga detenido porque se peleó con otros menores a que sea parte de una banda. No es lo mismo que tenga un arma de fuego o no. No es lo mismo que esté vendiendo drogas o no. Entonces, con todo un análisis criminológico, ese menor trabaja con el servicio local de niñez, que estudia la familia.
De acuerdo con la gravedad del hecho, los jueces pueden decidir, incluso en el caso de un menor de 10 años, encerrarlo en un instituto de menores y darle un tratamiento acorde a la edad, tratando de torcer esa trayectoria delictiva inmadura para convertirla en un proyecto de vida con apego a la ley.
El año pasado detuvimos a 40 menores de 12 años con arma de fuego. En su mayoría, esos menores están encerrados en institutos o son parte de programas. A veces llevan un arma que es de los padres al colegio para mostrarla. Ese menor llega a la comisaría y no cometió ningún delito. El tema es muy complejo.
Esto me hace acordar a discusiones como la de la ley de derribo por el narcotráfico. Nunca se derribó ningún avión y la droga sigue entrando como nunca. Entonces, el gobierno nacional tiene que ser serio y dar una discusión seria para resolver los problemas de los argentinos. Es un gobierno que cada vez más se aferra a la grieta.
Muchas veces se usan estos temas con fines políticos, no para solucionar el problema. Independientemente de la intención de quien lo propone, ¿usted está de acuerdo en que haya una baja de la edad?
Nosotros en la provincia resolvimos el problema manteniendo la edad en 16 años. La edad hoy es 16 años en la ley vigente. Lo que pasa con los menores de 16 años se resuelve sin modificar la ley. Una ley nacional tiene que modificarse porque es de 1980 y tiene muchas debilidades, muchas cuestiones que van más allá de la edad. Si no resolvemos lo otro, no sirve para nada tocar la edad. Todo lo demás es una fantasía.
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Entiendo, le entiendo perfectamente. Creo que no son excluyentes. Por eso le pregunto, respecto del tema de la edad, ¿usted cree que debe modificarse, además de modificarse muchas otras cosas?
Lo más importante es que el gobierno nacional impulse la creación de leyes provinciales que resuelvan este problema, porque las raíces no se resuelven como en el caso de los adultos. A los menores no se los va a mandar a una cárcel de adultos. Hay que evitar que ese menor vuelva a caer en una comisaría.
Los menores que tenemos son menores sin padres, que sufrieron abuso, que dejaron la escuela, con contextos de adicciones y violencia. Eso no se resuelve con cárcel. Lo tienen que resolver las administraciones provinciales, con leyes que les den herramientas al poder ejecutivo, al régimen penal juvenil y a las policías provinciales.
Cuando uno baja la edad a 14 o a 13, el problema va a seguir existiendo. No se va a resolver.
Creo que es una discusión entre el fin y el cómo.
Acá no hay una política criminal clara. Pasa lo mismo con el narcotráfico. El principal problema de seguridad, incluso de los menores, es la droga. Tenemos fronteras que son coladores.
El gobierno pasa Migraciones a Seguridad y, en vez de fortalecer las fronteras, persigue inmigrantes trabajadores en la feria de Villa Celina. Todo es marketing, todo es humo. Hace falta un trabajo serio: fortalecer las fronteras y frenar el narcotráfico, porque esa droga es la que intoxica a nuestros pibes.
Que el presidente Milei invierta en seguridad, porque está desmantelando el sistema de seguridad nacional. Las provincias necesitan fronteras fuertes y fuerzas federales que frenen el narcotráfico. De lo demás nos ocupamos.
MV
