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Crisis social

La deriva política de Haití

La realidad del país caribeño no mejora y, tras el regreso de Ariel Henry de Buenos Aires, los problemas se profundizaron. Ahora atraviesa ataques y protestas de la policía, que acusa más muertes de sus oficiales a manos de las pandillas, que se hacen más fuertes.

Ariel Henry
Ariel Henry | Telam

Cuando el primer ministro en funciones de HaitíAriel Henry, regresó a Puerto Príncipe desde Buenos Aires, donde participó de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el panorama era aún más desolador que cuando había partido. Policías vestidos de civil atacaron su casa como correlato de una protesta por la muerte de varios de los suyos a manos de las pandillas, dueñas y señoras de un país que perdió la última institución elegida democráticamente: el Senado. Diez senadores concluyeron sus mandatos en enero.

Como no hay elecciones desde octubre de 2019, el interinato de Henry se convirtió en una suerte de dictadura de facto sin un solo senador ni un solo diputado y sin certeza sobre la posibilidad de que los haitianos concurran a las urnas.

Desde el crimen en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse, que gobernaba a golpes de decretos, Henry tomó las riendas del país. Había sido designado por Moïse, asesinado dos días después. Al no haber legisladores, el Congreso no pudo confirmarlo constitucionalmente. La última vez que los haitianos eligieron un primer ministro fue en 2015.

El magnicidio de Moïse envalentonó a las pandillas. Desde el sanguinario régimen de Jean-Claude Duvalier, que huyó del país en 1986, Haití no estaba a merced de un régimen sin funcionarios elegidos ni miras de elecciones.

Henry asumió el gobierno con el respaldo de la comunidad internacional, pero aún no llamó a los haitianos a las urnas, por más que haya prometido un consejo electoral provisional y un pronto restablecimiento de la Corte Suprema. Un dislate, así como el llamado a la ONU en octubre para el envío de tropas extranjeras a las cuales ningún gobierno quiere contribuir, empezando por Estados Unidos y Canadá.

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Los haitianos también se resisten. Los cascos azules de la ONU actuaron en forma brutal entre 2004 y 2017. Atacaron a miembros de la oposición, violaron a lugareños y participaron de la explotación sexual de menores. Tras el devastador terremoto de 2010, que mató a 300.000 personas y demolió medio millón de viviendas, la situación empeoró por la propagación de la cólera y el cólera. Medio millón se enfermaron en el país más pobre del hemisferio occidental. Haití vive una de las diez peores crisis humanitarias del mundo, según la organización de ayuda International Rescue Committee.

Henry les pide a sus compatriotas que le crean mientras la calle exige su dimisión. El número de secuestros se disparó en 2022 a más de 1.200, el doble que el año anterior, según la ONU. Son el filón de las pandillas, que controlan el 60 por ciento de Puerto Príncipe, así como el narcotráfico. La más poderosa domina la terminal de combustibles. Llegó a cortar el suministro a hospitales, escuelas, empresas y hogares. Solo en noviembre hubo 280 asesinatos. Muchos haitianos huyen en aviones o en embarcaciones precarias con destino a las Bahamas o Florida. Las autoridades norteamericanas deportaron a miles.

Desde que Henry mueve los hilos de Haití, 78 policías fueron asesinados. Iba a haber elecciones en noviembre de 2021, pero el primer ministro en funciones disolvió el comité electoral por sospechas de parcialidad. Las pandillas encontraron terreno fértil antes del crimen de Moïse, en realidad. Frente a ello, la vecina República Dominicana, con la cual comparte 390 kilómetros de frontera en la isla La Española, construye un muro como el que separa a Estados Unidos de México, entre otros, para frenar el flujo de migrantes. Cada día, miles de haitianos cruzan la frontera con el requisito de tener documentación legal. Mano de obra esencial y barata.

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La magnitud de la parálisis y de la desesperación no tiene precedente. En las primeras elecciones democráticas, en 1990, acudieron a las urnas más de la mitad de los habilitados. En las últimas, menos del 20 por ciento. La falta de fe democrática atenta contra una eventual salida del berenjenal de un gobierno sin legitimidad ni autoridad que pasó inadvertido en la cumbre de la Celac. Un club de amigos en el cual pesa más la afinidad ideológica que las desgracias ajenas o, inclusive, la defensa de la democracia.

BL FM