El principio de “no injerencia” surgió hace más de 350 años en Westfalia como regla en el orden internacional para impedir a los nacientes Estados nacionales intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otros. El objetivo era garantizar la igualdad soberana, la autodeterminación de cada nación y la autolimitación de los poderosos.
Sin embargo, tragedias resultantes de la pasividad de la comunidad internacional como el Holocausto o las dos guerras mundiales del siglo XX evidenciaron que este principio no podía ni debía ser absoluto.
Democracia y derechos humanos: un compromiso ineludible para la Argentina
La creación de organismos como la ONU y normas como los Derechos Humanos habilitaron entonces una mayor intervención en las agendas domésticas y la progresiva erosión de la no injerencia, máxime en escenarios excepcionales de graves violaciones de derechos.
La Argentina asumió esta agenda recién después de la última dictadura militar, cuando el terrorismo de Estado y el plan sistemático de represión marcaron el período más nefasto de nuestra historia. Desde entonces, la política exterior de nuestro país convirtió al compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en política de Estado.
Esta posición principista supone impedir, o al menos dificultar, la adopción de políticas de doble estándar que atiendan a consideraciones políticas o intereses del gobierno de turno. La defensa de la democracia y de los Derechos Humanos está por encima del aliado coyuntural que los viole, al menos en teoría.
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Sin embargo, la simpatía de un sector del oficialismo con el ex líder sandinista Daniel Ortega y cierto alineamiento geopolítico con el eje pseudoprogresista llevó al gobierno argentino a abstenerse en condenar los fraudulentos comicios en Nicaragua, en donde Ortega logró su tercera reelección tras encarcelar a siete candidatos presidenciales de la oposición y concretar graves violaciones a los Derechos Humanos, según la Comisión Interamericana.
En este contexto, no interferir tiene el mismo resultado que evitar perseguir al violento sólo porque sus actos los comete dentro de su hogar: la desprotección total de la víctima, en este caso el pueblo nicaragüense. Análogamente, la Cancillería argentina se excusó hasta hace quince días de rechazar el fraudulento acto eleccionario dada “nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas de otras naciones”.
Un saludable giro se dio la última semana cuando la Argentina modificó su voto de abstención y optó por apoyar una resolución en la OEA en la que se afirmó que las evaluaciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática” y se convocó a una rápida evaluación colectiva de la situación política y electoral y evaluar posibles sanciones. La precipitada decisión de Daniel Ortega de retirar a su país de la OEA promete, sin dudas, nuevos capítulos.
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En un mundo aún convulsionado por la pandemia y en una región signada por la desconfianza hacia la propia democracia y el crecimiento de los partidos más extremistas, se requerirá cada vez más de países como la Argentina que, a pesar de sus muchos problemas, aún es reconocida por su política en Derechos Humanos y democracias. Ello, sin dudas, traerá derechos, pero principalmente obligaciones para dejar de lado las afinidades y vislumbrar que es tiempo de principios.
* Agustín Ulanovsky. Abogado, especialista e investigador especializado en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales.
