Ni la pérdida del poder adquisitivo ni las malas condiciones en las que trabaja la policía bonaerense son parte del verdadero reclamo detrás de una sublevación con aires de sedición. La policía tiene prohibida la sindicalización y más: no puede bajo ningún punto de vista hacer una huelga. Es un servicio esencial.
El déficit estructural de la Bonaerense, de sueldos, chalecos blindados, patrulleros y otros ítems tiene muchos años. No se explica que, en menos de tres días, ese malestar termine con fuerzas de seguridad armadas rodeando la Quinta de Olivos, cercando al presidente. Horas antes un uniformado se subió a una antena, mientras otros estaban concentrados en Puente 12. Y antes rodearon la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
A esos que rodearon la Quinta, Alberto Fernández los invitó dos veces a dialogar. Se negaron adelante de las cámaras y pidieron que Kicillof fuera a La Matanza, donde estaba el epicentro de la protesta.
¿Quiénes son los que mandan en esta manifestación? ¿Son los que rodean la Quinta de Olivos? ¿Son los que están en La Matanza? ¿O en La Plata y Almirante Brown? Hay policías retirados, civiles que no son policías, y caras que nadie o al menos pocos conocen. Muchos voceros. Y mucho peligro.
El gobierno bonaerense anticipó, ni bien asomó el primer reclamo, un aumento. Reconoció también que había un atraso salarial de al menos 30 puntos. Pero los policías no solo no se calmaron, pararon las patrullas en la calle, paralizaron el servicio de seguridad en el lugar más inseguro de la Argentina.
¿Quién los banca? Eso se preguntan desde el presidente hasta la justicia. Hay una causa en curso que tiene la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Pero dejó de ser esto un reclamo salarial, gremial, casi desde el inicio. Es un problema político que tiene, más allá de las deudas del actual oficialismo en el pasado, expresiones como mínimo irresponsables en la oposición.
En los últimos días, la ex diputada nacional Elisa Carrió llamó a la desobediencia civil desde un estudio de televisión. Entre julio y agosto, en medio de la pandemia de coronavirus, otros dirigentes, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri, festejaron las movilizaciones masivas y denunciaron restricción de las libertades individuales, omitiendo tal vez que es algo que, en un contexto excepcional, pasó en todo el mundo. Se fue creando un clima enrarecido en medio de errores y aciertos del Gobierno con la pandemia.
En el principio de la protesta, por ejemplo, el ex embajador Jorge Yoma sugirió que estaban los servicios de inteligencia detrás. Luego, dijo que en rigor había un problema en la cadena de mandos.
Por favor, dejen de hablar de golpe de Estado
— Jorge Yoma (@NegroYoma) September 9, 2020
Si el Presidente de la Nación tiene que recibir a un grupo de policías provinciales por un reclamo salarial , hay un problema en la cadena de mandos
No de la cana, sino en el poder político
Hubo repudio a la sublevación de esa misma dirigencia que hace días llamaba a la desobediencia civil. Está bien, pero es para la tribuna. Mejor sería que eviten ese tipo de expresiones que pueden convertirse en acciones. De hecho, esta vez, a través de la Bonaerense, pasó a la acción.
Está claro que agitar este tipo de desafíos, en Argentina, con una policía como la que tenemos -cuyo deterioro no es responsabilidad de la oposición- contribuye a sublevaciones como estas. Lo que están haciendo algunos miembros de la policía bonaerense (muchos, lamentablemente) es ilegal. Lo dictó la Corte Suprema en 2017 ante un reclamo, precisamente, de la policía bonaerense. El problema es a qué costo lo resuelven el presidente y el gobernador.
La policía bonaerense tiene casi 100 mil uniformados, muchos de ellos mal formados, con armas, como parte de la necesidad de la dirigencia política de dar la sensación de mayor presencia policial. La policía local, creación de Daniel Scioli, sacó policías como en una fábrica de chorizos, cada seis meses.
El último intento de reforma real fue de León Arslanián. Pero luego se dio marcha atrás. Esa, también, es otra deuda de la política.
