Después de varias horas de debate y de semanas de enfrentamientos políticos, la Cámara de Diputados del Chaco sancionó este miércoles la denominada Ley de Reiterancia, una reforma del Código Procesal Penal destinada a darle mayor peso a la existencia de múltiples causas abiertas cuando fiscales y jueces analicen medidas de coerción y prisiones preventivas.
La votación terminó mostrando un consenso legislativo mucho mayor al que podía anticiparse por la discusión pública de los últimos días: 27 diputados respaldaron el despacho, dos se abstuvieron y una legisladora pidió la permanencia en cartera. En total hubo 30 legisladores presentes y dos ausentes.
Las abstenciones correspondieron a Analía Flores y Rodolfo Schwartz, mientras que Teresa Cubells optó por la permanencia en cartera. El resto de los presentes acompañó la reforma, incluidos numerosos integrantes de la oposición. El resultado permitió al oficialismo convertir en ley uno de los proyectos que el gobernador Leandro Zdero había colocado en el centro de su agenda de seguridad.
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Qué cambia con la Ley de Reiterancia
La discusión más importante de la sesión estuvo precisamente en determinar qué incorpora realmente la reforma, porque la reiteración de la actividad delictiva ya aparecía en el artículo 289 del Código Procesal Penal chaqueño.
Ese punto fue reconocido durante el propio debate tanto por legisladores opositores como oficialistas. La diferencia, según defendieron los impulsores de la reforma, es que hasta ahora la reiteración podía ser valorada dentro del análisis para resolver una prisión preventiva, mientras que la nueva redacción busca darle una definición específica y obligar a que sea considerada cuando se configuren los supuestos previstos por la ley.
La reforma modifica disposiciones de la Ley 965-N, Código Procesal Penal del Chaco, y establece específicamente cuándo existe reiterancia delictiva: cuando una persona registra más de un proceso penal en trámite en los que haya sido formalmente imputada por hechos reprimidos con pena privativa de la libertad.
Además, incorpora esa situación como una circunstancia objetiva que deberá ser evaluada junto con los restantes elementos de cada caso al momento de resolver medidas de coerción y prisión preventiva.
El punto es relevante porque la norma no equivale a una condena por tener más de una causa abierta. La persona continúa amparada por el principio de inocencia hasta que exista sentencia, pero la coexistencia de procesos pasa a tener un peso expresamente reforzado para decidir si puede atravesar en libertad el proceso penal.
Gyöker y la “puerta giratoria”
El presidente del interbloque oficialista, Iván Gyöker, abrió la discusión defendiendo la iniciativa como una respuesta a un reclamo social histórico. “Siempre escuchaba a la gente hablando de la puerta giratoria en la Justicia, hablando de que los delincuentes entraban, salían como si nada y volvían a delinquir”, sostuvo.
Gyöker presentó además datos que atribuyó al análisis de la problemática de seguridad en el área metropolitana. Según afirmó, el 85% de los delitos registrados en el Gran Resistencia serían cometidos por personas en situación de reiterancia, y el tiempo promedio entre una detención y otra sería de 49 días.
El legislador vinculó la reforma con el plan de seguridad del Gobierno provincial y defendió otras políticas impulsadas durante la gestión de Zdero. “Nosotros no queremos ser unos relatores de la realidad”, afirmó, antes de sostener que la Legislatura tenía la posibilidad de otorgar una herramienta para modificar el funcionamiento de la denominada puerta giratoria.
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La oposición acompañó, pero acusó al Gobierno de hacer “política con la inseguridad”
El presidente del bloque justicialista, Nicolás Slimel, confirmó desde el comienzo que una amplia mayoría de su espacio acompañaría la modificación, pero cuestionó con dureza la ofensiva pública del oficialismo durante las dos semanas previas. “Nosotros nunca hemos manifestado nuestra oposición a este proyecto”, aseguró, y acusó al Gobierno de haber instalado una discusión falsa sobre la posición de la oposición.
Según Slimel, existía previamente un acuerdo para continuar trabajando la iniciativa y el problema fue que el oficialismo buscó presentar a sus adversarios como responsables de impedir la aprobación. “No nos pusimos a discutir sobre la seguridad, sino que hicieron política con la inseguridad de todos los chaqueños”, cuestionó.
El legislador también puso sobre la mesa uno de los argumentos que atravesó toda la jornada: la reiterancia no era una figura inexistente en Chaco, porque ya estaba mencionada en el artículo 289.
