El incumplimiento de las metas comprometidas en el Acuerdo de Facilidades Extendidas, durante el primer semestre, prolongó la discusión con el FMI hasta que, la semana pasada, se llegó a un entendimiento técnico con el staff de dicho organismo. Para destrabar los desembolsos, resta ahora que el entendimiento sea tratado y aprobado por el Directorio.
Hasta tanto esto no ocurra, no habrá nuevos desembolsos.
Ajuste insuficiente: el Gobierno incumplió las metas fiscales del primer semestre
El mes pasado los vencimientos de deuda se pagaron haciendo uso de las reservas internacionales: DEGs que tenía el Gobierno depositado en el BCRA y yuanes, provenientes del swap con China. Como damos cuenta en el Tracking de esta edición, esto redujo aún más el ya bajo nivel de reservas del Banco Central, que se encuentran en un piso histórico.
Los vencimientos de julio, reprogramados a fin de mes, también implicarán un conjunto de medidas con impacto en las reservas brutas y/o costos financieros de corto plazo, hasta tanto se produzca la aprobación por parte del Directorio y los correspondientes desembolsos, lo cual no tendrá lugar sino hasta la segunda mitad de agosto. Es decir, el pago con el swap con China y el crédito acordado con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, implica seguir endeudándonos.
Políticas adecuadas se buscan
Frente a este contexto, ¿cuál hubiera sido una política económica adecuada para cerrar un desequilibrio de sector externo como el descripto?
Si al precio oficial falta oferta de dólares y hay exceso de demanda, lo que debería ocurrir para equilibrar dicha brecha es aumentar el valor de la divisa, hasta un nivel en el cual comiencen a ingresar dólares o, al menos, dejen de salir.
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Sin embargo, dada la histórica sensibilidad de los precios de nuestra economía al tipo de cambio, llevar a delante un ajuste en el valor del dólar sin un plan económico consistente que ancle las expectativas, tendría un riesgo cierto de acelerar el ya de por sí elevado nivel
de inflación.
A la alternativa que se encontró podríamos calificarla de “devaluación fiscal”; es decir, por un lado introducir impuestos y costos fiscales para encarecer la compra de divisas para bienes, servicios y ahorro y, por otro lado, incentivar el ingreso de divisas mediante el ya
conocido mecanismo del dólar agro, esta vez, a una cotización de $340. Esta política -cuyo impacto indirecto sobre el frente externo es limitado vis-à-vis una devaluación real- también estaría buscando mejorar la recaudación y, de esta forma, poder mantener la meta de déficit fiscal originalmente acordada en un 1,9% del PBI.
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Parecería quedar cada vez más claro que ninguna de las partes tiene intención de asumir la responsabilidad de que se genere un evento cambiario antes o durante el proceso eleccionario, y que solo se busca un puente hasta que un nuevo gobierno tenga la capacidad y voluntad política de encarar las reformas que requiere la economía.
Ciertamente este tipo de medidas “parche” no son inocuas, no solo en términos de eficiencia económica de largo plazo -lo que sería ya mucho pedir-, sino que también tiene costos concretos que deberán pagarse más temprano que tarde.
En lugar de asumir los costos de realizar las correcciones necesarias, que faciliten la tarea del nuevo gobierno -sea este del signo que sea-, aceleren la recuperación y mitiguen el costo para la sociedad, el enfermo continúa resistiéndose a tomar la amarga medicina.
* socio a cargo de Servicios y Economía de PwC Argentina
