Desde el retorno a la democracia, Argentina ha sufrido un gradual pero sostenido deterioro de su tejido social. La sociedad de comienzo de los ochenta se mostraba mayormente integrada, con posibilidades de movilidad social ascendente y con la pobreza como un fenómeno marginal. El ascenso social en el país, que permitió su categorización como “país de clase media”, gozó históricamente de tres sostenes fundamentales: educación pública de calidad, empleo urbano formal y acceso a la vivienda propia. Tres características representativas de la Argentina del siglo XX.
Cuando se miran los indicadores sociales entre 1960 y 1980, se observa un coeficiente de GINI cercano al 45% y un nivel de pobreza de alrededor del 5%. La República Argentina era en esos tiempos el país más próspero para desarrollar un proyecto de vida dentro de la región de América Latina.
La Argentina del siglo XXI nos muestra una sociedad contrapuesta a la antes descripta: una sociedad dual y que se mueve a diferentes velocidades. Por un lado están quiénes acceden a derechos como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda, y que por lo tanto gozan de un piso de bienestar mínimo para llevar adelante un proyecto de vida; y por otra parte aquellas personas privadas de esos derechos sociales básicos, y sin posibilidad de llevar adelante un proyecto de desarrollo individual.
Son personas condenadas a la tiranía del corto plazo, cuestión que se torna ineludible cuando se vive al día. Son personas que viven una especie de “semivida”, donde las carencias materiales y no materiales son moneda corriente.
El ENACOM celebró el alcance del programa "1.000 barrios populares conectados"
Es el universo de la pobreza: familias que viven en los denominados “barrios populares”, sin acceso a servicios básicos, con un importante déficit cualitativo en su vivienda, sin un salario fijo, sin acceso a la seguridad social, y con niños que crecen en ese contexto de múltiples carencias. A eso debemos agregarle la ausencia de habilidades socioemocionales, lo cual desencadena recurrentes problemas de convivencia social. Se estima que en Argentina existen aproximadamente 5.000 barrios populares, que albergan a alrededor de 5.000.000 de personas. El 40% de esos barrios se encuentran localizados en el conurbano bonaerense.
La pobreza infantil, la informalidad laboral y la desocupación, son los tres rasgos distintivos de la nueva sociedad argentina. La pobreza infantil es sin lugar a dudas el desafío más urgente en términos de desarrollo humano.
Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en Argentina 6 de cada 10 menores de 14 años viven en hogares que no acceden a una canasta básica de alimentos, bienes y servicios. Este desafío urgente y actual representa a su vez un potencial problema de fuerza productiva en las próximas décadas ¿Cómo se sostendrá fiscalmente el Estado de bienestar, frente a un importante déficit de capital humano? ¿Qué pasará cuando Argentina se convierta en una sociedad envejecida, cuestión que afecta hoy, por ejemplo, a múltiples países europeos?
La desocupación y la informalidad laboral constituyen también problemas centrales de la sociedad actual. El nivel de desocupación alcanzado en los 90 dio nacimiento a un nuevo actor político: los movimientos sociales. Estas agrupaciones han demostrado gran capacidad de movilización y poder de veto, influyendo en la formulación e implementación de la política social en los últimos 20 años.
La odisea del desarrollo humano en la Argentina
Los movimientos sociales representan, en cierta forma, la gestión informal (y muchas veces arbitraria) de la pobreza. La pregunta central radica en establecer si forman parte del problema o de la solución en el camino de mejora de las condiciones de vida de quiénes se encuentran marginados.
Una cuestión relativamente nueva, y también vinculada al mercado de trabajo, asoma en la Argentina actual: el de los “ocupados demandantes de empleo”; personas que tienen un empleo, pero que están activamente buscando otro. Es un problema vinculado directamente a la crisis inflacionaria y que hoy afecta al 15% de la población económicamente activa (PEA). Por su parte, la tasa de desocupación en la actualidad se encuentra en el 7%.
La informalidad laboral alcanza hoy a 4 de cada 10 personas dentro de la PEA: personas que no gozan de la protección de las leyes laborales, ni de los beneficios de la seguridad social. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), por cada peso que el Estado argentino destina a la promoción del empleo formal, destina once pesos a la protección del empleo informal. Cuando se mira el Plan Potenciar Trabajo (subsidio al empleo informal), el crecimiento en los últimos años ha sido notorio: en el 2015 había 250.000 beneficiarios del plan en todo el país, mientras que en el 2022 se registraron 1.600.000.
El nivel de informalidad laboral es una cuestión central para entender parte del problema fiscal del Estado argentino. Los programas de promoción del empleo formal y de capacitación laboral son clave para avanzar en una reducción de la tasa de informalidad.
La falta de inversión en desarrollo humano no sólo dificultará el sostenimiento fiscal del Estado y el progreso económico en las próximas décadas. Una cuestión no menor es el futuro de la democracia. La legitimidad del sistema democrático radica en la existencia de un proyecto colectivo y cohesionado, donde el bienestar material se encuentre equitativamente distribuido.
La desintegración y la imposibilidad de un sector de la sociedad de gozar de un umbral mínimo de bienestar y de llevar adelante un proyecto de vida, contribuye a deslegitimar el sistema. El razonamiento, con cierta lógica, por parte de los excluidos, radica en el porqué del respeto a las instituciones democráticas, si en nada contribuyen a la mejora de su situación particular.
¿Qué sucede con la democracia en América Latina?
En América Latina 7 de cada 10 personas no se encuentra satisfecha con los resultados de la democracia, según los estudios realizados por la consultora latinobarómetro. Es, casualmente, la región más desigual del planeta. Una justa distribución del bienestar material y una base mínima para el desarrollo individual son condiciones necesarias para una democracia de calidad.
La consolidación de la democracia, el orden y la sostenibilidad fiscal del Estado, el desarrollo y la integración económica con el mundo, y la mejora de las condiciones materiales de vida del conjunto de la población, requieren necesariamente de la inversión en capital humano.
Emprender esta odisea es el principal desafío de quienes aspiren a liderar la sociedad argentina en las próximas décadas. El país se juega las últimas fichas frente a la posibilidad de orientarse hacia un proceso de recuperación económica, o caer en un abismo de deterioro paulatino y sostenido.
