Nuevos anuncios viejos comunicados bien podría haber sido el título de la columna en voz de un Alberto Fernández sin iniciativa proactiva sino reactiva a un estado de la pandemia que lo superó ampliamente por ineficacia en la gestión y no por los efectos propios del Covid-19.
La mala gestión que arrastra, sumada a escándalos y la falta de reputación y credibilidad no puede sino culminar en la búsqueda infructuosa de culpables en terceros, en otras fuerzas políticas y en la sociedad civil.
Pero resulta llamativo que siga castigando con medidas restrictivas a los que cumplen protocolos para poder llevar a cabo su actividad productiva o social, función clave para la cohesión dentro de la sociedad.
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Importante entonces es puntualizar que el gobierno no tiene la eficacia ni resultados esperados cada vez que renueva un DNU con carácter restrictivo en tanto ataca libertades constitucionales de quienes además, mayoritariamente -cumplen con la ley- forman parte del primer sector.
Ese sector, es el primer sector de la Argentina en varios sentidos fundacionales y esenciales. Pero este denominado de ahora en más, primer sector, tiene el grave problema que para la opinión pública, el sentido común imperante y principalmente el Gobierno Nacional es denominado como el tercer sector o sector de las organizaciones de la sociedad civil.
Entonces, proponiendo un marco de reinterpretación sobre el tercer sector, hasta aquí denominado como tal, corresponde dar cuenta que en verdad el tercer sector es en realidad el primer lugar o espacio primario de la sociedad en tanto es el sector en donde se generan espontáneamente las asociaciones privadas para beneficencia, cooperación y difusión de causas de bien común, defensa de intereses sectoriales, asociaciones deportivas y artísticas y hasta asociaciones con fines religiosos.
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Motivo por el cual, el primer sector constitutivo de nuestra vida social más próxima, más cotidiana, más afectiva incluso, resulta ser paradójicamente la vivencia civil que hoy encuentran mayor grado de restricción y regulación por el Estado o sector político.
Resulta altamente paradójico entonces y exige por parte nuestra una urgente adecuación y redefinición de todas estas actividades dejando de lado la expresión de tercer sector y empoderarlas para que vuelvan a tener primacía por sobre las visiones doctrinarias estadocentricas y decisionistas que las marginan desde su denominación y hasta por claros incentivos políticos de ordenamiento y direccionamiento sobre ese sector, máxime cuando importan más los superpoderes que la potencia individual agregada de modo societal.
Demos vuelta la página, la pandemia mostró en donde estaba lo primario y esencial de la sociedad y en donde debe estar ubicada la política como garante de esas relaciones.
Volvamos a repensarnos y veamos que lo que hasta hoy entendíamos como tercer sector es en verdad el primer sector de nuestra vida social.
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Repensemos entonces nuevamente que las relaciones socio-políticas no dependen exclusivamente de un DNU, escrito pretendidamente soberbio y aleccionador, que lejos está además de resolver la complejidad que sólo conocen bien las organizaciones sociales que están resolviendo a diario las problemáticas en el territorio.
Flaco favor, y resultados a la vista, se hacen los gabinetes políticos petrificados por una ideología que no admite innovación, pluralidad y menos toleran la crítica a su visión, cuando vemos los resultados e impactos de las políticas públicas que dicen ser supuestamente tomadas en base a datos y no a relatos.
Por una vez, cambiemos la perspectiva y apostemos al capital social como guía para la resolución de los asuntos comunes. Corramos al tercer sector a su lugar original: al primer sector de nuestra vida civil.
