El análisis histórico de la educación revela que ésta ha cumplido diferentes funciones a nivel social. De acuerdo con tesis famosas, como las del pedagogo Juan Carlos Tedesco (1970, 2012), en el período de formación de los estados-nación, la educación básica tuvo la finalidad de formar ciudadanos que adhirieran al proyecto de nación.
En tanto, la creación de la educación secundaria −en un debate que cristalizaría las diferencias entre Sarmiento y Mitre− tuvo que ver más con la necesidad de formar las elites que dirigirían los países nacientes.
Con el avance del siglo XX, nuevas corrientes ideológicas empezaron a pensar la educación como un insumo para la producción de recursos humanos, mientras que a partir de los 90s las reformas educativas comenzaron a carecer de un sentido: era la reforma por la reforma, con el sólo objetivo de eficientizar el sistema.
A nivel internacional, el movimiento de los derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial contribuyó fuertemente para que el discurso de la educación como derecho humano calara en la narrativa de quienes abogan por la universalización del servicio.
El famoso documento de Jacques Delors de 1993, según el cual los pilares de la educación son “aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer” aún no pierden vigencia.
En la actualidad, existe consenso en que la educación obligatoria debería, a grandes rasgos, preparar a las personas para participar plenamente en la sociedad tanto como ciudadano como miembro productivo. En la práctica, esto significa que, como mínima, un egresado de nivel secundario debería tener herramientas elementales para trabajar, para continuar sus estudios superiores (si así lo desea) y para cumplir sus deberes y hacer cumplir sus derechos cívicos.
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Tedesco sostenía que el gran propósito de la educación en el siglo XXI debía ser la justicia social (2012). Para ello, debían darse algunas condiciones, como inversión en primera infancia, cumplimiento de la obligatoriedad en el nivel secundario, mejor formación docente, entre otras.
Cuando saber y aprender a hacer entusiasman
Más allá de que la evidencia demuestra que el camino para la justicia educativa está repleto de políticas como ésas (por supuesto que todas esas políticas y más son necesarias para una mayor justicia), poco se dice acerca de cómo la política curricular debe formar ciudadanos y construir una narrativa para que todos −fundamentalmente, quienes somos privilegiados− estemos dispuestos a vivir en una sociedad más justa y pacífica, con todo lo que ello implica: habilidades para resolver conflictos, disposición a contribuir para la redistribución, dedicación a tareas que no necesariamente nos agradan, una relación más consciente con la tecnología (a sabiendas del impacto de la IA en nuestros sesgos), consumos más responsables (aunque esta temática está emergiendo con fuerza en el ámbito de la educación ambiental).
Cómo se educa a las elites es un tema crítico para la justicia social, máxime considerando que −más allá de todo lo que se realice en el campo educativo− el mayor predictor de los desempeños académicos y oportunidades futuras de una persona continúa siendo su punto de partida.
En tiempos de debates estructurales entre nuestros representantes, se vuelve necesario retomar este tipo de discusiones: la política curricular nacional y provincial que orientará la formación de las nuevas generaciones, y todos los apoyos que ellas requieran para que sean concretizadas en su mejor versión.
Otorgarle a la educación el lugar que merece acaso algún día pueda ser parte de las bases y puntos de partida para la reorganización de Argentina.
