“Si las personas fueran ángeles, no necesitaríamos gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni internos al gobierno serían necesarios”...“La dependencia del pueblo es, sin duda, el control principal sobre el gobierno, pero la experiencia ha enseñado a la humanidad que se necesitan precauciones auxiliares”. James Madison en El Federalista LI, 1788.
1. El Gobierno de Milei es un acelerador del colapso y descomposición de la Argentina.
La Presidencia de Javier Milei es un síntoma de una enfermedad mucho más grave de un sistema político disfuncional. Los que bajo liderazgos cínicos aprovecharon esa disfuncionalidad sistémica para ganar una elección, propusieron más sadismo e insensibilidad en un contexto en el que el Estado fallido, el colapso institucional y la violencia social espiralando son -no una posibilidad remota sino- una lógica correlación causal de corto plazo.
El sistema político hace décadas, varias décadas, está en crisis por su disfuncionalidad, por su endogamia, porque vive pendiente de negocios para unos pocos dentro y fuera del sistema. Un sistema político, muy frágil y vulnerable, que no pudo frenar su propia decadencia y cuya insensibilidad tampoco le permite ver las consecuencias de corto o largo plazo de sus acciones. La clase política se equivocó irresponsablemente en dejar fermentar y leudar el malestar de la sociedad y quizás la sociedad cometió un salto al vacío votando una fuerza mesiánica que tiene todas las características de un populismo con tintes religiosos y místicos, en sintonía fina a la sociedad enojada, furiosa y fracturada, pero con una gestión de gobierno hasta ahora improvisada y caótica.
Intendentes y gobernadores, personas en situación de dirección ejecutiva tanto en el sector público como privado, sufrirán las consecuencias directas de ese colapso. La gestión del Presidente Milei comenzó colapsada por una ausencia de plan de gobierno integral más allá de la destrucción de lo público y plan de negocios para las corporaciones.
Toda la administración del Estado y del sector privado que tenía una sociedad y su economía inflacionaria en movimiento, problemática pero real, se verá decrecer, desplomar y reducir sus miembros. Verá reformular sus entornos de pertenencia y sus capacidades de compra, de consumo y de acción. El colapso social nos quita herramientas, nos quita posibilidades, nos suma preocupaciones y necesidades. Lo que damos por dado, faltará y debemos reconstruirlo, reemplazarlo. Lo que viviremos es difícil de imaginar y la reacción de la sociedad es más que incierta.
El sistema político disfuncional y su bloque de poder permanente debería intentar solucionar los problemas estructurales que lo llevaron a estar a merced de un líder con las características del actual Presidente.
Milei acelerará la degradación social, económica e institucional de la Argentina. Es una fuerza aceleradora de la descomposición que nos lleva a un colapso social y político. Una forma de simplificación social, una reforma social sin proceso de reforma y sin plan de reforma. Es una reforma caótica a través de descomposición y desmembramiento de un sistema federal, de la misma Nación y del saqueo de su patrimonio.
Dado que el sistema político disfuncional se oculta en sus figuras ejecutivas puede usar chivos expiatorios pero la responsabilidad es colectiva, es solidaria a todos el sistema político en diferentes grados, incluso a nivel intergeneracional. Madres y padres están sacrificando a hijos, una generación empobrece y subordina a sus sucesoras.
2. La derrota económica de los derechos y de la democracia.
La reforma constitucional de 1994 fue la reforma de dos presidentes, dos abogados, Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem, y su equipo de abogados. La falsa estabilidad de la falsa convertibilidad permitió reformar la Constitución y también la inviabilidad de la convertibilidad obstaculizará cumplirla, provocará otro ciclo de rupturas institucionales que el Pacto de Olivos justamente quería dejar atrás. Por eso sucedió la crisis de 2001, siete años después de la reforma de 1994.
Se reformó la Constitución, la letra de la Constitución, no el modelo económico que impuso la oligarquía a través de la Junta Militar, que permite ciertos derechos y restringe otros, que solamente nos deja una democracia condicionada por la restricción económica y la deuda externa, en la que no se come, no se cura, no se educa, donde la democracia se devora a sí misma. La democracia autófaga.
La reforma paraconstitucional o supraconstitucional de los economistas estuvo en la última dictadura, con un modelo especulativo como centro, con la deuda privada hecha pública (1982), con la desindustrialización, con la implantación de una matriz productiva y de un modelo de acumulación dependiente del ciclo de endeudamiento y fuga. Hay leyes “de desarrollo de ese modelo económico y constitucional” como la siempre llamada Ley -es un decreto ley- de Entidades Financieras de 1977 nunca derogada o reformulada. Esa fue la reforma que derrotó y derrotará por las próximas décadas al texto de la Constitución, toda pretensión de hacer una república democrática, una democracia fuerte, con educación cívica y pluralidad ideológica.