Aun así, anticipó el acompañamiento opositor y dejó planteada una advertencia dirigida al Ejecutivo: “Van a tener la ley, van a tener la herramienta y también van a tener la responsabilidad ante todos los chaqueños de demostrar que esto efectivamente va a servir para mejorar la seguridad”.
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Pérez Pons advirtió por posibles planteos constitucionales
Uno de los discursos más técnicos dentro de la oposición fue el de Santiago Pérez Pons, quien también terminó acompañando la reforma pero formuló reparos sobre algunos de sus alcances. El exministro recordó que la legislación chaqueña contempla desde hace años la reiteración de actividad delictiva y sostuvo que el debate no debía presentarse como si la Provincia estuviera incorporando la figura desde cero.
Además, advirtió sobre el riesgo de otorgarle a la reiterancia un carácter autónomo para justificar restricciones a la libertad y planteó que algunos aspectos podrían derivar en cuestionamientos de constitucionalidad. Pérez Pons cuestionó también que la discusión avanzara sin una participación más profunda del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, justamente los organismos que deberán aplicar la reforma.
Sin embargo, terminó justificando su voto positivo bajo la idea de que ampliar las herramientas disponibles para fiscales y jueces podía resultar útil. El mensaje político hacia el Ejecutivo volvió a ser similar al de Slimel: aprobada la herramienta que reclamaba el oficialismo, sostuvo que la responsabilidad por mejorar la seguridad queda ahora en cabeza del gobernador Zdero.
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“Una ley de reiterancia reiterada”
La diputada Pía Chiacchio Cavana fue otra de las voces opositoras que acompañó la reforma pese a sus cuestionamientos. “Hoy vamos a tratar una ley de reiterancia reiterada”, ironizó al remarcar que el instituto ya estaba contemplado en la legislación procesal chaqueña.
Cavana sostuvo que modificar una norma por sí sola no resolverá la inseguridad y reclamó discutir paralelamente prevención policial, recursos para las fiscalías, tiempos de investigación, infraestructura penitenciaria y condiciones de detención.
Uno de los datos que llevó al recinto fue la situación de las comisarías: señaló, citando información del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que existen 1.267 personas alojadas en dependencias con capacidad para 759, lo que obliga además a destinar efectivos policiales a tareas de custodia en lugar de prevención.
“Van a tener la ley”, sostuvo Cavana, pero reclamó que a partir de ahora el Ejecutivo explique “cuál es el plan” para reducir los delitos y sostener el aumento de personas privadas preventivamente de su libertad que podría derivarse de una utilización más intensa de la reiterancia.
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El oficialismo: de “puede” a “debe”
Desde Chaco Puede, el diputado y exministro de Gobierno Jorge Gómez reconoció que la reiterancia ya aparecía en el Código Procesal Penal, pero sostuvo que allí está precisamente la diferencia entre el esquema anterior y el que pretende instalar la reforma.
Según explicó, con el régimen vigente hasta ahora el fiscal tenía la posibilidad de utilizar ese elemento, mientras que con la modificación deberá tomarlo en consideración cuando se presenten las condiciones establecidas.
“No es lo mismo poder que deber” fue también el argumento utilizado por la diputada oficialista Maida With, quien defendió la necesidad de convertir la reiterancia en un elemento objetivo del análisis judicial.
El diputado Edgardo Reguera, otro de los principales defensores de la iniciativa, sostuvo que la reforma permite darle a la figura una regulación “autónoma e independiente” y precisar su alcance para evitar interpretaciones ambiguas.
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Reguera afirmó que la intención es actuar sobre las personas que acumulan nuevos procesos mientras todavía tienen otras causas abiertas y defendió la norma como una herramienta para cortar la habitualidad delictiva.
Un cuarto intermedio y un respaldo de 27 diputados
Después de horas de intervenciones, la Cámara pasó a un cuarto intermedio para terminar de acordar y firmar el despacho que sería sometido a votación. Durante ese tramo final también se resolvió desafectar uno de los expedientes que había sido acumulado inicialmente por no corresponder específicamente al tema debatido.
Con el texto acordado, la votación electrónica dejó 27 votos por el despacho aprobatorio, dos abstenciones y una permanencia en cartera. Luego fueron aprobados los artículos en particular y la reforma quedó sancionada.
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