A comienzos de enero de 2026, el gobierno argentino publicó el DNU 941/2025, una orden que reestructura radicalmente el sistema nacional de inteligencia. Promulgado en el Boletín Oficial durante el receso de verano del Congreso (como cuando, en diciembre de 2023, el presidente Milei intentó designar jueces de la Corte Suprema por decreto, una decisión que desató controversia institucional y fue retirada poco después ante la falta de respaldo político y legal), el decreto otorga a los agentes de inteligencia la facultad de "detener personas en el acto", un rol hasta ahora exclusivo de las fuerzas de seguridad.
Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983, los servicios de inteligencia podrán detener ciudadanos sin orden judicial previa, siempre que sea "en el marco de actividades de inteligencia" o ante un delito flagrante. Además, se declara que todas sus acciones serán "secretas", eximiéndolos de rendir cuentas ante el Congreso. En los hechos, SIDE adquiere funciones policiales, pero sin controles públicos ni judiciales.
El alcance de los cambios es profundo. Los agentes podrán aprehender personas a voluntad, usando la fuerza para proteger instalaciones, personal e información. La SIDE incluso podrá convocar a las Fuerzas Armadas para tareas de inteligencia interna, rompiendo una frontera legal histórica. Lo más grave: se deroga expresamente la prohibición legal que impedía a los servicios de inteligencia realizar "tareas represivas o compulsivas". Lo que era un freno frente al abuso de poder, ahora se habilita por decreto.
Organismos de derechos humanos alertaron que la norma carece de criterios claros, abriendo la puerta a detenciones arbitrarias, persecución e intimidación. En un comunicado conjunto advirtieron: "Por primera vez en democracia, los servicios de inteligencia tienen poder de arresto". La crítica no es sólo jurídica: es institucional. Una reforma de este calibre debió ser discutida en el Congreso. La Ley Nacional de Inteligencia de 2001 impuso controles estrictos justamente para evitar un aparato de seguridad subordinado sólo al Poder Ejecutivo. Hoy, ese modelo se desarma por decreto, en vacaciones.
En democracias consolidadas, existe una división clara entre inteligencia y policía. En Estados Unidos, la CIA tiene prohibido ejercer funciones policiales; la seguridad interna es competencia del FBI, bajo supervisión judicial. En el Reino Unido, el MI5 coopera con la policía, pero no tiene facultades de arresto. En Alemania, la BfV (inteligencia interior) no tiene funciones coercitivas: si detecta amenazas, las transfiere a la justicia. Esa separación institucional existe para evitar abusos como los del Stasi o la Gestapo.
Incluso bajo amenazas reales, esa línea se mantiene. Tras el 11-S, EE.UU. y Reino Unido reforzaron la cooperación entre inteligencia y seguridad, pero sin fusionar funciones. Las detenciones siguen siendo tarea policial, con orden judicial. No es una cuestión técnica: es un principio constitucional. Preserva libertades individuales asegurando que el uso de la fuerza esté regulado.
En el Reino Unido, el MI5 coopera con la policía, pero no tiene facultades de arresto"
Por el contrario, en regímenes autoritarios como Rusia, China o Irán, los servicios de inteligencia sí tienen capacidad de arresto y detención, y la línea entre seguridad e intimidación política se vuelve borrosa. En Rusia, el FSB puede detener personas en el marco de investigaciones de seguridad nacional.
En China, el Ministerio de Seguridad del Estado arresta ciudadanos acusados de atentar contra el Estado, muchas veces sin garantías judiciales. En Irán, los servicios de inteligencia actúan como fuerza represiva contra periodistas, activistas y disidentes. Estos modelos muestran los riesgos de fusionar inteligencia con funciones policiales: erosionan libertades y permiten abusos sin control.
El nuevo decreto argentino invierte la lógica democrática. Autoriza detenciones sin orden judicial ni garantías procesales. Al carecer de criterios objetivos, el poder se vuelve discrecional. Cualquier ciudadana que participe de una protesta o critique al gobierno podría terminar vigilada o detenida sin protección legal.
Además, el decreto debilita los mecanismos de control. Declara todas las actividades como "secretas" y exime a la SIDE de informar al Congreso sobre sus operaciones o presupuesto. También obliga a distintos organismos del Estado a compartir sus bases de datos, ampliando la capacidad de vigilancia. Esta combinación de espionaje masivo y poder de arresto se parece más a los modelos autoritarios que a los democráticos.
Hay razones históricas para mantener separados los ámbitos de inteligencia y seguridad interior. Durante la última dictadura, los servicios de información funcionaron como policía secreta, responsables de secuestros, torturas y desapariciones. Con la democracia, la ley prohibió expresamente las tareas represivas. Recuperar el nombre SIDE y devolverle poder de detención es un retroceso simbólico y operativo.
El decreto también subordina la SIDE directamente a la Presidencia, sin control civil ni judicial. El riesgo no es teórico: si los espías pueden detener sin consecuencias, opositores, periodistas o referentes sociales pueden ser blanco fácil. La línea entre amenaza real y disidencia política se diluye peligrosamente.
En el plano internacional, esto aleja a Argentina de los estándares democráticos. Si el país sigue este camino, no sólo compromete derechos individuales: erosiona su reputación como democracia constitucional.
El Decreto 941/2025 no es una reforma técnica. Es una reconfiguración de poder. Elude al Congreso, debilita el control judicial y restaura prácticas que se desmantelaron con la dictadura. El argumento oficial, agilidad ante amenazas, no justifica desarmar la arquitectura institucional que previene el abuso.
Argentina tiene instituciones valiosas y una sociedad civil activa. Pero esos logros dependen de límites al poder estatal. La tentación de sacrificar libertad a cambio de una seguridad ilusoria es antigua, y siempre tiene un costo. Permitir que los servicios de inteligencia detengan personas en secreto no fortalece la democracia. Es un paso en dirección contraria.
Antes de apoyar una reorganización que otorga más poder a una estructura opaca, es útil pensar que ese poder se le está otorgando a cualquiera que pueda ocupar ese lugar. Ayuda hacer un repaso de quiénes lo ocuparon en el pasado, quién lo ocupa hoy, y quiénes podrían ocuparlo mañana, y luego preguntarnos si nos sentimos cómodos dándole ese poder a cada persona en esa lista.
*Analista político
