Prepagas: los jubilados rehenes en medio de aumentos desmedidos y numerosos amparos
Las prepagas anticipan los aumentos para abril que rondarán entre el 16% y 19%. El Gobierno defiende la libertad de mercado alegando que la competitividad hará “más eficiente” a PAMI.
Siempre que existe fuego cruzado suele haber daños colaterales para quienes quedan en medio de intereses enfrentados. El rubro salud es un ámbito de constantes refriegas donde siempre quedan en posición de víctimas los más vulnerables y desamparados: losjubilados argentinos y todos los que no pueden acceder al pago de los planes de medicina privada.
Lo cierto es que las empresas de salud prepaga están notificando por estos días los nuevos valores para las cuotas de abril. Las actualizaciones llegan con aumentos desmedidos que en la mayoría de los casos se dificulta pagar y generan un gran impacto para los afiliados que buscan readecuar sus presupuestos analizando opciones de planes inferiores.
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Mediante notificaciones vía mail, anuncian a sus clientes los nuevos incrementos que comenzarán a estar vigentes desde el cuarto mes del año. Así, en lo que va del año, las cuotas de medicina privada representan un aumento acumulado que ya supera el 100% en solo cuatro meses, considerándose los aumentos del 40% en enero, 27% en febrero, 23% en marzo y los nuevos ajustes de abril que rondan entre 16% y 19% promedio.
Por el momento las notificaciones cursadas informan que Galeno aumentará los planes un 18,95%, Omint un 17,3%, Swiss Medical un 16,9% y Medicus en un 15,95%.
Jubilados: los rehenes de un sistema en crisis
Sin embargo, un segmento de la población, desde hace años ya no tiene margen para recortes ni ajustes. Los jubilados viven inmersos en una situación de crisis crónica irremontable. Esa realidad, es la misma que automáticamente los convierte en el sector que más resistencia opone ante los consecutivos aumentos de los planes de salud privada.
La situación está cerca de empeorar, porque si solo se contemplan las presentaciones ante la Justicia Federal de San Martín, las cifras rápidamente seguirán creciendo. Serían otras 12 las acciones de amparo en cabeza de jubilados que en breve se estarían sorteando ante la Justicia, según habría afirmado el abogado Fernando Ciarallo a Clarín. Cabe destacar que los jueces de San Martín fueron pioneros en el ámbito de provincia en avalar los recursos contra los aumentos.
Con un clima de descontento social generalizado, donde los reajustes asfixian y en muchos casos quitan toda posibilidad de mejora o cambio para adaptarse las nuevas medidas, desde el Gobierno dejaron trascender la postura oficial. En ese sentido, fuentes del Ministerio de Salud a las que accedió Clarín refirieron: "En esta nueva etapa se generaron los marcos para una mayor y mejor competitividad con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones tanto desde el sector privado como en el sector público, redefiniendo las competencias de los Estados nacionales y provinciales, y haciendo más eficiente la gestión del PAMI, volcando todos sus recursos a mejorar sus prestaciones en beneficio de los jubilados".
Los fallos a favor de jubilados
Las medidas de desregulación de la economía impulsadas por el Gobierno de Javier Milei mediante el DNU 70/23, también impactaron en el sector de la medicina privada dejando un tendal de afectados. Con ese escenario, no son pocos los jubilados que acudieron a la Justicia con sus reclamos.
En ese marco, la Justicia recientemente dio curso favorable a las acciones de amparo presentadas por dos adultos mayores en dos causas diferentes. Por una parte, el amparo presentado por una jubilada de 84 años, contra la empresa de salud Cobermed. En su escrito alegó que sólo percibe un haber como jubilada que llega a $123.416, lo que muestra que es imposible que pueda pagar las cuotas ajustadas de su plan de salud.
Además, fundamentó que la prepaga no precisó en qué norma basó las subas aplicadas. Por lo tanto, reclamó que se ponga freno a los aumentos del 65% y 35% que le fueron notificados para los meses de enero y febrero últimos, así como también pidió que se suspenda cualquier otro aumento planificado para el 2024.
En los considerandos de su sentencia, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, argumentó que el decreto presidencial modificó “el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales” lo que derivó en que se hayan “derogado las funciones de la Autoridad de Aplicación que fiscalizaba el cumplimiento de las prestaciones del Plan Médico Obligatorio, los contratos y planes”.
El fallo de Forns habilitó la medida cautelar con fundamento en instrumentos internacionales señalando “los principios que rigen la preservación de la salud y la vida de las personas”, máxime cuando “se trata de una persona jubilada de 84 años de edad”.
En la causa, se ordenó a la prepaga frenar los aumentos hasta tanto se resuelva sobre el fondo del asunto. La justicia además fijó un límite para readecuar las facturas, conforme lo peticionado por la amparista que el valor de la cuota sea el de diciembre de 2023 “porque entre esa factura y la de febrero existe un aumento del más del 100%”.
Respecto de la falta de información sobre cómo arribó la empresa a los valores para las cuotas reajustadas la magistrada explicó: “ante el incremento mensual de las cuotas reseñado, no surge de las facturas acompañadas justificación o detalle de tal aumento que permita a la accionante tener mayor información al respecto y conocer el motivo que condujo al valor final comunicado”.
En otra causa, que también tiene como amparista a un jubilado, la Justicia ordenó a la prepaga OSDE que suspenda los aumentos notificados al afiliado para los meses de enero, febrero y marzo. Se trata del fallo del juez de Faltas 1 de Morón, Enrique Louteiro, que además dispuso que se reajuste el nuevo valor de la cuota del plan de salud de acuerdo al Índice de Variación Salarial, es decir que deberá tomar como referencia la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
En los considerandos del fallo, el magistrado argumentó que los incrementos que le fueron comunicados al afiliado jubilado fueron “arbitrarios y desmedidos de un servicio vital para la salud de las personas”.
