El lunes el Presidente Alberto Fernández, en el marco de la visita de su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció que restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Para justificar esta decisión, aseguró que “muchos de esos problemas (que aquejan al país) se han disipado con el tiempo y estamos viendo cómo los acuerdos hicieron que avance en su proceso electoral.”
Distintas organizaciones como Human RightWatch o PROVEA se pronunciaron inmediatamente brindando datos y testimonios de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
La observación electoral es también una forma de defensa de los derechos humanos. De acuerdo a la Declaración de Principios Globales para la observación y monitoreo no partidario realizado por organizaciones ciudadanas, “se puede considerar a las y los ciudadanos observadores y monitores no partidarios de elecciones como defensores especializados de los derechos humanos, enfocados en los derechos civiles y políticos, que son fundamentales para lograr elecciones auténticas. Las elecciones auténticas requieren respeto por el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo los de asociación, reunión pacífica, expresión, libertad de medios, movimiento, seguridad personal, la protección igual bajo la ley para posibles electores y aspirantes políticos y la provisión de remedios efectivos cuando se violan los derechos relativos a elecciones.”
Alberto Fernández quiere restablecer relaciones con Venezuela
Dicho esto, y a diferencia de lo que aseguró Alberto Fernández, el Informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el marco de las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021 en Venezuela deja claro que los problemas no se han disipado.
El informe contiene 23 recomendaciones para futuros comicios, aunque considera siete de estas como prioritarias: 1) separación de poderes, 2) suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de la República de despojar a los ciudadanos de sus derechos políticos, 3) Campaña de educación al votante para promover la confianza en el voto, 4) Reforzar las facultades sancionadoras del CNE, 5) Equilibrar la cobertura de la campaña de los medios de comunicación del Estado, 6) Derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y 7) Mejorar la campaña de información a los ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa.
A continuación hacemos un repaso por los puntos más importantes del diagnóstico que hizo la delegación:
1. Falta general de condiciones
En el resumen ejecutivo del documento, se dejan claras las que se consideraron las “deficiencias estructurales que deberían abordarse en futuras elecciones, como la falta de seguridad jurídica, que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos y la repetición de las elecciones en el estado de Barinas, la entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral de partidos a facciones internas minoritarias, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación.”
2. Extralimitación en las facultades de la Contraloría General de la República
Uno de los elementos que contribuye (quizá el que más) al diagnóstico de “falta de seguridad jurídica” por parte de la delegación tiene que ver con la extralimitación de la Contraloría General de la República en sus funciones. En este sentido, el informe destaca que las inhabilitaciones de candidatos “consideradas como políticamente motivadas” a través de un proceso administrativo son contrarias no solo a los principios internacionales de integridad electoral sino incluso a la misma Constitución que en su Art. 42 establece que “sólo una sentencia firme puede suspender el ejercicio de los derechos políticos”.
3. Uso indiscriminado de los recursos del Estado a favor del oficialismo
La misión determinó que los candidatos del oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) se beneficiaron de los recursos del Estado (red de activistas, transporte, entrega de dinero, bienes y servicios) para “obligar a los votantes a participar en sus actividades y posteriormente a votar a favor del partido gobernante”. Al mismo tiempo, la libertad de movimiento de los candidatos opositores fue limitada por la falta de recursos y por el racionamiento del combustible. De esta manera, “mientras que la media de participación estimada en los actos del PSUV observada por la MOE -Misión de Observación Electoral- UE fue de 1.600, la de los actos de campaña de los partidos de oposición fue de sólo 335.”
4. Ley contra el odio, censura y autocensura
A las limitaciones técnicas y financieras que sufren los medios de comunicación en Venezuela, se suman la censura y la autocensura: “Los interlocutores de la MOE UE reportaron autocensura en 21 estados, y el cambio de la línea editorial de algunos medios de comunicación como resultado de presiones políticas en 13 estados”.
5. Participación política de la mujer: 19% de alcaldesas y 9% de gobernadores
La grave crisis humanitaria que afecta al país ha dejado a las mujeres en una situación de alta vulnerabilidad, a medida que muchos hombres han migrado y las tareas de cuidado familiar han recaído sobre las mujeres.
Esto, sumado a las condiciones estructurales que han alejado a las mujeres de la participación política, ha provocado una muy pobre representación de las mujeres en los cargos ejecutivos municipales y regionales: “las mujeres sólo representan el 19 por ciento y el 9 por ciento de los alcaldes y gobernadores elegidos, respectivamente”.
6. Registro de electores
Si bien la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) establece que el registro electoral es continuo, realmente esto solo ocurre durante periodos electorales y las actualizaciones solo pueden hacerse en las oficinas del CNE en las capitales de los Estados. Los observadores informaron que “el 12 por ciento de los puestos observados se instalaron en edificios gubernamentales o en zonas controladas por el partido gobernante,mientras que el 14 por ciento de los puestos no se instalaron”.
7. Plataforma Patria
Este es un tema fundamental en cuanto a la integridad electoral en particular, y a la protección de datos en general. La delegación de la UE se refirió a la Plataforma Patria, que recoge los datos de más de 21 millones de venezolanos. Estos datos van desde la fecha de nacimiento o domicilio hasta la afiliación partidista, la participación en actividades del partido de gobierno (PSUV) o el historial en redes sociales. Es muy preocupante que no hay información sobre la institución estatal responsable de dicha plataforma, “ni cómo y con qué fines se utiliza y almacena esta cantidad masiva de datos”. Tampoco hay información sobre cómo rectificar los datos o darse de baja.
8. Limitaciones a la observación electoral
La delegación de la UE destacó que de acuerdo al reglamento de 2020 del CNE que regula la observación electoral nacional e internacional, las misiones acreditadas no pueden publicar, sin la aprobación del CNE, ningún informe, algo “contrario al derecho a participar en los asuntos públicos y a las buenas prácticas internacionales expresadas en la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional.”
Por las limitaciones del formato es imposible ahondar en el resto de puntos, muchos de ellos fundamentales a la hora de determinar la integridad de un proceso electoral. Sin embargo, de manera general y amparándonos en los hallazgos de la misión de la Unión Europea, está claro que el proceso electoral estuvo lleno de arbitrariedades y malas prácticas sistemáticas con el objetivo de beneficiar al oficialismo.
Por si quedaba alguna duda de la falta de condiciones, no podemos dejar de mencionar el caso de Barinas.Al conocerse que en el Estado del que era oriundo el Presidente Chávez se imponía el candidato opositor, Freddy Superlano, la Contraloría General de la República (CGR) lo inhabilitó como candidato (aunque al momento de su inscripción no estaba inhabilitado) de manera que no pudo tomar posesión del cargo. Finalmente la elección se repitió a comienzos de año y, pese a todos los esfuerzos oficialistas, un nuevo candidato opositor se hizo con el cargo.
Cuando la MOE presentó su informe preliminar, Isabel Santos, Jefa de la Misión, aseguró que se constató la “falta de independencia judicial y la no adherencia al estado de derecho”; mientras que Jordi Cañas, Jefe de la observación del Parlamento Europeo, denunció las “insuficientes condiciones democráticas” y el “deterioro del estado de Derecho en un contexto de graves violaciones a derechos humanos”.
No Presidente, los problemas de Venezuela no se han disipado con el tiempo.
* Jesús Delgado Valery. Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral. @TransparenciaAL. @JesusDValery.
