TORONTO – “La democracia muere en la oscuridad” se convirtió en el lema del Washington Post en 2017, cuatro años después de que Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, comprara el periódico. Hoy, sin embargo, Bezos —quien ha asfixiado la página de opinión del Post y ahora ha recortado drásticamente su plantilla— parece decidido a demostrar que la prensa libre, un componente esencial de la democracia, puede ser aniquilada a plena luz del día.
La democracia está muriendo en Estados Unidos porque quienes ocupan posiciones de poder —empezando por el presidente Donald Trump, pero incluyendo a propietarios de medios y tecnología como Larry Ellison de Oracle, que está haciendo con CBS News lo que Bezos ha estado haciendo con el Post— han aprendido a volver inofensivos los hechos. Lo que comenzó como una campaña de desinformación ha madurado hasta convertirse en un proyecto sistemático cuyo objetivo no es controlar lo que la gente piensa, sino desmantelar las estructuras que convierten los hechos en consecuencias.
Durante años, la crisis del periodismo se describió principalmente en términos de parcialidad, polarización y pérdida de confianza. Esos problemas son reales y han servido de cobertura para tratar el supuesto “sesgo liberal” de los medios tradicionales como una justificación para debilitar los estándares profesionales. Pero ahora existe una crisis más profunda: quienes antes buscaban este debilitamiento institucional ya no necesitan molestarse en ganar una discusión con la prensa. En su lugar, han mermado la capacidad de la prensa para exigir rendición de cuentas en absoluto.
Tras la primera elección de Trump en 2016, muchos comentaristas argumentaron que las universidades, las redacciones y las instituciones culturales habían perdido el contacto con el público, y que esto importaba políticamente. Pero construir alternativas creíbles a tales instituciones lleva años y requiere dinero, talento, canales de distribución y confianza.
Entonces, en lugar de intentar superar a los actores establecidos en el mercado de las ideas, ¿por qué no reducir su capacidad para fijar agendas, validar hechos y provocar consecuencias? ¿Por qué no disminuir la capacidad de las instituciones periodísticas para realizar investigaciones profundas y desacreditar su autoridad cuando lo hacen? El reportaje original puede seguir circulando, pero simplemente no importará.
Esta estrategia no requiere prohibiciones ni censura, porque el silencio no es el objetivo. El objetivo no es monopolizar los medios sobre el papel, sino monopolizar sus efectos. Mientras que Joseph Goebbels necesitó censura y terror para imponer la única realidad oficial de los nazis, esto no es fascismo clásico. La estrategia que se despliega en EE. UU. se basa en medios diferentes: despojar a las historias desfavorecidas de alcance, credibilidad y consecuencias hasta que una narrativa domine sin que el Estado tenga que prohibir el resto. El mecanismo en funcionamiento no es el control de la expresión, sino la inmunidad a los hechos.
El periodismo de investigación es caro. Requiere tiempo, respaldo legal, profundidad editorial y reporteros que puedan dedicar meses a una sola historia. Cuando las grandes redacciones se vacían mediante despidos y recortes de costes, como ilustra la recién anunciada reducción del 30% de la plantilla del Washington Post, pierden la capacidad de ser trascendentes. Las primicias aisladas se descartan fácilmente o se espera a que pasen. El reportaje repetido y rigurosamente documentado a lo largo del tiempo es más difícil de ignorar. Reducir una redacción disminuye la presión que el periodismo serio puede ejercer.
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Otra parte de la estrategia afecta a los medios públicos, donde el objetivo no es solo la capacidad de investigación, sino los servicios que atraviesan fronteras estatales, demografías e ideologías. Desfinanciar la National Public Radio (NPR) y el Public Broadcasting System (PBS), como ha hecho Trump, no se trata simplemente de un agravio cultural. El punto es aplicar una presión estructural, erosionando los hechos compartidos de los que depende el debate democrático.
Pero la distribución es, quizás, el frente más subestimado. Durante más de una década, Twitter funcionó como el sistema circulatorio central del discurso público estadounidense. Periodistas, académicos, funcionarios públicos, líderes empresariales y ciudadanos comprometidos discutían en el mismo lugar. Los informes y las investigaciones podían viajar rápidamente, enfrentarse a críticas y correcciones, y traducirse directa —y a veces inmediatamente— en presión para fijar la agenda.
Luego, Elon Musk compró la plataforma, desmanteló a su personal y la renombró X. Muy pronto, dejó de funcionar como un sistema de distribución cívica compartida de información verificada. Ahora prioriza la interacción sobre la verificación, debilita las señales de credibilidad y hace que el alcance sea menos predecible.
Hoy en día, menos periodistas y académicos se molestan en publicar en X, e incluso cuando lo hacen, la información verificada ya no se traduce de manera fiable en la fijación de la agenda ni produce consecuencia alguna. Los resultados son de gran alcance, porque cuando la infraestructura para el intercambio de información de élite ya no premia de manera fiable la precisión o la explicación sostenida, todo el sistema de rendición de cuentas comienza a desmoronarse.
Y la misma dinámica se extiende más allá de las plataformas hacia la propiedad. Cuando una redacción importante se encuentra dentro de un conglomerado que navega por fusiones, escrutinio regulatorio y exposición política, la independencia puede estrecharse sin necesidad de una instrucción explícita desde arriba. Por eso es importante que Skydance —encabezada por David Ellison, hijo de Larry Ellison— se hiciera cargo de Paramount, que controla CBS. No se requiere censura directa cuando todo el mundo puede ver qué historias le costarán dinero a la empresa matriz o pondrán en peligro sus acuerdos.
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Bajo tales condiciones, la autocensura se vuelve racional. Está implícita en las historias que nunca se publican, las investigaciones que se abandonan porque podrían invitar a demandas o represalias regulatorias, y la cobertura complaciente de políticos o figuras corporativas que podrían dificultar la vida de la empresa matriz. Una vez que los editores comprenden que ciertas peleas se han convertido en pasivos corporativos, la evitación del riesgo se convierte en la nueva normalidad.
Tomados en conjunto, estos movimientos forman un sistema. El periodismo y los hechos aún existen, pero la cadena que antes iba del reportaje a la realidad compartida y a la respuesta institucional comienza a romperse. El periodismo preciso ya no obliga a la acción, porque los hechos pueden publicarse, verificarse y aun así no provocar una respuesta. Cuando la información pierde su fuerza, le sigue la impunidad.
La desinformación antes buscaba que la gente creyera cosas falsas. El nuevo objetivo es hacer que los poderosos sean inmunes a verdades que antes habrían dañado sus intereses o les habrían obligado a cambiar su comportamiento. Estamos presenciando un ataque sistémico contra las instituciones estadounidenses y la capacidad del público estadounidense para pedir cuentas al poder. La democracia no muere solo cuando se prohíbe la expresión. También muere cuando la expresión veraz deja de importar.
(*) Carla Norrlöf es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.
