La publicación del reporte nacional de Aprender 2023 la semana pasada y la evidencia sobre el estancamiento de la educación en nuestro país obliga a pensar sobre la utilidad que hace el Estado y las instituciones educativas de la información que se genera. En esta línea, hace unos semanas, este diario publicó una nota que analizaba un informe sobre el uso positivo que directores de escuela realizan sobre los reportes con los resultados de las evaluaciones Aprender.
La devolución de estos reportes es parte de una política de evaluación formativa que comenzó a implementarse en 2016, a partir del supuesto de que el aprovechamiento de la información evaluativa no sólo debían realizarlo las autoridades nacionales y provinciales, sino también la comunidad escolar.
Según señala el informe de Argentinos por la Educación mencionado en la nota, hoy 6 de cada 10 directores de escuela utilizan el reporte. Esto es sumamente positivo porque la evidencia mundial ha mostrado que el uso de este tipo de reportes contribuye efectivamente a mejorar los resultados escolares. Tiene sentido pensar que parte del éxito de esta política se relaciona con el hecho de que ésta es una política que se ha sostenido en el tiempo.
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Un contrapunto que señalan las investigaciones internacionales es, sin embargo, que quienes más tienden a aprovechar este tipo de recursos son los equipos que ya vienen funcionando bien. En otras palabras, es en aquellas instituciones donde más hace falta un trabajo en base a los resultados de los estudiantes que es menos probable que se aprovechen estos reportes y cualquier otro tipo de recurso similar.
De acuerdo con lo estudiado por las investigadoras Kim Schildkamp y Mei Kuin Lai, entre otros, existen al menos tres tipos de condiciones previas necesarias para que las instituciones escolares desarrollen una mayor inclinación a la utilización de evidencia: condiciones individuales, condiciones institucionales y condiciones relacionadas con las propiedades de la información que se brinda.
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En relación a las condiciones individuales, las escuelas que más utilizan evidencia suelen tener equipos formados con habilidades para leer diferentes indicadores, sintetizar datos, hacer inferencias y postular conclusiones, así como equipos directivos que lo favorecen. En cuanto a las condiciones institucionales, el contexto en el que se insertan estas escuelas es clave (por ello aquí no sólo es importante el trabajo que han venido haciendo sostenidamente los equipos de educación en el Estado nacional sino también las 24 jurisdicciones), la existencia de oportunidades de colaboración entre docentes y/o directivos (en las que se pueda reflexionar sobre esos datos y crear proyectos a partir de ellos), y el nivel de autonomía que directivos y docentes perciben para poder hacer cambios (es decir, ¿sobre cuántos de los desafíos que veo en estos reportes puedo operar?).
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Finalmente, existen condiciones relacionadas con las propiedades de la información. Aquí tiene relevancia la percepción que el usuario de la información tiene del emisor: quien envía el “mensaje”, ¿es legítimo para mí? De nuevo, no hay dudas de que el trabajo sostenido de los equipos nacionales y jurisdiccionales es un elemento clave para explicar la creciente penetración y credibilidad que han ganado los reportes, independientemente del color político de quien gobierne.
La posibilidad de que las escuelas cuenten con datos relevantes, simples y con algún grado de comparabilidad con otras escuelas ―preservando el anonimato previsto en la ley― agrega calidad a la política de evaluación de los aprendizajes en la educación básica, que ha sido tradicionalmente una fortaleza en nuestro país.
En un contexto de indicadores de éxito de esta política y de burocracias con capacidades para ello, es importante que el próximo paso sea contribuir al fortalecimiento de las condiciones mínimas en las escuelas para el mejor aprovechamiento de esa información; es fundamental asegurarse que quienes lo utilicen sean quienes más necesiten beneficiarse de ella.
