El juicio oral por la causa conocida como la “megausina de facturas truchas” comenzó este martes en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, donde Walter Antonio Pasko, Fernando Adrián Ayala y otros nueve imputados empezaron a ser juzgados por una investigación que apunta a una presunta estructura dedicada a emitir comprobantes apócrifos, utilizar CUIT de terceros, justificar gastos ante organismos públicos y lavar activos.
La primera audiencia se desarrolló en una sala colmada de abogados, defensores e imputados. Antes del ingreso de los jueces, Perfil accedió al recinto donde se realizó el debate. Allí se vio a Pasko, contador público y uno de los principales acusados, conversando con su abogado defensor, sin tomar contacto con las cámaras. A pocos metros, Ayala permanecía sentado, con una campera blanca, solo y mirando fijo hacia adelante.
La audiencia estuvo centrada en la lectura del requerimiento fiscal, el paso formal mediante el cual se informa a los imputados cuáles son los hechos atribuidos y qué pruebas pretende utilizar la acusación durante el debate. Por la cantidad de acusados y la extensión del expediente, esa etapa continuará en las próximas jornadas previstas para el martes 7 y miércoles 8 de julio. Recién después comenzará la producción de prueba.
Derecho Animal: qué provincia reconoció a dos yeguas como "seres sintientes" en un fallo histórico
La acusación fiscal: facturas falsas, CUIT de terceros y fondos públicos
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que, entre 2019 y 2023, los imputados habrían integrado una organización destinada a generar crédito fiscal falso mediante el uso de personas físicas y jurídicas que funcionaban como emisoras de facturación apócrifa.
En términos concretos, la acusación plantea que esas facturas habrían servido para dos finalidades: permitir que determinados contribuyentes redujeran impuestos ante el Fisco nacional, principalmente IVA y Ganancias, y justificar supuestos gastos ante organismos estatales, con especial atención en fondos del desaparecido Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, conocido como IAFEP.
Para la fiscalía, el esquema habría combinado el uso de CUIT y claves fiscales de clientes del estudio contable de Pasko, la creación o utilización de cooperativas y fundaciones sin capacidad real de prestación, y la emisión de comprobantes por montos millonarios que no se corresponderían con servicios efectivamente realizados.
El fiscal federal Federico Carniel explicó que la cantidad de imputados vuelve compleja la causa porque el debate deberá determinar “qué hizo cada uno” dentro de la estructura investigada. Aun así, sostuvo que la acusación cuenta con un volumen probatorio relevante y que los testigos previstos podrían aportar información importante durante el juicio.
"Estaban nerviosos": declaró el padre de Loan y apuntó a los tíos del menor en el juicio
Pasko y Ayala, señalados como organizadores
El requerimiento fiscal ubica a Walter Pasko y a Fernando Ayala como presuntos organizadores de las maniobras investigadas, aunque con roles diferenciados.
A Pasko, contador público, se le atribuye el diseño técnico y contable del circuito. La acusación sostiene que, desde su estudio, habría accedido a claves fiscales de clientes y utilizado datos tributarios de personas que luego manifestaron desconocer la emisión de facturas a su nombre.
Entre los casos mencionados aparecen contribuyentes cuya actividad declarada no guardaba relación con los rubros facturados. Según la investigación, hubo comprobantes emitidos a nombre de personas vinculadas a actividades como venta de carnes, tareas domésticas o entidades sin movimiento real, pero utilizados para operaciones que habrían servido a otro circuito económico.
A Ayala, en tanto, la fiscalía lo describe como un articulador del entramado de fundaciones, cooperativas y organizaciones sociales que habrían intervenido en la facturación hacia organismos públicos. La acusación le atribuye un rol operativo en la administración de esas estructuras y en el movimiento de fondos provenientes de servicios que, según el Ministerio Público, no se habrían prestado.
El IAFEP, uno de los principales focos del juicio
Uno de los tramos más sensibles del expediente está vinculado al IAFEP, organismo que durante la gestión anterior administró fondos destinados a agricultura familiar, economía popular, viviendas, infraestructura básica y asistencia a organizaciones sociales.
Según la acusación, entidades vinculadas a la estructura investigada habrían facturado al organismo $817.562.322 entre 2022 y 2023 por supuestos servicios que, para la fiscalía, no habrían sido realizados.
Ese monto colocó al IAFEP en el centro del debate oral. La investigación apunta a determinar si la facturación funcionó como una vía para extraer fondos públicos y luego reinsertarlos en el circuito económico mediante bienes, inmuebles, vehículos, emprendimientos, viajes y movimientos bancarios.
El expediente también menciona operaciones con otros organismos provinciales, áreas ministeriales, entes descentralizados y municipios chaqueños. En ese universo aparecen dependencias vinculadas a infraestructura, producción, educación, gobierno, energía, vivienda, lotería y vialidad, además de municipios que habrían recibido o utilizado comprobantes bajo análisis.
