El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026: gasto por $4,4 billones, superávit y foco en obra pública

El Gobierno del Chaco oficializó la Ley 4194-F de Presupuesto General 2026, que proyecta erogaciones por $4,4 billones para la Administración Pública Provincial no financiera y un resultado financiero superavitario de $156,5 millones, acompañado por endeudamiento, emisión de Letras del Tesoro y un esquema específico de presupuesto ambiental.

Según el texto promulgado, el cálculo de gastos y recursos para el próximo ejercicio fija un gasto global de $4.407.713.468.845, que abarca a la Administración Central y los organismos descentralizados.

Cómo se reparte el gasto entre los poderes

El Poder Ejecutivo concentra la mayor parte de las erogaciones previstas, con algo más de $3,7 billones. El resto del crédito presupuestario se distribuye de la siguiente manera:

• Poder Judicial: $267.262 millones

• Poder Legislativo: $97.821 millones

• Organismos descentralizados: $275.067 millones

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Del total, las erogaciones corrientes ascienden a $3,71 billones, mientras que las erogaciones de capital —las asociadas a obra pública e inversiones— suman $693.554 millones, marcando el peso de los proyectos de infraestructura dentro del esquema 2026.

Recursos previstos y superávit financiero

El artículo 2 de la ley estima recursos totales por $4.407.870.057.146, compuestos por:

• Recursos corrientes: $4.228.555 millones

• Recursos de capital: $179.314 millones

Con esa proyección de ingresos y el nivel de gasto autorizado, el resultado financiero arroja un superávit de $156.588.301, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.

Ese excedente no quedará inmovilizado: la norma dispone que se utilizará para financiar parte de las Fuentes y Aplicaciones Financieras del ejercicio.

Deuda, Letras del Tesoro y aplicaciones financieras

El Presupuesto 2026 detalla un esquema de financiamiento que combina superávit, endeudamiento y emisión de instrumentos financieros. Las Fuentes (artículo 5) totalizan $385.566 millones, integradas por:

• Endeudamiento público: $77.971 millones

• Emisión de Letras del Tesoro: $140.000 millones

• Otras cuentas por pagar: $167.649 millones

Del otro lado, las Aplicaciones financieras suman $385.723 millones, que se destinarán a:

• Amortización de deuda: $138.123 millones

• Cancelación de deuda de corto plazo: $192.000 millones

• Incremento de cuentas a cobrar: $55.600 millones

La ley también autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar nuevos créditos (artículo 18), a emitir Letras del Tesoro (artículo 19) y a actualizar partidas en la medida en que ingresen aportes de la Nación u organismos multilaterales (artículo 21).

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Estado provincial: más de 74.600 cargos

El artículo 6 fija la planta de personal de la provincia para 2026 en 74.626 cargos, desglosados en:

• 68.814 empleados permanentes

• 5.812 temporarios

• 282.623 horas cátedra

El Poder Ejecutivo reúne 63.546 cargos, seguido por el Poder Judicial con 4.219 y el Poder Legislativo con 2.272.

En paralelo, la norma declara nulas las designaciones de personal que se realicen sin cargo vacante ni crédito presupuestario suficiente, tal como lo establece el artículo 7, buscando poner un freno a incorporaciones por fuera de los límites fijados por el propio Presupuesto.

Un renglón verde: presupuesto ambiental por $35.493 millones

En cumplimiento de la Ley 3687-A, el Presupuesto 2026 incorpora una “etiqueta ambiental” que totaliza $35.493.969.425, distribuida principalmente entre seis jurisdicciones:

• Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos: $25.353 millones

• Ministerio de Gobierno: $6.813 millones

• Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible: $1.953 millones

• Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias: $729 millones

• Administración Provincial del Agua: $644 millones

El artículo 24 faculta al Ejecutivo a modificar estos montos durante el ejercicio, en función de las necesidades programáticas y de la ejecución de las políticas ambientales.

Topes para pagar sentencias y destino de los bienes de capital

El Presupuesto también introduce límites y reglas específicas para el pago de deudas judiciales y el uso de recursos de capital.

• El artículo 13 fija en $67.562 millones el tope anual para la cancelación de deudas consolidadas y sentencias judiciales comprendidas en el régimen de la Ley 546-A.

• El artículo 14 dispone que los fondos provenientes de ventas de bienes, préstamos u otros ingresos de capital deberán destinarse exclusivamente a erogaciones de capital, es decir, a inversiones y obra pública, evitando que se utilicen para gasto corriente.

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Más control sobre municipios y organismos

La Ley 4194-F refuerza el esquema de información y control sobre la ejecución presupuestaria. El artículo 23 obliga a las distintas jurisdicciones a remitir informes trimestrales sobre:

• Ejecución del presupuesto

• Situación de la deuda

• Planta de personal

• Avance de la obra pública

• Desarrollo del presupuesto ambiental

A la vez, el artículo 22 condiciona ciertas transferencias a municipios y entidades al cumplimiento de las rendiciones previas, lo que suma un mecanismo adicional de disciplina fiscal sobre los gobiernos locales y organismos receptores de fondos provinciales.

Lotería Chaqueña e INSSSEP, con presupuestos aprobados por decreto

Finalmente, el Presupuesto 2026 introduce un capítulo específico para dos organismos clave: Lotería Chaqueña y el INSSSEP, la obra social del Estado provincial.

Los artículos 10 y 11 autorizan al Poder Ejecutivo a aprobar por decreto los presupuestos de ambas entidades, incluyendo la planta de personal y las modificaciones que se dispongan a lo largo del ejercicio. Esos presupuestos deberán adecuarse a los lineamientos generales fijados por la Ley 4194-F, pero serán convalidados directamente por el Ejecutivo.

Con la promulgación del Presupuesto 2026, la provincia del Chaco deja formalmente establecido su mapa de gastos, recursos, deuda y obra pública para el próximo año, en un esquema que combina superávit financiero, ajuste en el manejo de personal y una señal específica hacia el financiamiento de políticas ambientales.