La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto conocido como Súper RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para promover grandes inversiones en sectores productivos, tecnológicos e industriales.
La votación terminó con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, en una sesión extensa, atravesada por cruces entre el oficialismo, sus aliados y los bloques opositores. Con ese resultado, el proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado.
Cómo votaron los diputados chaqueños
En el caso de Chaco, los siete diputados nacionales votaron divididos de acuerdo con el alineamiento político de sus bloques.
A favor del Súper RIGI se pronunciaron los radicales Guillermo César Agüero y Gerardo Cipolini, junto a los legisladores de La Libertad Avanza, Carlos García y Rosario Goitia. En contra votaron los tres diputados chaqueños de Unión por la Patria: Julieta Campo, Sergio Dolce y Aldo Leiva.
El posicionamiento de los legisladores chaqueños volvió a exponer la división entre el oficialismo nacional, sus aliados parlamentarios y el peronismo. Ese esquema ya se había observado en la discusión por la frustrada interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando el Gobierno logró evitar el avance opositor con el acompañamiento de sectores aliados.
En esta nueva votación, La Libertad Avanza volvió a contar con el respaldo de parte de la UCR, mientras que Unión por la Patria mantuvo su rechazo al proyecto.
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Qué propone el régimen
El Súper RIGI establece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y garantías de estabilidad jurídica para inversiones de gran escala. La iniciativa apunta a proyectos vinculados a nuevas industrias, desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, centros de datos, energías renovables, baterías de litio y otras actividades consideradas estratégicas.
Entre los puntos centrales, el texto contempla estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, reducción de impuestos, exenciones para importaciones y exportaciones, amortización acelerada y mecanismos de resolución de controversias en tribunales internacionales.
Desde el oficialismo defendieron el proyecto como una herramienta para atraer capitales y generar empleo. En cambio, los bloques opositores cuestionaron la amplitud de los beneficios, el impacto fiscal y la posible pérdida de capacidad regulatoria del Estado.
Con la media sanción en Diputados, el Gobierno nacional deberá ahora buscar los votos necesarios en el Senado para convertir el proyecto en ley.
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