Baja en la edad de imputabilidad: “Sin presupuesto, esta ley puede quedar en letra muerta”, dijo Capitanich

En el marco del debate por la Reforma Penal Juvenil en el Senado, el legislador chaqueño Jorge Capitanich (Unión por la Patria) expuso una crítica integral al proyecto impulsado por el oficialismo que propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados con 149 votos afirmativos y 100 negativos, fue habilitada para su tratamiento tras el quórum alcanzado este viernes en la Cámara alta.

Durante su intervención, Capitanich contextualizó el debate en una línea histórica y normativa que abarca desde los antecedentes jurisprudenciales del siglo XIX hasta la reforma constitucional de 1994. Recordó que el régimen penal juvenil ha oscilado históricamente entre los 14 y 16 años y remarcó la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada con jerarquía constitucional en Argentina tras la reforma de 1994.

En ese sentido, sostuvo que las potestades en materia de seguridad pública no delegadas corresponden a las provincias y advirtió que la implementación de cualquier modificación del régimen penal juvenil exige capacidades estatales concretas en cada jurisdicción.

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Datos estadísticos y población detenida

El senador aportó cifras para dimensionar el alcance del problema. Señaló que en el país hay 935 niñas, niños y adolescentes detenidos, de los cuales 23 corresponden a la provincia del Chaco. Además, indicó que los delitos cometidos por menores representan alrededor del 2% del total, con fuerte predominio de hechos contra la propiedad.

También mencionó que Argentina registra una tasa de homicidios de 3,7 cada 100.000 habitantes, en contraste con países como Brasil, donde la edad es 12 años, que presenta una tasa significativamente mayor.

Capitanich subrayó además la situación del sistema penitenciario: 132.702 personas detenidas en todo el país, casi 13.000 alojadas en comisarías y una sobrepoblación carcelaria estimada en torno al 30%.

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El eje presupuestario

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el impacto fiscal de la reforma. Según detalló, el componente presupuestario proyectado rondaría los 24.000 millones de pesos, con un plazo estimado de nueve años para construir capacidades adecuadas, infraestructura, personal especializado y dispositivos de alojamiento, en las provincias.

Advirtió que, sin financiamiento suficiente, la norma podría quedar sin aplicación efectiva. En esa línea, vinculó la discusión con otras iniciativas en tratamiento, como la reforma laboral, que —según estimó— implicaría una merma de 1,8 billones de pesos para provincias y municipios.

“Si no se garantizan los recursos para su implementación, esta ley puede transformarse en letra muerta”, planteó.

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“Atacar las causas y no solo las consecuencias”

Capitanich sostuvo que el enfoque punitivo no resuelve el problema estructural y propuso priorizar políticas públicas integrales. Entre ellas mencionó la escolarización plena, el fortalecimiento de comedores y doble jornada, el cumplimiento de políticas sanitarias y de salud mental, y la promoción del deporte y la cultura como herramientas de inclusión.

También cuestionó la reducción presupuestaria en educación técnica, al señalar que Argentina destina un porcentaje menor de alumnos a esa modalidad respecto de estándares internacionales.

“El exceso de punitivismo traslada el problema”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de recuperar el rol de la familia y el trabajo como factores de integración social.

El oficialismo impulsa la baja de la edad de punibilidad bajo el argumento de adecuar el régimen a la realidad delictiva actual. Sin embargo, desde la oposición advierten que sin recursos y sin una estrategia integral de prevención, la reforma podría generar más tensiones en un sistema penitenciario ya saturado.