Entre mayo de 2025 y febrero de este año la inflación mensual se duplicó y acumuló nueve meses de subas ininterrumpidas. Marzo no parece ser la excepción. Si bien los procesos de estabilización rara vez son lineales, esta dinámica pone en cuestión la estrategia oficial para desacelerar los precios.
El dato de febrero refuerza el diagnóstico. La inflación fue de 2,9% mensual, sin cambios respecto de enero. Más preocupante aún, la inflación núcleo –el componente más estable– alcanzó 3,1%, el nivel más alto en casi un año. Los precios regulados, en tanto, subieron 4,3%, impulsados por la actualización de tarifas de servicios públicos. Estas tarifas tenían una ponderación mayor en la canasta de consumo de 2017/2018, que el Gobierno decidió no actualizar. Si lo hubiera hecho, hoy estaríamos hablando de una inflación mensual superior al 3%.
En ese contexto –con la inflación sin mostrar señales de desaceleración–, el ministro de Economía Luis Caputo empezó a esbozar una explicación que marca un giro respecto del énfasis monetarista que había caracterizado al programa: la corrección de precios relativos.
La idea detrás de este enfoque es conocida: cuando algunos precios quedan rezagados respecto del resto –como ocurre con las tarifas– subirlos es la única forma de recomposición, ya que en la práctica los precios rara vez bajan. El problema es que ese proceso de recomposición es, en sí mismo, inflacionario.
Este argumento introduce una tensión dentro del propio discurso oficial.
Por un lado, relativiza la idea de que la inflación responde exclusivamente a factores monetarios. Por otro, contradice planteos previos dentro del equipo económico (en particular de Sturzenegger) quien sostenían que los aumentos de tarifas no tendrían impacto inflacionario relevante porque la menor demanda de otros bienes y servicios llevaría a una baja en su precio.
Si la clave está en los precios relativos, la pregunta relevante es cuán desalineados se encuentran en la Argentina.
Para contestarla, podemos mirar el Índice mensual de precios relativos elaborado por Fundar. El primer dato es contraintuitivo. De acuerdo con estimaciones comparables para la región, Argentina no es cara en dólares en términos agregados: de hecho, es 8% más barata que el promedio latinoamericano y también más barata que Uruguay, México, Chile y Brasil.
Esta afirmación puede resultar llamativa para quienes viajaron al exterior en los últimos meses. Sin embargo, las fotos de esos viajes no son la película completa. Sí, los rubros vinculados al turismo –como restaurantes, indumentaria o recreación– son caros en Argentina. En cambio, aquellos asociados a las condiciones estructurales de vida –como salud, educación o servicios públicos– siguen siendo relativamente bajos.
Desde 2024 se observa una convergencia: los rubros que estaban muy por encima del promedio regional tendieron a moderarse, mientras que los más atrasados comenzaron a ajustarse, en particular a partir de la reducción de subsidios.
Sin embargo, el proceso está lejos de haber concluido. Las tarifas continúan siendo bajas en términos relativos y su corrección implica presiones inflacionarias directas e indirectas, dado su impacto sobre los costos del resto de la economía. A esto se suma un contexto internacional menos favorable, donde el encarecimiento de la energía dificulta la reducción de subsidios.
Un aspecto clave en este esquema es el tipo de cambio, otro precio relativo central. Aun cuando el nivel general de precios no luce elevado en dólares en comparación regional, la economía argentina presenta una demanda estructuralmente alta de divisas: de las familias para ahorrar, del Banco Central para acumular reservas y del Tesoro para pagar deuda. Esto sugiere que el tipo de cambio de equilibrio podría ser más alto –y, por lo tanto, los precios en dólares más bajos– para sostener el proceso de estabilización sin generar tensiones cambiarias. La discusión sobre precios relativos no se limita a las tarifas: también incluye al dólar.
Con precios relativos todavía por corregir, la estrategia antiinflacionaria enfrenta un límite. El orden fiscal y monetario resultaron efectivos para reducir la inflación desde niveles muy elevados, pero no parecen suficientes para completar el proceso. La evidencia comparada muestra que la etapa final de la desinflación –cuando se busca perforar pisos más bajos– suele ser más lenta y compleja. Por eso no es recomendable fijar metas excesivamente optimistas que luego resulten difíciles de cumplir.
El desafío, entonces, es administrar la corrección de los precios relativos sin desanclar la dinámica inflacionaria. La variación de precios, al menos en esta etapa, ya no puede explicarse solo por la cantidad de dinero. El propio Gobierno empieza a reconocerlo. Resta ver si ese cambio en el diagnóstico se traducirá en modificaciones concretas del programa.
*Director del área de economía de Fundar.
