Las medidas anunciadas a fin de 2019 y aplicadas antes y durante la cuarentena generaron no pocas dudas por el giro hacia un aumento de la presión tributaria, controles cambiarios, y el retorno a un enfoque dirigista y proteccionista, afín al mercantilismo de varios siglos atrás. La llegada del COVID-19 cambió la realidad económica. Su avance y sus daños siguen y seguirán acumulándose por varios trimestres más.
La cuarentena iniciada en marzo evitó contagios en los primeros dos meses, aunque se inició algo tarde. Por diversos motivos, incluidos episodios lamentables en varias provincias, su gestión fue perdiendo aceptación, junto con la caída de la actividad y del ingreso disponible. Los subsidios y decretos emitidos para evitar despidos fueron paliativos parciales. El fuerte aumento de gasto público para aliviar la situación de familias y empresas aumentó el déficit fiscal, el cual debió financiarse con emisión monetaria. La incertidumbre creciente motivó la retención precautoria de dinero, evitando una disparada hiperinflacionaria, pero aun con controles estatales, los precios no dejaron de subir. La caída de actividad y empleo con suba de impuestos e inflación persistente agudizaron la huida hacia el dólar, aun después del duro segundo trimestre.
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Las cuarentenas golpearon a la Argentina en estanflación, con una crisis de balanza de pagos no totalmente resuelta y sin financiamiento externo. El giro a una redistribución populista sonaba atractivo para las nuevas autoridades, pero sus límites son más estrictos cuanto más caen la actividad y la inversión. Si se opta por seguir bloqueando la economía con controles e impuestos, la recuperación de la inversión y de empleos es imposible. El giro a un programa menos populista exige un aceitado diálogo con los potenciales perdedores, caso contrario el gobierno queda a merced de las voces más “ultra” de los diversos sectores. El diálogo segmentado no sustituye per se a un ámbito coordinado, llámese mesa o consejo económico y social, o con otro nombre. Se anunció en diciembre de 2019 pero aun hoy brilla por su ausencia.
Los controles de cambios se tornaron más prohibitivos, pero menos efectivos. Las medidas del BCRA de septiembre llevaron al dólar blue a $200 y aceleraron la caída de reservas internacionales. Si bien el Ministerio de Economía detuvo esta minicorrida, el 2021 lo inicia con insuficientes dólares para pagar al FMI los vencimientos del segundo semestre de 2021. Forzosamente deberán reprogramarse los pagos al FMI, que se concentran entre 2022 y 2024. Pero esto exigirá un programa económico creíble, macroeconómica y políticamente sostenible, que asegure estabilidad, competitividad e incentivos para la inversión y la demanda de mano de obra. Algo inviable con controles estatales invasivos, costos en aumento, y percepción de riesgo para la propiedad privada de bienes y activos.
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El año próximo no se perfila fácil para nadie. El resto del mundo arranca 2021 con una segunda cepa de COVID-19 y contagios que se tratan de contrarrestar con cuarentenas y restricciones. En general se espera un rebote positivo, pero no suficiente para mejorar el bienestar general de manera sustancial. En general se espera un crecimiento del PBI por no mucho más de un 4%, con inflación en torno de 50%, y el dólar oficial no crecería más que el IPC. Las autoridades probablemente amplíen el menú de instrumentos de ahorro ajustados por inflación y tipo de cambio.
De todos modos, el resultado final dependerá de la flexibilización o no de los controles al transporte y a las actividades económicas por el COVID-19, del acuerdo o no con el FMI, y de los ruidos políticos previos a la elección legislativa de octubre. Lo único que se perfila con cierta claridad es que la eventual reactivación económica no logrará revertir el empobrecimiento y la falta de oportunidades que afectan a cada vez más personas, y no sólo a las que ya se encuentran en condiciones de extrema pobreza.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la USAL.
