Varios heridos hubo este lunes en las ciudades bolivianas de La Paz y Santa Cruz a raíz de protestas antigubernamentales que incluyeron duros enfrentamientos callejeros. En Santa Cruz, al oriente de Bolivia, bandos enfrentados chocaron cuando intentaban desbloquear calles que habían sido tomadas por los manifestantes.
En un barrio de La Paz, capital de Bolivia, centenares de cocaleros contrarios al gobierno de Luis Arce se enfrentaron con la policía para demandar el cierre de un mercado paralelo manejado por un sindicato supuestamente oficialista. Un labriego tuvo severas heridas por la explosión de una carga de dinamita que intentó lanzar a los policías.
Santa Cruz, la provincia más próspera y bastión de la oposición política de Bolivia, inició un paro contra la decisión del gobierno de Arce de aplazar por dos años un censo que le iba a otorgar más fondos estatales y escaños en el Congreso.
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La ciudad estuvo casi paralizada con escaso transporte público por los bloqueos callejeros mientras la policía y los seguidores del gobierno, encabezados por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, retiraban escombros y llantas para restablecer el tránsito.
Fueron suspendidas las clases y la actividad laboral se vio prácticamente paralizada en el primero de los dos días de paro que Arce y algunos de sus ministros atribuyen a móviles políticos del gobernador, Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de la oposición.
Camacho lideró las protestas de 2019 que forzaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras las presidenciales, calificadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Eso detonó un estallido social que dejó 37 muertos. Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo a pesar de haber sido vetada su postulación en un referéndum previo.
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Santa Cruz, la provincia más extensa y motor agroindustrial del país, es la región de mayor crecimiento demográfico por la migración interna. Los recursos del Estado y la representación legislativa se distribuyen según la población. El censo debía realizarse en noviembre de este año, pero fue aplazado hasta 2024.
El país vive una abierta polarización tras la crisis política de 2019 que se acentuó con los juicios y las sentencias de líderes opositores. Entre ellos, la de la expresidenta interina Jeanine Áñez, condenada a 10 años de cárcel. Los opositores acusan al gobierno de manipular la justicia para desatar una persecución política.
JL PAR
