Los smartphones nos volvieron más distraídos y menos profundos. Borraron las fronteras entre la casa y el trabajo, entre la vida pública y la privada. Pero hay un lugar donde sus ventajas superan por mucho a las contras: las cárceles argentinas.
La cuarentena que empezó el 20 de marzo de 2020 implicó un doble aislamiento para los presos: además del encierro, quedaban suspendidas visitas, clases y salidas laborales. Entre el miedo y la incertidumbre, ya no había lazos con el mundo exterior. La situación empezó a cambiar diez días después, cuando la Cámara de Casación bonaerense autorizó el uso de celulares en los complejos penitenciarios, sobrepoblados al 111% en esa provincia.
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Aunque los móviles ya estaban en cárceles de todo el país, la legalización en Buenos Aires (también vigente en Tucumán, Chubut y Mendoza) implicó la democratización de sus ventajas: hablar con los seres queridos, retomar las clases, trabajar por Zoom, acceder a libros digitales, informarse con los diarios, entretenerse con YouTube, comprar insumos con MercadoPago y hasta practicar yoga.
También mejoraron la comunicación dentro de las unidades penitenciarias, como explica Lucía Cholakian en el sitio Rest of the World, donde se cuenta cómo las internas coordinan grupos de WhatsApp para intercambiar información sobre actividades y cursos dentro de los complejos. En los disturbios que hubo en varias cárceles en noviembre de 2020, los presos pudieron compartir videos donde denunciaban casos de violencia policial que, más tarde, funcionaron como pruebas para hábeas corpus presentados por distintas organizaciones.
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Quienes rechazan el uso de celulares argumentan que pueden aprovecharse para cometer delitos como secuestros virtuales. Pero las estadísticas muestran que la medida no aumentó los ilícitos.
Por otra parte, el fallo de Casación advirtió que la prohibición podría cercenar otros derechos, como el acceso a la educación. Los familiares de detenidos y las organizaciones que los defienden llaman a mantener y extender el uso del celular al resto de las cárceles, algo que todavía no le está permitido a más de dos tercios de los presos del país.
AVS PAR