Canasta básica: en mayo una familia correntina necesitó más de $1,1 millones para no ser pobre
Cooperativas y fundaciones bajo la lupa
La reconstrucción fiscal describe una estructura de doble vía. Por un lado, el presunto uso de claves fiscales de clientes del estudio contable de Pasko para emitir comprobantes sin autorización. Por otro, la intervención de personas jurídicas que habrían funcionado como pantallas para emitir, recibir o justificar facturas.
Entre las entidades mencionadas en el requerimiento aparecen La Reina del Norte SAS, Tercer Norte SRL, Cooperativa de Trabajo Construir Más Ltda., Fundación Brilla Mujer, Fundación Amarte, Fundación Manos de Vida, Fundación Insert-Arte y Fundación Una Segunda Oportunidad, entre otras.
Para la fiscalía, varias de esas estructuras carecían de empleados, maquinaria, infraestructura o capacidad operativa suficiente para realizar los trabajos facturados. En otros casos, los comprobantes habrían sido emitidos por rubros que no coincidían con la actividad declarada de los contribuyentes ni con movimientos económicos compatibles.
La acusación sostiene que no se trató de irregularidades aisladas, sino de una presunta organización con distribución de roles, integrada por familiares, allegados y personas de confianza de los principales imputados.
Los registros de dinero en efectivo
Uno de los elementos que formará parte del debate es el material extraído del teléfono celular de Fernando Ayala. Según la investigación, allí se habrían encontrado registros de cámaras de seguridad internas en los que se observan movimientos de dinero en efectivo dentro de una vivienda.
La acusación describe escenas vinculadas al conteo de fajos de billetes y al traslado de bolsos o mochilas con dinero. Para el Ministerio Público Fiscal, esas imágenes forman parte del cuadro probatorio que permitiría conectar la facturación investigada con el manejo posterior de fondos fuera de los canales formales.
Ese material deberá ser analizado durante el juicio junto con pericias contables, documentación bancaria, reportes fiscales, declaraciones de contribuyentes y elementos secuestrados durante los allanamientos.
El patrimonio atribuido a los principales imputados
La causa no se limita a la presunta emisión de facturas falsas. También se juzga la posible conversión de fondos de origen ilícito en patrimonio.
En ese tramo, la fiscalía sostiene que varios imputados habrían incrementado su nivel de vida o adquirido bienes incompatibles con sus ingresos declarados. Respecto de Pasko, la acusación menciona viajes al exterior, bienes registrables y movimientos económicos que, según el Ministerio Público, no tendrían respaldo suficiente en ingresos lícitos.
Zdero felicitó a Santilli y evitó hablar del caso Adorni: “Mirada federal”
En el caso de Ayala y su entorno, la investigación pone el foco en inmuebles, emprendimientos comerciales y movimientos de dinero. Entre los bienes mencionados aparece la compra de una propiedad en el centro de Resistencia y la vinculación con emprendimientos como Brilla Mujer, señalado en la acusación como parte del entramado económico investigado.
Ese segmento fue encuadrado por la fiscalía dentro del delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal.
Quiénes son los imputados
Además de Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, sindicados por la acusación como presuntos organizadores, llegaron al juicio Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Álvaro Iván Pasko, Jorge Pasko, María Belén Reinau, María José Reinau, Edith Marisel Ayala, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy.
La imputación no es idéntica para todos. El Ministerio Público diferencia responsabilidades y grados de participación. A algunos acusados se les atribuye haber integrado sociedades, cooperativas o fundaciones utilizadas para emitir o justificar facturación; a otros, haber intervenido en operaciones económicas, administrativas o patrimoniales vinculadas al circuito investigado.
Muerte del mecánico en Chaco: imputaron a la clienta por homicidio agravado por alevosía
Las defensas, por su parte, tendrán durante el debate la posibilidad de discutir la legalidad de las pruebas, la existencia real de los servicios facturados, el rol concreto de cada imputado y la relación entre las operaciones tributarias y los bienes señalados por la fiscalía.
El juicio recién comenzó y se espera que se extienda durante buena parte de julio. Está prevista la declaración de más de cien testigos, entre ellos contribuyentes que denunciaron el uso de sus CUIT, funcionarios, empleados de organismos públicos, peritos, contadores y personas vinculadas a las entidades investigadas.
Carlos Maslatón: "Karina Milei es la presidenta adjunta de la República Argentina"
“Les pagan a productores una cabra como si fueran dos kilos de carne”: dura crítica de un intendente chaqueño al Gobierno
Una mujer dio a luz en Chaco, se fue del hospital sin el alta y abandonó a su bebé
