Cada nueva política que impone el gobierno argentino a la sociedad, revela su ignorancia en materia económica y social. Pese a las evidencias de sus nocivos impactos, tanto a nivel macro como micro, se insiste por un camino que causa daños irreparables a la estructura económica y social del país. La llamada Ley de Reforma Laboral es un dato más de esta tragedia, apoyada por gobernadores y legisladores de diversos colores. Que entierra cada vez más a la sociedad argentina en arenas movedizas de donde será difícil salir.
Este engendro legal, junto con otras políticas, busca continuar con la “desregulación” del mercado laboral que ya se viene verificando hace tiempo en el país. Este proceso busca dos objetivos centrales: la mayor precarización de las condiciones de trabajo en el puesto de empleo y la mayor “flexibilización salarial” tendiente a aumentar la dispersión en las remuneraciones laborales.
El repetido discurso oficial pretende que,de este modo,la fuerza laboral se esforzará más y será más productiva. Flexibilizar los salarios para que se vinculen con las diferentes productividades y rentabilidades, ampliaría las diferencias salariales, lo cual sería positivo porque favorecería la productividad y con ello la economía se volvería más eficiente y competitiva. Luego de un (incierto) tiempo, esto estimularía el crecimiento económico y del empleo.
El gobierno busca así que la fuerza de trabajo acepte salarios más bajos y trabaje más horas. En su ignorancia económica sugiere que esto mejoraría la competencia empresarial, aumentarían las ganancias y de allí la inversión, todo lo cual haría crecer la productividad por incorporación de bienes de capital con tecnologías más avanzadas.
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Más allá del duro impacto en las condiciones de vida de la fuerza laboral, este razonamiento –que se enseña en cursos burdos de economía- está teóricamente equivocado; mucho más, en la realidad económica argentina.
En la práctica, lo que sucede con la mayor precariedad de las condiciones laborales y salarios atados a las diferentes productividades relativas es que bajan aún más los salarios más bajos, suben más los salarios más altos y se reduce la productividad (y competitividad) del conjunto del sistema económico. Estos resultados profundizan la desigualdad estructural del sistema productivo y atrasan la incorporación de tecnologías innovadoras. Además, si esto se hace en contextos recesivos como el que arrastra el país y con presión de importaciones baratas de bienes y servicios de consumo, el resultado no es crecimiento económico sino cierre de empresas menor inversión y caída del empleo. Esto es lo que está pasando y seguirá pasando en el país mientras dure esta tragedia económica.
Es que, si se amplía la brecha entre salarios bajos y salarios altos, las empresas de mayor productividad (que son una minoría que demanda menos empleo) tienen más incentivos para actualizar bienes de capital que las empresas con menor productividad.
Por lo mismo, si bajan los salarios en las unidades de menor productividad (que son la mayoría que demanda empleo), estas empresas atrasan aún más nuevas inversiones de capital porque el trabajo es relativamente más barato(además que no hay crédito).El resultado es que baja la productividad promedio del conjunto del sistema económico.
Lo anterior es más acentuado por la velocidad actual de los cambios tecnológicos que hace que los bienes de capital tengan una vida económicamente rentablecada vez más corta. Atar los salarios a las diferentes productividades atrasa cada vez más la incorporación de tecnología avanzada y con ello se reduce la productividad para la gran mayoría de empresas y el conjunto del sistema.
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Mucho más en economías caracterizadas por una fuerte heterogeneidad productiva como la argentina. El resultado lógico es mayor concentración económica, salariosmás bajos para la mayoría, más altos para una escasa minoría, menor productividad y menor competitividad para el conjunto del sistema productivo.
Esto es más grave si, como hace este gobierno,se recorta la prestación de los bienes y servicios públicos que hacen a la competitividad sistémica, desde la infraestructura (transporte, energía, comunicaciones, etc.) hasta los servicios sociales que impactan en la productividad de la fuerza de trabajo (salud, educación, ciencia y tecnología, etc.).
De paso, pese al recorte fiscal y monetario, la caída de la productividad sistémica y la mayor concentración económica aumenta las presiones inflacionarias.
Estos procesos se vienen verificando históricamente en la Argentina, y gran parte de América Latina, lo cual se corresponde con una conocida evidencia: el grueso del empleo es demandado por pequeñas y medianas empresas de baja productividad (en gran medida de forma informal). La legislación laboral que acaba de aprobarse, junto con la destructiva política macro y microeconómica, no tiene ninguna posibilidad de revertir este problema estructural; por el contrario, lo profundiza.
La productividad y competitividad sistémica se estimula con salarios acordados colectivamente"
Además amplía la ya desigual distribución de ingresos y riquezas.
La experiencia internacional muestra que en aquellas economías que lograron compaginar mayor competitividad con mayor igualdad distributiva, los salarios se negocian de forma institucional y centralizada, bajando su dispersión y vinculándolos con la evolución de la productividad media de la economía, no con la de cada empresa.
Lo anterior se complementa con acuerdos colectivos para inversiones en innovaciones tecnológicas, con incentivos a privados y fuerte inversión pública.
En síntesis, la productividad y competitividad sistémica se estimula con salarios acordados colectivamente, baja dispersión de los mismos y teniendo como referencia la productividad promedio de la economía. A esto se suma una fuerte inversión pública en infraestructura y servicios públicos estratégicos para la productividad de la economía y el bienestar de la población.
Con el achatamiento de la dispersión salarial(salarios bajos más altos y salarios altos más bajos), serán las empresas más productivas las que demanden empleo, lo cual mejora la calidad del mismo. Al mismo tiempo, se estimula el aumento de productividad y salarios en el resto de la economía.
Así, sube el salario promedio y se estimula la inversión tecnológica que logra competencia genuina del conjunto del sistema económico. Esto debe acompañarse y estimularse con fuerte inversión en sectores estratégicos y en políticas sociales que mejoran la protección de la fuerza laboral y con ello la productividad social.
El ignorante programa económico que impone el gobierno argentino, con la complicidad de gran parte de la dirigencia del país, genera incentivos y relaciones económicas totalmente opuestas a las señaladas. Promueve mayor desigualdad salarial, mayor precariedad laboral, improductividad y menor competitividad sistémica.
Así, solo prosperan pocos enclaves privados de alta renta que no demandan gran cantidad de empleo y no transfieren beneficios al conjunto de la sociedad. Mucho más si la política macroeconómica sigue distorsionando precios relativos y habilitando ganancias especulativas en el sector financiero y de rentas naturales.
Los resultados económicos y sociales de estas políticas ya están a la vista y son totalmente frustrantes. No es que haya algo mal que hay que ajustar en el programa económico y social del gobierno: el conjunto de las políticas económicas y sociales del gobierno argentino está mal y empujan al país en dirección a una caída cada vez más “libre”.
