En un país como la Argentina, donde siempre pareciera que se está al margen de la ley, aunque los funcionarios exhiban un respeto que no tienen a las normas jurídicas, caso de Lago Escondido no es una anomalía jurídica ni un conflicto de interpretación normativa: es una demostración palmaria de cómo, en la Argentina, la ley puede ser sistemáticamente infringida cuando el infractor concentra poder económico, vínculos políticos y protección institucional. Lo que está en juego no es solo la propiedad de la tierra, sino la vigencia misma del Estado de Derecho.
En 1992, Charles Barrington Lewis, ciudadano británico, adquirió una extensa estancia en la provincia de Río Negro en abierta violación a las normas que prohíben a extranjeros poseer tierras en zonas de frontera. Esa prohibición no es decorativa ni opinable: responde a razones de soberanía nacional y fue reafirmada por la legislación vigente como el Decreto Ley 15.385/44, ratificado por la Ley 12.913, el Decreto 32.530/48 y la ley 26.737, que ratificó los dispuesto en los decretos citados. El acto fue ilegal desde su origen y lo sigue siendo hoy, ya que la prohibición subsiste.
Tras un prolongado proceso judicial, atravesado por maniobras dilatorias y decisiones funcionales a la impunidad, la ilegalidad de la compra fue declarada prescripta. Pero esa resolución no extinguió la ilegalidad estructural del caso. La prescripción puede borrar responsabilidades penales por un hecho pasado; no puede legitimar una situación prohibida que se mantiene en el presente.
Lewis continúa siendo titular y ocupante de tierras que la ley le impide poseer. El delito no terminó: se perpetúa. Es lo que en derecho penal se denomina delito continuado, aunque los funcionarios nacionales y de la provincia de Rio Negro se hayan hecho los distraídos desde 1996.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la situación alcanzó un nivel de obscenidad institucional. Con Lewis y parte de su entorno procesados en una causa penal, el entonces presidente de la Nación salió públicamente a defender la ocupación ilegal y se hospedó en la estancia. No se trató de un gesto privado, sino de un mensaje político explícito: la ley es flexible cuando se trata de determinados intereses, y los que tienen poder pueden permitirse contar con el apoyo de las más altas autoridades del Estado.
Apropiación de Lago escondido
La gravedad del cuadro se agrava por la apropiación de hecho de un bien público ya que “Lago Escondido” es un lago de dominio público, pero en la práctica ha sido convertido en un enclave privado. El acceso está bloqueado, los caminos son deliberadamente intransitables y quienes intentan ejercer un derecho básico se enfrentan a un dispositivo de seguridad privada armada que opera como una fuerza parapolicial., que amenazara reiteradamente a quien se atrevieron a ingresar al predio. No es una exageración decir que es la sustitución del Estado por un poder privado, que pareciera no tener límites para sostener la ilegitimidad de la ocupación.
Las acciones de amparo promovidas en los tribunales de Río Negro confirmaron esta realidad. No existe libertad de acceso. Existe, en cambio, una ocupación ilegal sostenida por la fuerza y tolerada por las autoridades. Pareciera que ningún funcionario nacional o provincial se anima a enfrentar el poder económico de Lewis, que tiene una de las fortunas más importantes de Gran Bretaña.
Presentaciones inútiles ante funcionarios públicos
Frente a esta continuidad delictiva que lleva varias décadas, en 2020 realicé una presentación exhaustiva ante la Procuración del Tesoro de la Nación. Después de meses y ante mi insistencia, la respuesta fue una confesión de sus limitaciones funcionales. El organismo sostuvo que no podía actuar de oficio y que, sin órdenes del Poder Ejecutivo, nada podía hacer. El Estado se declaró neutral frente a la violación de sus propias leyes, ya que jamás se había dado instrucción alguna para proceder contra un probado delincuente.
Ante la negativa de la Procuración, me dirigí al entonces presidente Alberto Fernández, acompañando copia de la presentación. Nunca obtuve respuesta. El silencio del Poder Ejecutivo no fue un olvido administrativo: fue una decisión política, que continuaba con actos anteriores que se realizaron de manera sistemática para silenciar la violación de la ley, y la usurpación de una propiedad pública.
