La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el avance de la investigación en la denominada causa tierras fiscales, al rechazar un recurso de queja interpuesto por los defensores de tres empresarios implicados. La resolución reafirma la validez del proceso judicial que indaga presuntos hechos de corrupción, lavado de activos y fraude contra la administración pública durante la gestión provincial anterior.
El fallo, rubricado por las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García (subrogante), consideró que los planteos de la defensa constituían una repetición de argumentos ya tratados, sin aportar elementos nuevos que justificaran una revisión. “La reiteración de cuestiones ya resueltas, sin fundamentos adicionales, no configura un agravio concreto ni actual”, expresaron las magistradas en su voto.
Argumentos rechazados
Los recursos fueron presentados por los abogados Nelson Pessoa y Santiago Yacuzzi, en representación de los empresarios Mauricio Ariel Cian, Leandro Nicolás Bessone y Federico Storti, vinculados a las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL. Las defensas habían cuestionado la requisitoria fiscal por considerarla “vaga e imprecisa”, alegando que no se detallaban el origen ni el monto de los fondos supuestamente ilícitos.
También sostuvieron que las gestiones para obtener beneficios económicos vinculados a una planta de semillas “no constituyen un delito” y que no se había precisado cómo se habría producido el supuesto enriquecimiento ilícito.
Estos planteos ya habían sido descartados en primera instancia por la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien el 26 de septiembre rechazó la nulidad por entender que no se habían introducido argumentos distintos de los ya debatidos en otros incidentes del expediente principal (FRE 1891/2024).
Criterio del tribunal
La Cámara coincidió con ese análisis y recordó que el requerimiento fiscal del procurador Carlos Amad describe los hechos “con la precisión suficiente exigida por el Código Procesal Penal de la Nación”. En resoluciones previas, el mismo tribunal ya había convalidado la validez de la imputación formulada contra funcionarios y empresarios, otorgando “cosa juzgada formal” a esa cuestión.
De esta forma, la investigación continuará su curso. “Las defensas mantienen intactas sus facultades de control, contradicción y producción de prueba”, aclaró el fallo, que consolida el avance de una de las causas más sensibles de la gestión anterior.
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El trasfondo de la causa
El expediente investiga presuntas maniobras entre 2019 y 2023 para favorecer a empresarios allegados al poder político mediante adjudicaciones irregulares de tierras fiscales y beneficios industriales.
Los investigadores sospechan que esas operaciones fueron canalizadas a través de testaferros y sociedades comerciales, generando un perjuicio millonario al Estado. La causa involucra también a exfuncionarios de alto rango, entre ellos Jorge Capitanich y Marta Soneira, quienes ya habían sido alcanzados por resoluciones previas del mismo tribunal.
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