Otra vez las acciones de grupos violentos en la zona de la Cordillera ocupan las primeras planas de los medios nacionales. Ahora son los ataques incendiarios, antes fueron las usurpaciones, daños a la propiedad y amenazas a los vecinos.
Se trata de una situación que ya lleva años, un conflicto que durante mucho tiempo se dejó escalar y pasó de ser una cuestión de seguridad ciudadana a convertirse en un accionar terrorista que amenaza la integridad territorial de la Nación.
Todos parecemos percibir la gravedad de esta situación, excepto buena parte de la dirigencia política que prefiere seguir jugando con fuego.
Hace más de un año advertí que era imposible solucionar los conflictos territoriales en la Patagonia con un Gobierno Nacional que avala a los delincuentes. En ese momento, mis comentarios molestaron al oficialismo, al punto que pretendió disciplinarme con una denuncia por “discurso de odio”. El tiempo me dio la razón.
Arabela Carreras: "Las autoridades del INAI instigan y sostienen a los grupos violentos”
Este aval se expresó cuando el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas usó un auto oficial para trasladar víveres y personas a una usurpación en Villa Mascardi, o cuando el Gobierno instruyó a Parques Nacionales para que desista de una querella contra los ocupantes ilegales de tierras bajo su jurisdicción.
De manera más grotesca se vio cuando el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, propuso el co-manejo de un Parque Nacional con uno de estos grupos violentos, pretendiendo igualarlo a las comunidades indígenas legítimas que actúan de acuerdo con la ley y conviven pacíficamente en la zona; o cuando el embajador en Chile, Rafael Bielsa, acudió en defensa del líder de la RAM Facundo Jones Huala.
Por sus delirios ideológicos, el Gobierno Nacional decidió ponerse del lado de la ilegalidad y la violencia. Pero no es el único responsable.
El Gobierno de la Provincia de Río Negro también tiene que asumir su parte. Durante demasiado tiempo bailó al ritmo de la música que llegaba desde Buenos Aires y recién ahora, cuando hay elecciones, parece haberse dado cuenta de lo que muchos sabíamos desde antes.
Recuerdo a las exministras Losardo y Frederic paseando por Viedma, a casi 1.000 kilómetros del conflicto, participando con el Gobierno Provincial de una mesa de diálogo a la cual las víctimas de las usurpaciones no habían sido invitadas.
Enhorabuena que el Gobierno de Río Negro se haya dado cuenta de que ese no era el camino. Pero no es cuestión de ponerse a esperar que otro venga a solucionar los problemas. Porque aunque la Gobernadora lo pida o lo exija, lo más probable es que las fuerzas federales no lleguen nunca.
El Gobierno de Río Negro debe actuar con los recursos de los que dispone. La Policía de la Provincia tiene excelentes fuerzas especiales y destacados investigadores, que podrían ponerse a trabajar si existiera una decisión política y la voluntad de asumir los eventuales costos.
Una fuerza que, incluso, debería haber estado presente teniendo en cuenta que algunos de los hechos ocurrieron en pleno casco urbano de las ciudades de la zona, lo cual es su jurisdicción.
También es necesaria una acción decidida de la Justicia, tanto la Federal como la provincial. Necesitamos jueces y fiscales valientes, dispuestos a aplicar todo el peso de la ley, a moverse con independencia de toda presión política real o percibida.
Estamos a tiempo de frenar la violencia antes de que haya que lamentar víctimas fatales. Pero hace falta una firme decisión política y dejar de especular. Hacen falta dirigentes que estén a la altura del enorme desafío que tenemos por delante.
* Legislador rionegrino (Juntos por el Cambio)
