Los críticos del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel señalan que el presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene un plan para lo que vendrá después. Y no se equivocan: cuando Trump alardea de que puede resolver guerras en un solo día, no hace más que dejar al descubierto los límites de su capacidad de atención. Pero el verdadero problema no es la brevedad del horizonte temporal de Trump; es la estrechez de su percepción de la amenaza.
Si bien la campaña de bombardeos de Trump no refleja una estrategia en ningún sentido tradicional, se basa en un supuesto operativo claro: el régimen iraní representa una amenaza para la seguridad de EE. UU. y destruir al régimen elimina la amenaza. Es la misma creencia básica que animó anteriores guerras de elección estadounidenses, desde Irak hasta Libia. Ese supuesto era erróneo entonces, y es probable que resulte catastróficamente erróneo ahora.
Estados Unidos posee una capacidad extraordinaria para destruir el poder estatal centralizado desde el aire, pero no tiene una capacidad comparable para gestionar lo que sigue. Debido a que los vacíos de poder no pueden ser el objetivo de municiones de precisión ni cartografiarse mediante imágenes satelitales, el pensamiento estratégico estadounidense subestima sistemáticamente el peligro que estos representan.
Esto refleja un sesgo cognitivo recurrente en EE. UU.: las amenazas que no podemos abordar militarmente reciben menos peso que aquellas que sí podemos. Sin embargo, los riesgos más graves y duraderos suelen surgir tras el colapso del control centralizado, cuando los arsenales se dispersan, las cadenas de custodia se fracturan y la rendición de cuentas desaparece.
La guerra de Irak debería haber dejado esto claro. En 2003, EE. UU. destruyó el Estado iraquí bajo la premisa de que el régimen de Saddam Hussein representaba un peligro directo y agudo para la seguridad estadounidense. Lo que siguió a la caída del régimen no fue seguridad, sino caos. Cientos de depósitos de armas fueron saqueados en pocos días. Los mercados negros se inundaron de armas ligeras, granadas propulsadas por cohetes (RPG) y proyectiles de mortero, que fueron a parar a manos de actores mucho menos previsibles, visibles y disuadibles que el régimen de Saddam.
Esto incluyó al Estado Islámico, que finalmente surgió de los escombros de las instituciones disueltas de Irak. Cuando invadió Mosul en 2014, capturó grandes existencias de armamento suministrado por EE. UU. de las bases del ejército iraquí: una segunda generación de proliferación derivada del acto original de destrucción estatal. El patrón fue estructural, no accidental.
Libia debería haber reforzado esa lección. Tras la ayuda de la OTAN para derrocar a Muammar el-Gadafi en 2011, las instituciones estatales colapsaron rápidamente y entre 3.000 y 12.000 misiles tierra-aire portátiles (MANPADS) desaparecieron, solo para reaparecer en los mercados de armas del Sahel, el Sinaí, Gaza y más allá.
Estos episodios confirman lo que todos los estudios sistemáticos sobre la decapitación de líderes en regímenes débilmente institucionalizados han hallado: el resultado es la fragmentación, no la estabilización. Lo mismo ocurrirá con Irán. Pero lo que se dispersará tras la caída del régimen podría ser mucho más peligroso que los RPG o los MANPADS.
Antes de los ataques estadounidense-israelíes del pasado junio, la República Islámica poseía unos 441 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza, a un corto paso técnico del grado militar. Según estimaciones de expertos, eso es suficiente para unos diez dispositivos nucleares. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), cuyos inspectores tienen prohibido de facto el acceso a las instalaciones nucleares de Irán desde los ataques, ha declarado que no puede dar cuenta del tamaño actual o del paradero de las reservas de uranio enriquecido de Irán. Algunos analistas creen que quedó sepultado en instalaciones subterráneas colapsadas; otros creen que fue trasladado a emplazamientos no revelados antes de los bombardeos. Ambas evaluaciones se basan en pruebas fragmentarias, vulnerables a la manipulación. Pero ponen en duda la afirmación de la administración Trump de una "aniquilación total".
La ironía estratégica en el corazón de la lógica de destrucción del régimen es que las instalaciones dañadas, el material nuclear disperso y el personal de custodia desmoralizado o ausente son precisamente las condiciones más propicias para el desvío. En otras palabras, lejos de terminar con el riesgo de proliferación, los ataques de EE. UU. e Israel lo han agravado.
Incluso si la probabilidad de desvío sigue siendo baja, debe tratarse con la máxima seriedad. Este es el principio cardinal de la seguridad nuclear: el material fisible que no está bajo un control estatal seguro debe evaluarse sobre la base del potencial del peor de los casos, no de la probabilidad media. Cuando las redes terroristas obtuvieron acceso a los MANPADS, fue una catástrofe. Si aseguran material nuclear utilizable para armas, la propia lógica de la disuasión nuclear se rompería.
La disuasión requiere una dirección de respuesta, incluso si es un Estado hostil. Incluso un Estado hostil tiene una capital, un liderazgo y una población que desea preservar. Al eliminarlos, la arquitectura que ha evitado el uso nuclear desde 1945 comienza a colapsar. No se pueden negociar salvaguardias con un vacío. No se puede firmar un acuerdo con un territorio fragmentado ni verificar el cumplimiento de un Estado que ya no existe.
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El Estado que actualmente mantiene la custodia del material nuclear de Irán —por imperfecto u hostil que sea— es la única entidad con la que se podría lograr una limitación ejecutable. Si se destruye, se consigue que resolver la amenaza nuclear sea tanto más urgente como efectivamente imposible.
El precedente soviético es instructivo. Cuando la URSS se disolvió en 1991, la degradación de los sistemas de seguridad dejó los materiales nucleares vulnerables. Siguiendo el ejemplo de George Soros, quien creó una fundación para apoyar a los científicos soviéticos con el fin de evitar la fuga de cerebros, EE. UU. comenzó a invertir fuertemente en programas cooperativos de reducción de amenazas.
La situación de Irán es, en ciertos aspectos, más precaria, ya que su infraestructura nuclear ha combinado durante mucho tiempo elementos declarados y clandestinos. Y el material físico no es la única preocupación. Irán ha formado a un grupo sustancial de científicos nucleares. En un escenario de colapso estatal, tales especialistas se convierten en agentes libres, disponibles para cualquiera dispuesto a pagar. Mientras tanto, el material nuclear de menor grado podría reutilizarse en dispositivos de dispersión radiológica ("bombas sucias"). En ausencia de custodia institucional, cada emplazamiento de enriquecimiento, instalación de investigación y reactor implica riesgos distintos
Estados Unidos ve regímenes a los que puede golpear y concluye que golpearlos resuelve los peligros que plantean. Pero eliminar a un adversario visible no neutraliza la amenaza subyacente; simplemente transforma esa amenaza en algo elusivo, opaco, descentralizado, irresponsable e imposible de negociar o supervisar. Hasta que EE. UU. reconozca esto —hasta que interiorice las lecciones de Bagdad y Trípoli, y potencialmente de Teherán— seguirá generando peligros que ningún misil puede alcanzar.
Stephen Holmes, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y becario Richard Holbrooke en la Academia Americana de Berlín, es coautor (con Ivan Krastev) de "La luz que se apaga: Un balance" (Penguin Books, 2019).
