La falta de elecciones creó una suerte de dictadura de facto. Sólo 10 senadores habían estado representando simbólicamente a los 11 millones de habitantes de Haití en los últimos años debido a la falta de elecciones legislativas desde 2019.
Desde el asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse, que gobernaba por decreto, los grupos de delincuencia organizada actúan prácticamente sin control. La última vez que Haití tuvo funcionarios electos fue durante el régimen de Jean-Claude Duvalier, que huyó del país en 1986.
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El primer ministro, Ariel Henry, que asumió el gobierno de Haití con el respaldo de la comunidad internacional tras el asesinato de Moïse, no ha convocado elecciones generales a pesar de las múltiples promesas que hizo en el último año y medio.
Su promesa más reciente, el 1 de enero, fue que se restablecería la Corte Suprema y asignaría a un consejo electoral provisional la tarea de fijar una fecha razonable para las elecciones. Henry no estableció ningún plazo. La ONU ha advertido que la seguridad en Haití debe mejorar antes de que se celebren elecciones.
El número de secuestros se disparó a más de 1.200 en 2022, el doble que el año anterior, según la ONU. Solo en noviembre hubo al menos 280 asesinatos, el registro mensual más alto. Las pandillas dependen de los secuestros para financiar sus operaciones.
Henry solicitó el despliegue de tropas extranjeras en octubre, después de que la pandilla más poderosa tomó el control de una terminal de combustible y cortó el suministro a hospitales, escuelas, empresas y hogares. Estados Unidos y Canadá respondieron con sanciones en lugar de enviar las tropas solicitadas por la ONU.
Mientras la crisis empeora, los haitianos huyen en avión o en desvencijadas embarcaciones, arriesgando sus vidas para alcanzar cierta seguridad y protección económica. Muchos tienen como objetivo las Bahamas o Florida. El gobierno de Estados Unidos interceptó a decenas de miles el año pasado. Los devolvió a Haití.
