Luego de varios días de una intensa búsqueda, el pasado miércoles fueron halladas asesinadas Morena Verardi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez, enterradas en una vivienda en Florencio Varela. Los sangrientos detalles que rodearon el trágico desenlace generaron una grieta impensada en la sociedad entre los que reclaman justicia por lo que consideran un femicidio y aquellos que sostienen que se trató de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
Aun cuando ambos bandos piden justicia, la mayor discusión está puesta en determinar cómo debe calificarse a dichos crímenes.
Quienes están a favor del femicidio consideran relevante que las tres víctimas son mujeres y por lo tanto su muerte debe ser investigada con perspectiva de género y visibilizar los crímenes contra las mujeres en estos contextos de delincuencia organizada.
Por su parte, quienes abogan por el ajuste de cuentas no consideran importante el género de las víctimas, poniendo mayor énfasis en el peligro que resulta el avance del crimen organizado y el aumento de la violencia que rodea al mismo.
En ambos casos, se pone en discusión la posibilidad de que en su calidad de trabajadoras sexuales podrían haber sustraído dinero o mercancía a los victimarios.
Los argumentos de ambos lados son cada vez más antagónicos y se encuentran utilizando todos los recursos que posee la sociedad para difundir sus opiniones tanto en las calles como en los medios de comunicación y en las redes sociales para dejar en claro su posición, como si se tratara de un concurso de ideologías contrapuestas.
Mientras tanto, en medio de toda esa polémica, hay un tema crucial que parece estar esquivándose y es que Lara no era una mujer, ni era una “viuda negra”, era solamente una niña.
Lara era una menor que en lugar de estar preocupada por terminar el año escolar, en el viaje de egresados o en las salidas a boliches, se encontraba trabajando en la noche, en contacto frecuente con gente muy peligrosa, frente a la mirada plena de la sociedad que hoy reclama justicia por su muerte.
La respuesta rápida para quienes tomaron en cuenta este dato no podría haber sido menos comprometida: decidieron que la culpa, en todo caso, era de los padres.
Sobre esto, resulta interesante advertir que en este crimen en particular toda la sociedad en su conjunto, y más allá de las diferencias antes indicadas, le pide al Estado justicia, entendiéndola como el resultado de encontrar y juzgar a los culpables. Le pide además, y casi como una derivación de lo anterior, más resultados en la lucha contra el crimen organizado, pero hasta ahora nadie ha pedido por un mayor compromiso en la defensa de los niños, niñas y adolescentes que, como Lara, se encuentran en una situación de absoluta vulneración a sus derechos.
Recordemos que la Convención de los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento, en donde además se han dictado leyes específicas tendientes a su protección.
Han sido creados y se encuentran en funcionamiento organismos dependientes de los gobiernos locales con la función puntual de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Médicos, docentes y todos aquellos en contacto con menores tienen la obligación de estar atentos y denunciar cualquier posible vulneración a sus derechos.
El último informe publicado por Unicef en junio de 2025 da cuenta del presupuesto asignado por el Estado a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en este país.
Entonces, siendo que el Estado tiene la misión de proteger a sus niños, tiene las herramientas y el presupuesto para hacerlo, ¿es realmente culpa de sus padres que una niña de quince años dedicada a la prostitución encuentre la muerte de una manera brutal a manos de un grupo criminal dedicado al contrabando de drogas?
Conforme las informaciones preliminares salidas a la luz, la actividad de Lara era pública y conocida, lo cual nos lleva a pensar si son realmente efectivas las políticas que se encuentran llevando adelante el Poder Ejecutivo para la protección de la niñez o si fue solamente que un control falló.
En todo caso, la muerte de Lara es sin lugar a duda una enorme llamada de atención para todo el sistema de protección de la niñez, sin la cual no podemos esperar más que seguir lamentando decesos absurdos e injustos.
Más importante que la reflexión sobre la responsabilidad del Estado, sin duda es advertir la aparente ceguera de la sociedad.
Nos encontramos normalizando la decisión de una menor de quince años de ser trabajadora sexual.
Unos exigen que no sea estigmatizada por ello y solicitan que se agraven las penas atento a la edad; los otros señalan que, tenga la edad que tenga, no debió robarle a un delincuente peligroso.
No nos damos cuenta que este caso tiene necesariamente que interpelarnos a todos: no es posible que pretendamos que una niña que aún no puede votar tenga la madurez suficiente como para entender y hacerse cargo de las consecuencias de tratar con criminales en el contexto de un trabajo sexual.
No podemos dejar tan a la deriva a nuestros niños y luego exigir justicia.
Es momento de entender que los niños son niños y merecen protección, mucho antes que sufran un crimen violento.
El miércoles pasado no mataron a una mujer ni a una “viuda negra”, asesinaron a una niña.
*Abogada y funcionaria en el Juzgado de Familia Nro. 3 de Moreno - General Rodríguez