Los líderes autocráticos usarán las herramientas legislativas que tengan para derrotar económicamente todo derecho y principio republicano reconocido en la Constitución. A la pretensión de más democracia y derechos se la derrotará con límites presupuestarios y restricción sistémica.
Es por eso que es importante señalar que el Pacto de Olivos consolidó en la reforma de 1994 las herramientas de los líderes delegativos y regresivos como Milei.
3. La Constitución de 1994 es la Constitución de la democracia delegativa.
Guillermo O’Donnell delineó el concepto de democracia delegativa en un borrador de discusión del Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame en 1992. Salió publicado en Enero de 1994, meses antes de la Convención Constituyente de Santa Fe, en Journal of Democracy. Sin embargo, estuvo presente en el debate en la Convención Constituyente de Santa Fe en 1994.
Raúl Alfonsín sostuvo: “Se debe tener presente que nuestra intención al sancionar estas reformas” (de la Constitución Nacional en 1994) “tiende a evitar la degradación de la democracia y de las instituciones que ponía en peligro nuestra República a través de la institucionalización del modelo de democracia delegativa. Dicho modelo se caracteriza por una enorme concentración del poder político en el Ejecutivo y por la idea de que por medio del sufragio se delega al presidente el derecho de hacer todo lo que le parezca adecuado. Dicha concentración de poder distorsiona la representatividad y el sistema de separación de poderes, y debilita el control de la validez y legitimidad de las acciones del Ejecutivo por parte de los otros poderes del Estado. La reforma que defendemos apunta a revertir esta situación.” el día 1 de Agosto de 1994 en plena Convencional Constituyente.
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Alfonsín hizo una solicitada -el mismo día- en la misma línea en la que puso: “La reelección del Presidente no genera peligro alguno en un contexto institucional en el que se pone fin a la democracia delegativa, se restablece el equilibrio de poderes, se amplía la legitimidad del sistema político, se mejora su gobernabilidad, se fortalece el federalismo, se desconcentran los poderes presidenciales, se asegura un Poder Judicial independiente y mecanismos de control del poder efectivos.”
Lamentablemente el diagnóstico de Alfonsín y sus asesores se demostró equivocado, tanto en la teoría como en la práctica, tanto en 1994 como en la historia reciente. Y fue advertida por varios convencionales constituyentes opositores mencionando al principal intelectual afín al radicalismo Carlos Nino y a los informes del Consejo para la Consolidación de la Democracia.
Todos los gobiernos de la democracia usaron decretos de necesidad y urgencia y delegaciones legislativas, antes y después de la reforma de 1994. Es cierto. Nunca hubo un DNU como el DNU 70/2024 y una Ley de Delegaciones Legislativas que sean una “suma de poder público” como la que se está debatiendo.
Más allá de las intenciones, en lugar de poner fin a la democracia delegativa, se la constitucionalizó en 1994. La delegación, más allá de las buenas voluntades, es un cheque en blanco, un peligro enorme. Consolida lo que fue dicho por Jaime de Nevares en la Convención Constituyente de 1994: estamos ante los funerales de la república.
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Primero se delega, después se controla. Los controles en forma de autopsia política o judicial no son controles. No se podrá controlar decretos una vez dictados. Ya están ejecutados, que ya son hechos consumados, pasados. Eso es una autopsia constitucional. "El decreto es inconstitucional pero no puedo revertir sus efectos". Ese sistema no es un sistema de control sino un engaño constitucional, una trampa propia de una traición republicana.
Como decía James Madison, “dado que las personas no son ángeles, es que tenemos gobiernos”, por eso diseñamos instituciones y tenemos que diseñar mejores instituciones. No podemos seguir creyendo que los frenos morales van a frenar a nadie a hacer nada. Ni a jueces ni a políticos. La historia no juzga. Ni los juzgados juzgan.
La encrucijada vital es rechazar la delegación legislativa por ser una catástrofe política en el corto plazo. Sin embargo, el desafío de fondo es construir instituciones de largo plazo, dialogar con la sociedad enojada, con las mayorías fragmentadas, edificar una salida democrática, un programa de gobierno que los partidos políticos hoy en estado zombie no tienen. En caso contrario, se impulsará el colapso que inaugurará el funeral de la Nación Argentina.
Lucas Arrimada da clases de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.
