La usurpación de tierras no es un problema reciente ni novedoso. Año a año, en un goteo incesante, vemos cómo terrenos fiscales o privados son ocupados en forma ilegal. Sin embargo ante la pasividad, inacción ¿y complicidad? de la Provincia, la situación se agravó en los últimos meses. Según estimaciones, en el territorio bonaerense fueron usurpadas unas 4.300 hectáreas entre julio y agosto pasado. Para darnos una idea de la dimensión de la cifra, tengamos en cuenta que la superficie de Plaza de Mayo es de, aproximadamente, dos hectáreas. Entonces, en menos de dos meses, se usurparon –en la provincia de Buenos Aires- el equivalente a 2.150 Plazas de Mayo. Además, tengamos en cuenta que los predios en cuestión no son “terrenos ociosos” ni descampados abandonados. En muchos de esos lotes se iban a construir viviendas, urbanizaciones y espacios públicos; proyectos hoy cercenados por las usurpaciones.
Frente a la grave situación planteada donde los municipios, la Provincia, la Nación y los dueños particulares se ven privados de parte de su patrimonio, la reacción oficial es errática y confusa. En esa línea de inacción, la respuesta del Ejecutivo Provincial es “Como hay gente que no tiene casa, que se arreglen como puedan metiéndose en la propiedad ajena”. Así surgen asentamientos donde no hay acceso a servicios básicos como agua y desagües cloacales, muchos menos hay recolección de residuos ni transporte público accesible. Un verdadero despropósito, inaceptable desde todo punto de vista.
Está claro que no podemos desconocer que la necesidad habitacional afecta a miles de argentinos. Pero dejar que se tomen tierras en nombre del acceso a la vivienda, no es la solución. Más bien, agrava el problema.
La triste y larga experiencia nos indica que las usurpaciones no se transforman en urbanizaciones, y mirar hacia otro lado no contribuye para resolver las cosas. Creer que permitiendo la ocupación ilegal contribuye a una solución habitacional, es un tanto ingenuo o –por lo menos- irresponsable. En tal sentido, justificar las usurpaciones para (presuntamente) garantizar el derecho a la vivienda es un acto de desidia gubernamental. Refleja un Estado ausente que se desentiende del sufrimiento de los ciudadanos y no resuelve nada, sino que crea nuevos inconvenientes: quien ocupa el sitio vive en condiciones inhabitables, el legítimo propietario no puede disponer de su patrimonio, y se generan situaciones de incertidumbre, violencia y angustia entre los vecinos del terreno usurpado.
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También debemos remarcar y poner de relieve que la desesperación de quienes no tienen un lugar donde vivir es aprovechada por inescrupulosos que buscan capitalizar sus propios intereses, ya sean políticos o económicos. Amparados bajo la sombra de la necesidad de muchos, se multiplican como la peste los espurios negocios y negociados de punteros y “gestores” que prometen “regularizar” la tenencia del terreno a cambio de dinero. Evidentemente detrás de las grandes usurpaciones se observa un despliegue inusual de actividades de apoyo a las mismas (Camionetas, autos, horarios para “Entrar”), lo que delata una manifiesta organización ilegal que promueve y genera este flagelo.
Está claro que no podemos desconocer que la necesidad habitacional afecta a miles de argentinos. Pero dejar que se tomen tierras en nombre del acceso a la vivienda, no es la solución. Más bien, agrava el problema.
Como responsables de la vigencia del estado de derecho, quienes comandan los destinos de la Provincia deben garantizar tanto la propiedad privada como la vivienda para los sectores más vulnerables.
La usurpación es un delito, y frente al delito hay que actuar. No sirven las declaraciones vagas y las expresiones de deseo en boca de los gobernantes. Hoy más que nunca resulta imperioso poner en marcha una gestión clara y decidida para construir soluciones de fondo.
* Presidente del Bloque de Senadores JxC. Pcia. de Buenos Aires.
