La legislatura de Chubut ha sido la primera de la Argentina en convertir en ley la “ficha limpia”. En una decisión tomada por unanimidad, los legisladores provinciales establecieron esta semana que quienes tengan condena de segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos u otros delitos dolosos contra la administración pública, no podrán presentarse como candidatos a cargos electivos ni ejercer cargos partidarios.
Otras provincias seguramente se sumarán a la medida. En Mendoza una norma similar tiene media sanción de Diputados –lograda con apenas un voto en contra- y está tratándose en el Senado con pronóstico favorable. Hay diferentes proyectos presentados en casi todas las jurisdicciones, con tratamiento en curso en Salta, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Congreso Nacional se empezó a tratar nuevamente el tema, también en estos días, en Comisión de la Cámara de Diputados donde, hace pocos meses, llegó a tener dictamen favorable y faltaron pocos diputados para obtener el quórum necesario en el recinto.
Estos avances son, en gran medida, consecuencia de una intensa campaña lanzada por ciudadanos independientes, sin filiación partidaria, que reivindican el derecho a participar de la vida pública y a promover conductas éticas, comprometidos en la lucha contra la corrupción.
Hace dos años Gastón Marra, licenciado en administración de empresas y sistemas y profesor universitario, lanzó una petición en Change.org reclamando una ley de Ficha Limpia. Esa petición, que ya cuenta con más de 367 mil firmas, fue el puntapié inicial de una movida inédita de la cual participan miles de personas en las redes sociales.
Los legisladores provinciales de Chubut establecieron.que quienes tengan condena de segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos u otros delitos dolosos contra la administración pública, no podrán presentarse como candidatos a cargos electivos ni ejercer cargos partidarios
Lo novedoso es que sus impulsores no se limitaron a sumar firmas sino que desplegaron una serie de iniciativas para difundir su reclamo. Actos públicos antes de la pandemia y reuniones virtuales en los últimos meses, presentaciones ante el Congreso de la Nación y diferentes legislaturas provinciales, diálogos directos con legisladores nacionales y de las provincias, constantes comunicaciones a través de los medios y las redes, son algunas de las actividades desarrolladas, todas ellas con amplia participación de personas sin experiencia partidaria vinculadas de un modo horizontal, donde quien lo desea encuentra puertas abiertas y un entusiasmo contagioso.
El planteo se efectúa por afuera de la grieta, sin entrar en la polarización tan típica –lamentable y dañosa- en estos tiempos. Apunta a lograr algo concreto, con sólidos fundamentos constitucionales y legales: que quienes ya fueron condenados por delitos dolosos, más aún si lo fueron contra el Estado, es decir, contra la sociedad en su conjunto, no puedan ser candidatos a cargos electivos. Si bien hay algunas diferencias en los proyectos de normas presentados en cada jurisdicción, el espíritu general es común y se basa en dichos principios.
Recordemos que el artículo 36 de la Constitución Nacional define como atentado contra el orden democrático la comisión contra el Estado de un delito doloso que conlleve enriquecimiento. A nivel nacional, la ley de Empleo Público prohíbe el ingreso a la administración no sólo a los condenados sino incluso a quienes tengan proceso penal pendiente por cualquier delito doloso y por delitos en perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
Por eso lo que procuran los proyectos de Ficha Limpia es que una doble condena –aun cuando no esté firme- sea suficiente para impedir que esas personas condenadas ya en dos instancias, no puedan acceder a cargos tan relevantes como los de representar a la sociedad.
Es por demás conocida la exasperante lentitud de los procedimientos judiciales, especialmente agravada en los casos de corrupción que, en promedio, duran más de 14 años de tramitación para llegar a una sentencia firme. Se plantea así el absurdo de que alguien con un simple procesamiento no pueda acceder al empleo público mientras que ha habido –y hay- notorios casos de legisladores nacionales y provinciales con varias condenas aferrados a sus bancas, cuando no, refugiados en la absurda distorsión del concepto de fueros parlamentarios.
Para enfrentar la durísima situación que el país afronta son acuerdos amplios y políticas de estado sostenidas en el tiempo y enfrentar la corrupción sistémica es uno de los temas esenciales de esa agenda
En rigor no se conocen posturas públicas contrarias a una limitación tan razonable como necesaria para empezar a sanear un sistema político altamente cuestionado. Es que no es sencillo para ningún sector de la dirigencia asumir la defensa de personas condenadas por delitos graves, como lo demuestran las votaciones en Chubut y Mendoza donde, cabe reiterarlo, Ficha Limpia fue aprobada por unanimidad en la primera y amplísima mayoría en la segunda.
Por supuesto merecen el reconocimiento quienes presentaron los proyectos y los impulsaron en sus respectivas Legislaturas, como María José Sanz y José Orts en Mendoza, Manuel Pagliaroni y Gustavo Menna en Chubut, pero quizás lo más significativo sea el valor de la participación de miles y miles de ciudadanos comunes que decidieron, desde el anonimato, asumir el rol que les corresponde en un Estado de Derecho democrático.
Si algo necesitamos hoy para enfrentar la durísima situación que el país afronta son acuerdos amplios y políticas de estado sostenidas en el tiempo y enfrentar la corrupción sistémica es uno de los temas esenciales de esa agenda. La experiencia de Ficha Limpia es una luz de esperanza en esa dirección.
*Abogado.
