La historia electoral en la Argentina es un espejo de la evolución de su democracia. Desde el “voto cantado” y las elecciones sin alternancia de la etapa conservadora, hasta la urna de madera y el sobre con boletas partidarias que caracterizaron gran parte del siglo XX, cada método reflejó un contexto político y una concepción de la transparencia.
En este sentido, la Ley Sáenz Peña de 1912, que instituyó el voto secreto y obligatorio, fue un acuerdo de élites para pacificar y modernizar el país. No se buscó un sistema infalible en abstracto, sino una herramienta consensuada que le devolviera credibilidad al acto electoral y permitiera la expresión libre de la voluntad popular, aunque era sólo una porción del cuerpo social.
Hoy, más de 100 años después, con un padrón nacional más extenso e inclusivo, se escribe un nuevo capítulo. El domingo 26 de octubre, se elegirán diputados y senadores nacionales y por primera vez en la historia a nivel nacional, se utilizará la Boleta Única Papel. Cabe aclarar que la reforma que dio lugar a esta modificación mantuvo intactos el resto de los atributos del que hacen a la “cuestión electoral”, como magnitud, circunscripción, fórmula electoral, umbral, etc. Por tanto, hablamos específicamente del modo en el que la ciudadanía accede a votar.
Existen experiencias previas que sirven de referencia. En el modelo santafesino hay tantas boletas únicas como categorías a elegir, lo que favorece el ‘voto cruzado’, que es el equivalente al ‘corte de boleta’ en el sistema de boletas partidarias.
Las boletas de Córdoba y Mendoza tienen la opción de votar al mismo partido para todas las categorías, lo que permitiría un mayor “efecto arrastre”. La BUP nacional tiene sus particularidades: tiene todas las opciones políticas en una misma boleta pero no existe casillero de lista completa ni de voto en blanco.
Sin embargo, el principal reto de estas elecciones no estará en el acto de votar, sino en el conteo de mesa. Los participantes del acto electoral (principalmente, presidentes de mesa y fiscales de todos los partidos) deben abandonar la dinámica de verificar boletas partidarias sueltas para pasar a contabilizar votos marcados en una sola boleta. Esto requiere, lógicamente, de un esfuerzo de trabajo colaborativo para evitar demoras y, para permitir la transparencia del proceso.
Finalmente, cabe aclarar que este cambio se produce en un sistema que, en lo esencial, ya funcionaba adecuadamente y, lo que es más valioso, con un alto grado de credibilidad por parte de la ciudadanía, pilar fundamental de toda elección.
Precisamente, en el marco de esa solidez, la Boleta Única se presenta no como una respuesta a una crisis, sino como una nueva oportunidad para seguir perfeccionando el funcionamiento de nuestra democracia. Exige, como toda reforma, que todos los actores –desde el votante hasta los fiscales y las autoridades electorales– demuestren una vez más su capacidad de adaptación a las nuevas reglas electorales.
