En un fallo de extrema relevancia institucional y de seguridad nacional, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ratificó de forma unánime los procesamientos con prisión preventiva de 13 personas acusadas de integrar una célula operativa transnacional de la violenta organización criminal de origen venezolano conocida como el Tren de Aragua.
Con esta resolución, el tribunal de alzada sepultó los recursos de apelación presentados por los abogados defensores y confirmó lo actuado por el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, subrogado por el magistrado Gustavo Fresneda. El juez había ampliado las calificaciones legales contra el clan mafioso por el delito de organización criminal (artículo 210 ter del Código Penal), figuras que se acoplan a las imputaciones previas que ya arrastraban por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La caída de la red criminal es el resultado de un exhaustivo trabajo coordinado entre la Unidad Fiscal Corrientes —comandada por los fiscales Carlos Schaefer, Flavio Ferrini y Tamara Pourcel— junto al fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich, y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.
El perfil de "El Yiyi" y su refugio en un country correntino
El cerebro y principal acusado de la estructura es el ciudadano venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias "El Yiyi", líder de la sanguinaria "Banda del Yiyi", una facción directamente ligada a la corporación delictiva del Tren de Aragua. Boscán Bracho, quien registraba una circular roja con pedido de captura internacional de INTERPOL, fue arrestado el 2 de octubre de 2023 por la Policía Federal Argentina (PFA) mientras circulaba por la Ruta Provincial N° 43, en Corrientes.
Las tareas de inteligencia criminal revelaron una fisonomía de ocultamiento VIP: el capo mafioso había ingresado a la Argentina en 2019 desde Colombia utilizando una identidad falsa y, al momento de ser cercado por los federales, residía de forma lujosa en un exclusivo country de la capital correntina.
Actualmente, "El Yiyi" se encuentra recluido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza bajo el estricto Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR). Cabe destacar que en marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó formalmente su extradición a Venezuela, donde la justicia de su país lo reclama por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, homicidio intencional calificado y tráfico de armas.
No obstante, dicho trámite de expulsión internacional se encuentra técnicamente suspendido a la espera de que sea juzgado y sentenciado previamente en la Argentina.
Cuevas en Colegiales, transferencias informales y nexos terroristas
Las otras 12 personas que completan la nómina de procesados (11 de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino, identificados por la justicia bajo sus iniciales debido al proceso en curso) formaban el soporte logístico de la banda. El andamiaje delictivo operaba a través de dos células operativas que ejecutaban directivas estrictas que Boscán Bracho emitía de forma remota, incluso desde su celda de aislamiento.
Las camaristas Mirta Gladis Sotelo y Fermín Amado Ceroleni dieron por acreditada, con el grado de certeza requerido para esta etapa penal, la existencia de una red con alta "capacidad operativa, logística y económica". Mediante intervenciones telefónicas, levantamiento del secreto bancario y allanamientos en Corrientes, CABA y La Plata, los investigadores desnudaron un complejo mecanismo de blanqueo de capitales.
La organización utilizaba sistemas informales de transferencia de dinero (conocidos como "banca paralela" o cuevas de transferencia), cuentas espejo, billeteras virtuales y un local comercial ubicado estratégicamente en el barrio porteño de Colegiales que funcionaba como fachada de operaciones financieras ilícitas. A través de este circuito, la banda ingresaba al circuito legal fortunas provenientes de extorsiones y ramificaciones delictivas en el exterior.
Los fiscales federales pusieron un acento especial en el exponencial crecimiento patrimonial de los procesados, quienes adquirieron bienes muebles e inmuebles de altísimo valor en el país a pesar de figurar de forma informal y carecer de empleos registrados o ingresos compatibles.
Asimismo, la PROCELAC y la UFECO ratificaron que el grupo conformaba una terminal activa del Tren de Aragua, organización criminal expandida por Sudamérica que fue formalmente incorporada en febrero de 2025 al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET) del Estado argentino. Con este fallo de la Cámara correntina, la causa ingresa de forma directa en la antesala de la elevación a juicio oral y público.