Viajes de magistrados a la estancia donde se viola la ley
Este entramado de impunidad se completa con la conducta de sectores del Poder Judicial, ya que magistrados de distintos fueron viajaron a la estancia de Lewis, como el Dr. Julián Ercolini, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 10, el Dr. Carlos Mahiques, Juez de la Cámara de Casación Penal, el Dr. Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico, el Dr. Pablo Casissials, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, el Dr. Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Dr. Marcelo D’Alessandro que fuera Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Un dato no menor, respecto a ciertas conductas que debieran ser investigadas, es que Carlos Mahiques integró el tribunal que en 2017 sostuvo que la causa penal no había prescripto. Tres años después, el mismo juez cambió de criterio y convalidó la prescripción. Me parece que la visita al beneficiario del fraude y el cambio de doctrina judicial no pueden ser leídos como hechos aislados.
Nada de particular tendría que magistrados, fiscales y un ministro viajen a una propiedad particular con fines de esparcimiento un fin de semana, mucho más si tienen entre ellos una relación de amistad. Lo grave del presente caso, es que supuestamente el referido viaje y alojamiento habrían sido financiados por el diario Clarín, que es uno de los multimedios más importantes de la Argentina, y que tales magistrados visitaron un predio que es la consecuencia de una clara violación de las normas legales, todo lo cual debe constarles a los magistrados, ya que uno de ellos el Dr. Mahiques, tuvo intervención en la causa penal como lo he señalado
Usurpación, miedo y silencio oficial
Lo relatado confirma lo que Carlos Nino describía como la marginación de la ley: un sistema en el que las normas existen, pero no rigen para todos. Donde el poder económico, las relaciones políticas y la connivencia judicial suspenden la legalidad, y nadie se hace cargo de las responsabilidades que les corresponden, mientras muchos medios, proclives a investigar hasta cuestiones sin mayor relevancia, guardan un silencio sepulcral sobre esta acción delictiva
Interpelación al Ministerio Público Fiscal
Frente a este cuadro, la pregunta es ineludible: ¿qué hace el Ministerio Público Fiscal? Su función constitucional no es esperar instrucciones políticas ni mirar hacia otro lado cuando la ilegalidad es pública y notoria. La violación de la ley 26.737 y de los decretos que regulan la propiedad extranjera en zonas de frontera no es un hecho del pasado: es una situación actual, continua y verificable.
El Ministerio Público Fiscal no puede ampararse en la prescripción de una compra ocurrida en 1992 para justificar su inacción frente a una ocupación ilegal que persiste. No puede alegar desconocimiento cuando el bloqueo de un lago público es evidente. No puede invocar prudencia institucional cuando lo que está en juego es la soberanía territorial y el principio de igualdad ante la ley.
El silencio del Ministerio Público Fiscal ya no es neutralidad: es complicidad.
Y cuando el órgano encargado de promover la acción penal se niega a actuar ante una ilegalidad flagrante y sostenida, el mensaje que se transmite a la sociedad es devastador: en la Argentina, la ley no se viola por error, se viola con permiso.
Lago Escondido: la lucha por la soberanía frente al magnate británico Lewis
Debido a tales circunstancias, yaunsiendo plenamente consciente de las graves deficiencias estructurales que atraviesan al Poder Judicial, sigo creyendo en la justicia como un valor republicano y como una obligación cívica indispensable. Por eso siempre me resuenan las palabras de Rudolf von Ihering, cuando advertía que la defensa de un derecho lesionado no es solo un deber del ciudadano para consigo mismo, sino también para con la comunidad: quien defiende su derecho, defiende al mismo tiempo la ley, y al defender la ley preserva el orden indispensable de la sociedad.Esa enseñanza adquiere hoy una vigencia inquietante.
Cuando el Poder Ejecutivo se desentiende del cumplimiento de la ley y cuando sectores del Poder Ejecutivo, y de la magistratura optan por la inacción, la dilación o el silencio, no estamos ante simples fallas administrativas: estamos frente a una claudicación del Estado de Derecho. Y tenemos que reflexionar que la legalidad no se debilita solo cuando se dicta una norma injusta, sino también —y sobre todo— cuando quienes deben hacerla cumplir eligen no hacerlo, y pareciera se hacen los distraídos, como si la violación de la ley estuviera en la naturaleza de las cosas, y no existe posibilidad alguna de modificarla.
Por esa razón, y ya que callar sería aceptar como normal lo que es abiertamente ilegal, estoy presentando una denuncia penal ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal contra los responsables del delito descripto. No lo hago por una confianza ingenua en las instituciones, sino por una convicción democrática elemental: si la ley no se defiende frente al poder económico, la frontera deja de ser un límite jurídico y la justicia se convierte en una formalidad vacía. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es de un lago bloqueado ni de una propiedad irregular, sino de una República que empieza a resignarse a la impunidad como regla.
