Kelly Olmos: "Le recomiendo al Gobierno de la Ciudad que agote todas las instancias de conciliación con el subte"

Kelly Olmos, ministra de Trabajo, explicó el hecho de que, en un conflicto laboral como el del subte, el Gobierno de la Ciudad actúe como juez y parte. “Se trata de un conflicto estrictamente jurisdiccional, no hay interjurisdicción ahí”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué grado de participación debe, puede y tomará el Ministerio de Trabajo en el conflicto de los subtes de la ciudad de Buenos Aires?

Se trata de un conflicto de jurisdicción con la ciudad de Buenos Aires, y la única participación que nosotros podemos tener y hemos impulsado es darle intervención a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que brinde asistencia técnica a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, en caso de que así lo desee, en virtud del tema específico del asbesto y de la salud laboral.

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Teniendo en cuenta que es un paro en un transporte tan importante, que mueve tantas millones de personas, llegado cierto punto, ¿cuál podría ser la solución? ¿Una conciliación obligatoria? ¿Cuál imagina usted que sería la solución si esto continúa?

Pero eso lo debería dictar la propia Ciudad. Aquí la Ciudad actúa de dos maneras: por un lado, es la empleadora en el caso del subterráneo, pero por el otro lado, tiene jurisdicción en relación a las relaciones laborales de la ciudad.

Se trata de un conflicto estrictamente jurisdiccional, no hay interjurisdicción ahí, de modo que la nación no tiene que participar, es estrictamente jurisdiccional.

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Esto podría haber ocurrido también a nivel nacional, el caso de que el Estado es al mismo tiempo empleador, por ejemplo, de los empleados públicos. Mañana el Ministerio de Trabajo podría tener que decretar conciliación obligatoria, ¿puede ser? ¿Se han producido casos en los que un Estado nacional, provincial o municipal tienen que actuar como juez y parte?

Es que actúa como juez y parte a través de personas jurídicas distintas. 

Desde el punto de vista del empleador, ahí hay una empresa, que además tiene un concesionario, y desde el punto de vista de su acción desde la legislación laboral, es a través del Ejecutivo de la Ciudad, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, y que tiene un área de Trabajo.

¿Ha existido alguna vez conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo Nacional en un conflicto con empleados del Estado Nacional?

Cuando hay jurisdicción, sí, claro. Por ejemplo, podría ser en temas como la Comisión de Energía Atómica o alguna empresa de carácter nacional, y el Ministerio actúa porque está en su jurisdicción. Aquí, la jurisdicción es de la Ciudad.

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¿Le recomendaría al Gobierno de la Ciudad que utilizara la herramienta de la conciliación obligatoria?

No sé si no está agotada sinceramente, no conozco los detalles del tema, pero creo que lo que agotaría indudablemente es la negociación. Le recomiendo al Gobierno de la Ciudad que agote todas las instancias de conciliación con el subte. No haría esto de que todo escalara sin encarar una negociación.

Alejandro Gomel (AG): En las últimas horas, Dante Sica, exministro de Producción de Mauricio Macri y ahora asesor de Patricia Bullrich, hizo una propuesta en cuanto a modernizar los convenios colectivos de trabajo y dijo: “Es simple, hay que suspender lo que se conoce como ultra actividad, y, de esa manera, rediscutir los convenios colectivos de trabajo”. ¿Qué le parece esta propuesta?

Me parece sumamente cínico, porque esto no tiene como objetivo la renovación de los convenios colectivos de trabajo, sino una desprotección generalizada del sistema de agremiación. 

Es decir, pretenden dejar a los gremios sin un marco legal con el cual puedan desarrollar sus negociaciones y, en consecuencia, que el tiempo juegue en contra de cada gremio, y más en un contexto como el que ellos suelen instalar, de pérdida de puestos de trabajo, donde los gremios se ven exigidos para proteger los empleos, pero al mismo tiempo, están desprotegidos por la inexistencia de un marco específico para negociar.

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Es un enfoque muy cínico que reproduce lo que han intentado cada vez que han gobernado y que la ciudadanía recuerda, como lamentable intento de la ley Banelco.

Sé que tiene poco tiempo, pero nuevamente le pido al menos una reflexión final. A mí me tocó vivir en Estados Unidos al final de la dictadura militar y recuerdo las discusiones que se presentaban en ese momento respecto de los servicios públicos y la limitación al derecho a huelga que tenían los trabajadores de esos servicios.

Recuerdo en su momento a Ronald Reagan mandando a trabajar con el ejército a los operadores de vuelo de los aeropuertos para que no se paralizara el funcionamiento de las compañías aéreas.

¿Hay algún límite, desde su experiencia, en el que el derecho de huelga entra en conflicto con el derecho de los pasajeros? ¿En qué punto se produce esa contradicción entre "mi libertad termina donde comienza la del otro"?

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Hay una comisión de servicios esenciales que dictamina acerca de si un conflicto afecta o no a servicios de ese carácter. Por ejemplo, en este momento, esta comisión está operando en un conflicto nacional que tenemos con un puerto en el área metropolitana. La preside el doctor Cuartango.

FM JL