Covid-19, cuarentena, fronteras internas, barbarie e ignorancia y, mientras tanto, millones de niños no han concurrido presencialmente a la escuela en la Argentina un solo día durante 2020. ¿No ha provocado ello un riesgo de vida para miles de chicos mayor que el de poder haberse contagiado y cursado la enfermedad?
Imaginemos, por ejemplo, dos jóvenes que concluyeron su educación secundaria en la provincia de Buenos Aires en 2018. Imaginemos también que uno de ellos concurrió a una escuela pública y el otro a una privada. ¿Podemos afirmar que están igualmente calificados para seguir estudios universitarios o insertarse en el mundo laboral? La respuesta objetiva es no. El joven que ingresó en 2013 a una escuela pública perdió, durante los seis años de su escolaridad, 87,5 días de clase a causa de paros docentes.
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Recordemos ahora el paro docente en Santa Cruz en 2017, el cual alcanzó 108 días, por lo cual más de 70 mil estudiantes perdieron en la práctica el año. El gobierno provincial anunció, en ese entonces, un nuevo calendario el cual indicaba que las clases debían comenzar el 14 de agosto, incorporándose los sábados y extendiéndose hasta el 31 de marzo de 2018, manteniéndose el receso de verano sólo durante enero. ¿Cuál es hoy el valor de aquella resolución? Obviamente ninguno.
¿Quién puede pensar, en cualquiera de estos ejemplos, y tantos otros provistos por los paros docentes que minan la educación en nuestro país, que los días perdidos se recuperan en la realidad? Por supuesto, los niños de familias humildes son los más perjudicados, es imposible desconocerlo.
Una programa de formación docente federal y permanente
Retornemos a nuestro hoy, al Covid-19, a un año con las escuelas cerradas. El proceso que lleva a construir gradualmente el capital humano no se percibe cuando el niño o el joven concurre diariamente a la escuela, sino que vemos su resultado varios años después. Su vida no será la misma luego de 2020. En los casos menos extremos, los niños no desarrollarán todo su potencial, las posibilidades de alcanzar una vida mejor han disminuido diariamente con cada día que las escuelas han permanecido cerradas. En el peor escenario, aquellos chicos que han abandonado la escuela para no volver se convertirán en los desocupados de mañana, y serán fértil presa de caer tentados por actividades ilícitas que los pueden conducir a una temprana muerte violenta o a pasar largos años a en prisión. ¿No es ello acaso riesgo de vida? Esas muertes prematuras, hoy ignoradas, serán también fruto de la pandemia.
¿Qué será en su vida adulta de un niño que cursaba la primaria en Santa Cruz en 2017, que no abandonó sus estudios en ese entonces, y que en 2020 no concurrió a clases un solo día? Mejor no pensarlo, como ejemplo creo que es más que suficiente.
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Por ello debe decretarse la emergencia educativa y, en su marco, declararse a la educación un servicio público esencial. Los sindicatos docentes siempre se han opuesto a esta iniciativa, fundando su rechazo en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no es un servicio esencial, dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.
Es claro que esta interpretación dista de ser correcta para nuestra realidad; privar a los niños de educación genera riesgo de vida y, por ende, la educación debe ser declarada un servicio público esencial. ¿Quién se atreve a negarlo?
* Edgardo Zablotsky, Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de UCEMA. Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.
